En los últimos meses, hemos vivido diferentes episodios de protestas, en enseñanzas media y superior, con episodios como la última huelga general de estudiantes del 17 de Noviembre, en rechazo a la subida de tasas, el recorte de titulaciones y el aumento de la injerencia de agentes privados en materia de gobernanza de Universidades, previstos […]
En los últimos meses, hemos vivido diferentes episodios de protestas, en enseñanzas media y superior, con episodios como la última huelga general de estudiantes del 17 de Noviembre, en rechazo a la subida de tasas, el recorte de titulaciones y el aumento de la injerencia de agentes privados en materia de gobernanza de Universidades, previstos en la Estrategia 2015, y avaladas por sucesivas reformas de las leyes autonómicas de financiación, como Ley Andaluza de Universidades.
Ésta, otorgaba ya, en su versión anterior, más financiación estatal a aquellas universidades que buscasen fuentes de financiación adicionales, ajenas al propio Estado -empresas privadas-, sentando así las bases para una Universidad de dos velocidades. Ahora, con la nueva reforma de la LAU, aprobada el 24 de Noviembre, se otorgarán nuevas competencias a los consejos sociales, en los que cuentan con representación grupos políticos y empresariales, restando poder al alumnado y a los académicos. Así, «el texto resta además algunos derechos fundamentales de los estudiantes, como es el reconocimiento del derecho a paro académico» (Marina Agraz / Pablo G. de Castro, NOTON, 23/11/11). Días antes, varias Asambleas de Alumnos de Universidad ratificaban la convocatoria de huelga del 17-N, a lo que han seguido manifestaciones, convocatorias de encierros y acampadas como la tenida lugar en las puertas del Parlamento de Andalucía, con motivo de la aprobación de la reforma.
Este episodio, se suma a las varias semanas de movilizaciones por parte del colectivo de trabajadores de enseñanzas medias, en varias Comunidades Autónomas, regidas por gobiernos neo-conservadores, como las de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Valenciano, Galicia, Aragón y Cataluña, que están comenzando a sufrir varias medidas de recortes en enseñanza pública por parte de las administraciones regionales. Estos recortes, se suman a políticas extras de subvención a escuelas privadas. Así, según artículo del diario Público: «El Gobierno de Esperanza Aguirre implantó por primera vez en 2010 una deducción fiscal para los gastos de escolaridad de aquellas familias que lleven sus hijos a la escuela privada», que, «ha dejado de ingresar 60 millones de euros un año antes de hacer unos polémicos recortes, que han supuesto un ahorro de 80 millones a cambio de prescindir de miles de profesores interinos» («La Verdad del Debate»; Madrid, 9 de Nov. de 2011, pág. 5).
Varios eran los testimonios que podían oírse el día de la manifestación estatal de enseñanzas medias, convocada por la «Marea Verde», así como por los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT-, sectoriales -CSIF, STEM, STECyL, etc.- y alternativos -CGT, CNT, etc.-. Testimonios como de profesores de 1ªria. y 2ªria. en protesta por 11 compañeros despedidos, en un colegio de Castilla-La Mancha: «Nos han recortado personal. Se trabaja peor. La calidad de la enseñanza empeora y los profesores tienen que impartir materias que no son de su especialidad.» O el testimonio de una trabajadora de la enseñanza, diputada al parlamento madrileño, durante varios años, por IU, que denunciaba que «3000 profesores han sido despedidos en toda la Comunidad, para ahorrar costes en lo público y poder seguir financiando escuelas privadas. En consecuencia, hay menos tutorías, además de menos bibliotecas.» Otro profesor de Castilla y León criticaba: «A raíz de los recortes, hay menos cursos especiales de apoyo, en secundaria, los profesores tienen que echar más horas y como consecuencia, se curran menos las clases, al tener que repetir la misma materia varias veces.» De fondo, se podían escuchar consignas del tipo de: «Espe, Espe, Espe, especulación» ó «Aguirre, pirata, lo público arrebata». A su vez, un mar de banderas de sindicatos, CCOO, UGT, STECyL y STEC-M, CSIF, CGT, CNT, etc., se perdían por el horizonte. La manifestación era multitudinaria; poco después de partir la cola, la cabecera ya había llegado a su destino, teniendo que disolverse varias veces para dejar espacio a quienes venían detrás. Nuevos manifestantes iban llegando, procedentes de todas las comunidades autónomas (las dos Castillas, Andalucía, País Valenciano, Aragón, La Rioja, Galicia, Cataluña, País Vasco…), engrosando aún más el volumen de la convocatoria.
