La política económica del gobierno del Ayuntamiento de Madrid en los dos últimos años ha sido un ejemplo de alternativa a las políticas austericidas: con cada nuevo presupuesto se reducían los impuestos y precios públicos de manera progresiva, aumentaban la inversión y el gasto social, se reducía la deuda y se obtenía superávit. La aprobación […]
La política económica del gobierno del Ayuntamiento de Madrid en los dos últimos años ha sido un ejemplo de alternativa a las políticas austericidas: con cada nuevo presupuesto se reducían los impuestos y precios públicos de manera progresiva, aumentaban la inversión y el gasto social, se reducía la deuda y se obtenía superávit.
La aprobación el pasado 18 de diciembre de la Reformulación del Plan Económico Financiero 2017-2018 (PEF) exigido por el Ministerio de Hacienda representó un giro de 180 grados en la política del gobierno municipal, que pasa de la expansión del gasto a los recortes. El PEF implica que en 2018 se recortarán los gastos no financieros por valor de 537 millones respecto a 2017, lo que supone una reducción del 12,4% con respecto a 2017.
El resultado supondrá que, en vez de partir con un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos, ya de inicio existirá un superávit de 638 millones de euros. Frente a los 58 destinados en 2017 a la amortización anticipada de la deuda bancaria, el PEF prevé amortizar 675 millones de euros en 2018. Esto revela que el auténtico objetivo del PEF exigido por el Ministerio es bloquear la acción política de un gobierno que pone en evidencia que hay alternativa política y económica a la derecha. Y, por el camino, aumentar la amortización de la deuda de forma anticipada que reciben los bancos a costa de reducir los servicios a la ciudadanía.
Impacto en el Distrito de Vicálvaro
El Proyecto de Presupuestos de 2018 elaborado el pasado verano incrementaba un 7,5 % el presupuesto de la Junta Municipal de Vicálvaro (JMV) tomando como base el de 2017. De acuerdo a la política expansiva, los contratos realizados y en tramitación incorporan mejoras en los servicios públicos que han sido muy solicitadas. Aumentará la calidad de la oferta cultural y de las fiestas populares, se reforzarán los programas de atención a la emergencia habitacional, se implantarán servicios para la conciliación, la atención a la infancia y la juventud, mejorará el mantenimiento, la limpieza y el horario de atención al público en edificios municipales, etc.
La aplicación del PEF podría llegar a suponer un recorte del 11,7 % respecto a las previsiones del Plan de Gobierno. La política restrictiva implicaría recortar 2,6 millones de euros del presupuesto previsto en 2018 y, para conseguirlo, o bien habría que cancelar servicios contratados o en tramitación, pagando indemnizaciones a las empresas contratistas, o bien habría que concentrar los recortes en la ejecución de obras, las ayudas y los servicios contratados a partir de la segunda mitad de 2018.
Con esta segunda opción, la menos lesiva, se produciría la cancelación de programas para menores y jóvenes, actividades con perspectiva de género y propuestas solicitadas por el Foro Local o votadas en Presupuestos Participativos -como la remodelación de patios de colegios participada con las AMPAs-y se deteriorarían los servicios para mayores.
Más allá de la actividad de la Junta, la aceptación del PEF implica que todas las grandes inversiones del Plan de Gobierno en el distrito estarían comprometidas por falta de presupuesto: las nuevas fases de la ampliación y reforma del Polideportivo Vicálvaro, la remodelación de los parques de Valdebernardo, el centro para la infancia y la juventud en Valderrivas, la escuela infantil en El Cañaveral, la base de Bomberos y Samur en el polígono industrial, el centro de día y de alzheimer en la C/ Arroyo del Hoyo, etc.
El recorte del gasto afectaría también a la política de descentralización, ya que las Juntas de Distrito no podrán ofrecer mayores y mejores servicios que en la actualidad si la dotación económica global para prestarlos desciende en toda la ciudad.
El mejor PEF es el que no existe
Quien cumple los límites legales, la llamada regla de gasto, no está obligado por la Ley a hacer un PEF para el año siguiente. Esta ha sido la postura mantenida por el Ayuntamiento de Madrid hasta el giro político y sigue siendo la mejor opción para defender el programa de Ahora Madrid. No es legalmente necesario hacer un PEF, ni ajustarse a él, y si el Ministerio discrepa tendrían que determinar los tribunales quién tiene razón.
Resulta absurdo que un Ayuntamiento solvente se imponga medidas fuertemente restrictivas y se pliegue a las exigencias políticas de un Ministerio que utiliza una interpretación arbitraria y cambiante de la Ley para acosar y derribar el programa del gobierno municipal. El PEF avanza un escenario muy oscuro en 2018, pero también se puede incumplir, recuperando la política expansiva en los presupuestos. Deberían ser las bases de Ahora Madrid quienes se pronunciaran sobre un giro tan importante en la política municipal, que compromete buena parte del Plan de Gobierno. Las decisiones que se adoptarán en los próximos meses afectarán a todos los barrios de Madrid, por eso el debate sobre las consecuencias del PEF y la posibilidad de su incumplimiento debe trasladarse a la calle, para que vecinos y vecinas de Madrid puedan respaldar o corregir la política del gobierno municipal, sin que nadie anteponga a sus espaldas los intereses de la banca frente a sus necesidades sociales.
Carlos Sánchez Mato, concejal Presidente de la Junta Municipal de Vicálvaro. Guillermo Martinez y Jesús María Pérez, asesores en la JMV.
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