El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dictar un auto «modélico»: la suspensión cautelar de la decisión del Ayuntamiento de Huelva de denegar a ENDESA licencia de obras para la construcción de su central de ciclo combinado en la Punta del Sebo. Hasta aquí todo perfecto: pronunciarse sobre este asunto era, tras el […]
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dictar un auto «modélico»: la suspensión cautelar de la decisión del Ayuntamiento de Huelva de denegar a ENDESA licencia de obras para la construcción de su central de ciclo combinado en la Punta del Sebo. Hasta aquí todo perfecto: pronunciarse sobre este asunto era, tras el contencioso planteado por ENDESA, competencia del TSJA, y su sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido en esta ocasión con diligencia. Otra cosa son las razones esgrimidas por los jueces para tomar su decisión: la construcción de la central se considera de interés general ante el déficit de generación eléctrica de la zona y las posibilidades de fallos en el suministro.
Bueno, es una interpretación legítima; sesgada y desafortunada, pero legítima. Porque también podía haber tenido en cuenta el TSJA que los ciudadanos de Huelva estamos ya de porquería hasta el cuello y que el verdadero interés general reside en impedir la construcción de nuevas industrias contaminantes junto a la ciudad y en ir reubicando las existentes más lejos de ésta. El derecho a la salud debería prevalecer ante el supuesto teórico de posibles cortes en el suministro eléctrico. Cortes que, y por cierto esto tampoco lo ha debido tener en cuenta el TSJA, son el producto, más que de un déficit en la generación de energía, de una falta de inversión del lobby conformado por el oligopolio eléctrico en la renovación de las infraestructuras para la distribución de la energía. Pero en fin, los jueces también son humanos y un mal día lo tiene cualquiera.
Pero ¿y el poder ejecutivo? ¿Cuál es su papel en este enrevesado asunto de la producción energética? Pues su papel hasta ahora no puede ser más patético. Como muestra, ha declarado la Ministra Narbona que, ante la preocupante situación ambiental de Sevilla como consecuencia de la contaminación atmosférica, el Gobierno Central va a ser muy estricto en el control y vigilancia del ciclo combinado que se pretende instalar en la Punta del Verde, muy cerca de la ciudad. ¡Pero bueno, esto ya es un insulto a la inteligencia! Si la contaminación atmosférica es preocupante en Sevilla, ¡no hay controles ni vigilancias que valgan! Lo que habría que hacer es simple y llanamente impedir que la central se ubicase en ese lugar. Porque ese argumento, utilizado torpe o maliciosamente, según los casos, por determinados políticos, empresarios de la cosa energética y algún que otro bien pagado «experto» ambientalista, de que el ciclo combinado utiliza una fuente energética limpia es, cuando no resulta de un desconocimiento absoluto sobre el asunto, una mentira descomunal, una inmoralidad, una desvergüenza… ¿Estamos dispuestos a cambiar una tarde de agosto sin aire acondicionado, ante una eventual interrupción en el suministro, por un proceso asmático o un cáncer de pulmón? ¿No es esto «tabaco» para todos, cuando las autoridades sanitarias nos advierten que fumar puede matarnos, reducir la calidad de nuestro esperma o acarrearnos un carcinoma mamario?
Olvidémonos por un momento del cambio climático. Supongamos, lo cual es mucho suponer, que la proliferación de centrales de ciclo combinado no va tener incidencia negativa alguna sobre uno de los mayores problemas ambientales globales a los que nos enfrentamos en la actualidad. Y valoremos solamente el impacto que la generación de óxidos de nitrógeno, y de su derivado el ozono troposférico, en los ciclos combinados tiene sobre la salud de los ciudadanos. ¿Por qué el Gobierno Andaluz no planifica la ubicación de los ciclos combinados en el territorio para minimizar esos impactos sanitarios? ¿Por qué se han hecho mapas eólicos provinciales -que era necesario hacer- en los que se determinan lugares donde no se pueden ubicar parques eólicos y no se hace lo mismo para los ciclos combinados? ¿No supone esto, entre otros aspectos, poner en desventaja a las energías limpias y de carácter endógeno frente a unas energías contaminantes que tenemos que importar? ¿No significa que el Gobierno Andaluz y su Presidente, como Pilatos, se lavan las manos para dejar que prevalezcan los intereses privados de las eléctricas frente al interés general por el que deberían velar?
¿Y el legislativo? Ese legislativo que en Andalucía está en coma profundo ante la mayoría absoluta que el PSOE ha venido ostentando, con muletas o sin ellas, prácticamente desde el principio de la Autonomía. Y ello a pesar de las buenas maneras que apunta María del Mar Moreno, la nueva Presidenta del Parlamento andaluz. ¿Por qué no se elabora una Ley que obligue a las eléctricas a ubicar las centrales de ciclo combinado donde menos impacto negativo ocasionen sobre los intereses generales? ¿Por qué casi el único criterio tiene que ser la reducción de costes para las eléctricas mediante la ubicación de sus centrales en las proximidades de los gaseoductos que les suministran el gas natural y en lugares con agua «abundante» y fácilmente accesible?
Demasiadas preguntas y ninguna respuesta efectiva por parte de los responsables de darlas. Respuestas que, para ser válidas, deberían basarse en los hechos y no sólo en palabras que acaba llevándose el viento; porque «obras son amores…»
A mí, torpemente, se me ocurre que, ante la falta de unión de los ciudadanos para exigir nuestros derechos con fuerza, a todos estos poderes les resulta mucho más fácil, prefiero pensar que por comodidad y desidia más que por malicia, el acto reflejo de plegarse a los intereses del poderoso y muy exigente mercado que todo lo inunda en el marco del neoliberalismo salvaje. Así la Consejera Coves no quiere más impuestos ecológicos sobre las «pobres» industrias que ya bastante «machacadas» están con las exigencias que les impone la Directiva europea de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC). Una Directiva que hará que sus beneficios sean un poco menos multimillonarios. Como contrapartida se compromete a trabajar para valorar si otro tipo de recursos «que son motivo de consumo» podrían ser gravados. Ya ven, más impuestos sobre el consumo, es decir sobre todos los ciudadanos que los pagaremos independientemente de nuestro nivel de renta. Una política fiscal nada inocente que puede suponer un nuevo trasvase de rentas desde nuestros devaluados bolsillos hacia las cajas fuertes y paraísos fiscales donde acumulan riqueza, su riqueza, las grades empresas multinacionales.
En fin, todo un disparate. Un disparate por el que todos los ciudadanos les pagamos un sueldo, por cierto muchas veces por encima del salario mínimo interprofesional, a todos estos señores.
Un disparate que sólo podrá ser parado cuando todos los ciudadanos, al unísono, nos decidamos a «inundar», de forma pacífica pero contundente en cuanto a las exigencias, las sedes de los diferentes poderes del Estado, hasta hacer ver a los que los ostentan de forma tan lamentable que sus poderes son unos poderes delegados que, en realidad, deberían residenciarse en el pueblo y no en los consejos de administración y de accionistas de los poderes económicos.
Pero por suerte para estos poderes económicos el pueblo está contagiado del «yo a lo mío» propagado por el virus del «divide y vencerás» y adormecido por las pestilencias de granjas televisivas, los insultos mediatizados de grandes hermanos y el tedio insoportable que ocasiona el tremendo empacho que sufrimos de «deporte» rey. Así que ¡a ser felices! ¡aire acondicionado y tabaco para todos!