Otros testimonios, cuestionan el papel de la burocracia sindical: «En Madrid, una Asamblea de profesores entera estaba pidiendo a los sindicatos CCOO y UGT que gestionasen una huelga general de enseñanza de 48 h., pero estos se negaban, diciendo que 24 h. ¿Qué poca vergüenza es esa, cuando son los trabajadores de la asamblea los que han decidido, y sólo están pidiendo a los dirigentes sindicales que gestionen algo que se ha votado asambleariamente?».
Finalmente, hablamos con dos profesores de F.P. del I.E.S. Alarnes, Getafe: «no hay previstas horas de reunión para tratar temas didácticos entre el personal docente, ni hay posibilidad de desdobles [división de un mismo curso por grupos, en prácticas]. También hay falta de personal para aulas de enlace, destinadas a aquellos alumnos que no conocen bien el idioma; alumnos, sin contar los hispanohablantes [Perú, Colombia…], claro está, de nacionalidades tan variadas como Marruecos, Bulgaria, Mali, Afganistán, Polonia, Ukrania, rumanos, chinos, jamaicanos… Son gente muy diversa, y para poder educarlos son necesarias aulas de castellanización. Luego está el problema de las tutorías: ya no son lectivas, los profesores de tutorías tienen que cubrirlas fuera de horario. A su vez, al personal auxiliar, los mandan «con cuentagotas»: hablamos de personal de programas internacionales, que a su vez requieren de traducción. No califican, pero son autóctonos y tienen capacidad de impartir conversaciones nativas. En cuanto a los cursos de F.P.: automoción, mecanizado, chapado, delineación, gestión administrativa, obra civil, mantenimiento de vehículos, etc.; en ellos, cada profesor se reparte 21 h., y no 20 h., como es estipulado. Las prácticas, como dije, no se desdoblan. Antes, con 30 ó 31 alumnos para una misma clase de prácticas, había que desdoblar. Esto ya no se hace. Ahora tenemos 1 profesor para 30 alumnos y 30 máquinas. Si además, hay exceso de alumnos, tenemos, en varios casos, a 2 y hasta 3 alumnos por máquina, esto conlleva un problema de aprendizaje, y un mayor riesgo de accidentes. Por ej.: el otro día, se cortó un chaval con la fresadora-delineadora; como no había nadie de guardia, puesto que van a 21 h., tuvo que atenderle el jefe de estudios.»
Nos encontramos, en definitiva, ante un transvase de dinero público, mediante recortes, que se deriva en concepto de desgravaciones fiscales, a las escuelas privadas. Esto se enmarca en el actual contexto de desmantelamiento de los servicios públicos, a fin de liberar gasto estatal que luego es destinado a la financiación de entidades privadas (bancos, empresas, etc.), con el consecuente proceso de deterioro y precarización de tales servicios. Es un proceso que, lejos de limitarse a la enseñanza, está generalizándose, tal y como hemos podido ver, en los últimos meses, a otros terrenos, tales como la sanidad, las cartillas médicas a desempleados, las pensiones, la administración pública [reducción de oposiciones y aumento de subcontratación y libre designación], los sueldos de funcionarios, la legislación laboral, los convenios colectivos, la edad de jubilación, etc.
Mientras, en la enseñanza universitaria, el Plan Bolonia sigue su curso. Tras las anteriores LOU y Real Decreto 1393/2007, ahora le toca el turno a la Estrategia 2015. Estos, se traducen en una paulatina rebaja de la calidad del nivel educativo, que se concreta en el recorte gradual de contenidos y titulaciones, en función de criterios mercantiles, como la rentabilidad y máxima obtención de beneficios de cara a la empresa.
De esta manera, la Universidad, que tradicionalmente representaba un espacio dedicado a la transmisión y acumulación de conocimiento, y que era independiente a la injerencia directa del mundo de la empresa privada, comienza a verse cada vez más adaptada a la lógica del negocio empresarial, que sólo busca la compra-venta de mercancías, extrapolando así esta lógica a la venta del conocimiento. De esta forma, se supedita la enseñanza a la máxima obtención de beneficios por parte de unos pocos, mediante la precarización del «servicio», la subida de tasas, el recorte y mercantilización de contenidos, y la privación de un derecho, convertido así, en poco menos que un privativo negocio.
Roberto Mérida. Socialismo Revolucionario, Sevilla. Artículo publicado en Boletín de Socialismo Revolucionario. Nº de Diciembre, 2011.