Los desahucios se han ido diluyendo en la agenda mediática, mientras la organización de desalojos liderada por Daniel Esteve ha pasado a ser “el sujeto que aparece como poder ciudadano” en la cobertura televisiva
La imagen de hombres musculados, tatuados, con papeles en la mano y comunicándose de forma intimidante con una persona a través de un telefonillo, ha ido sustituyendo a las de familias empaquetando su casa la última noche en su domicilio antes de ser desahuciados a la mañana siguiente.
Hubo una época en la que los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) eran entrevistados constantemente para contar y actualizar la situación en la que se encontraban personas que estaban a punto de perder su vivienda. Hace más de una década de aquello. Estas coberturas se han ido diluyendo y desapareciendo, mientras los reportajes sobre ocupas han ido ganado presencia en la agenda mediática. Algunos programas de televisión, especialmente, los matinales, han destinado centenares de minutos a entrevistar a portavoces de empresas de desocupación y a retransmitir sus actuaciones.
“Se hace una cobertura centrada en generar pánico moral”, apunta la periodista Lourdes García Molina, que ha analizado la presencia de la ocupación en los magacines de TVE y Telecinco. Enfocadas como noticias de sucesos, un reportero que cubre estos asuntos reconoce que los reportajes sobre ocupas “han pasado a ser muy recurrentes” en las escaletas de estos programas cuando no tienen “otra cosa” que contar.
Antes de que irrumpiese la pandemia, y tras un pico en las estadísticas de condenas por usurpación, en estos programas ya no se sacaba a “la PAH en las imágenes de recurso”, sino que se utilizaban “imágenes de ocupación”, explica Víctor Palomo, abogado y portavoz del Sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid. Sitúa el punto de inflexión en 2019. En ese momento, “el sujeto que aparece como poder ciudadano” deja de ser la organización antidesahucios y, apunta, “pasa a ser Desokupa”.
Aunque en los últimos años el número de compañías que se dedican al desalojo y a la desocupación han ido aumentando –solo hace falta realizar una búsqueda en Google para comprobarlo–, Desokupa es la que tiene mayor presencia ya no solo en los programas de televisión, también en las redes sociales. Al frente de esta compañía, que se constituyó en 2016, está el polémico Daniel Esteve. El más mediático de los miembros de estas brigadas de desocupación se ha dedicado durante años a difundir bulos y mensajes racistas en redes sociales, aparte de publicar datos personales, amenazar e intimidar a personas, como publicó elDiario.es.
Unidas Podemos ya ha anunciado medidas para limitar el trabajo de estas compañías. El grupo confederal ha registrado en el Congreso una proposición de ley para perseguir a estas empresas mediante una reforma del Código Penal. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró que quieren impedir que las organizaciones desokupas “movidas por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”.
38.269 desahucios en 2022
Alejados ya del foco informativo, los desahucios continúan suponiendo una incertidumbre diaria para miles de familias. En 2022 se registraron 38.269 lanzamientos, tal y como registran las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2021 se denunciaron ante la Policía, la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos un total de 16.726 ocupaciones ilegales de inmuebles.
Con un discurso sobre la vivienda orientado en torno a la ocupación y, azuzando un alarmismo apoyado por algunos programas de televisión, la derecha política ha hecho bandera de este asunto en su búsqueda de nuevos votantes. Para Vox los mensajes antiocupación son muy recurrentes en su agenda política. En la campaña electoral de 2021 en la Comunidad de Madrid, la líder de Vox Madrid, Rocío Monasterio, llegó a asegurar que los políticos son “cómplices” de que se puedan ocupar viviendas aprovechando esos minutos en los que los propietarios salen a hacer la compra al supermercado.
En Madrid, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha un teléfono ‘antiokupas’ para hacer frente a este “fenómeno” que provoca –según explicó la Comunidad en su página web– “una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Los gobiernos de Murcia y Galicia tomaron la misma medida.
Críticas a la Ley de Vivienda
La Ley de Vivienda también ha sido objeto de críticas. PP, Vox y Ciudadanos cargaron contra el Gobierno de Pedro Sánchez y aseguraron que el Ejecutivo de coalición defiende a los ocupas y les pone una alfombra roja, a pesar de que la norma se limita a incluir un procedimiento de mediación en casos de desalojo de viviendas habituales de ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y solo en inmuebles de grandes tenedores.
“Sánchez es una oportunidad fantástica para los ‘okupas”, afirmó el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper. La derecha ha optado por seguir ese camino en los debates que se produjeron en el Congreso y el Senado para sacar adelante la primera norma de la democracia que reconoce el derecho a la vivienda y que aspira a regular las subidas de precios en las zonas donde los alquileres están disparados.
Con este discurso, la derecha “encuentra un hilo argumentativo” alrededor del que vertebrar su relato sobre la vivienda, reseña Palomo. Apunta, además, que PP, Vox y Ciudadanos estuvieron “huérfanos” en este debate hasta que no abrieron esta brecha porque congregaba “un gran apoyo” el argumento de que la vivienda tiene “una función social”. De esta forma, la administraciones tienen que “invertir menos en vivienda pública y proteger más la propiedad privada”. Por ejemplo, en lugar de fomentar las oficinas municipales antidesahucios, se apuesta por oficinas o teléfonos ‘antiokupas’.
El abogado e investigador Manuel Gabarre considera que la irrupción de la ocupación como centro del debate mediático y político se produjo después de que Manuela Carmena y Ada Colau se hiciesen con las alcaldías, respectivamente, de Madrid y Barcelona. “El sector financiero vio que estaba perdiendo el discurso en el asunto de la vivienda y que eso había impactado en las principales alcaldías de España”, expone el letrado, que está realizando un doctorado sobre el derecho a la vivienda.
Aunque las elecciones municipales de 2015 no se celebraron durante los momentos de mayor actividad y seguimiento de la PAH, su resultado sí que demostró el impulso y la simpatía social que había acumulado esta organización. Colau, su portavoz más mediática, se hizo con la alcaldía de Barcelona con una formación de nueva creación.
La PAH marcó el relato tras la crisis de 2008
Al grito de ‘Sí se puede’, activistas con monos verdes con las siglas de la PAH y lemas que abogaban por el derecho de la vivienda, la plataforma antidesahucios comenzó a ganar presencia social y mediática a partir de 2009. “Fueron los que actuaron primero en la crisis del 2008 y marcaron el relato en los temas de vivienda. Lograron convertirse en el significante de la lucha de los de abajo”, apunta Palomo.
El “caldo de cultivo” en la época más activa de la PAH coincidió con uno de los peores picos que se vivió en nuestro país tras la crisis de la deuda que explotó en 2008. Durante aquella época, se alcanzó una tasa superior al 20% de paro, mientras se mantenían altos niveles de endeudamiento familiar, recuerda Gabarre. Por su labor al frente del movimiento antidesahucios, el Parlamento Europeo concedió a esta organización el Premio Ciudadano Europeo 2013. Esta decisión no fue bien acogida por el Partido Popular, que exigió su retirada al considerar a la PAH una “organización violenta”.
Gráfico: así han evolucionado los desahucios en nueve años
“En aquel momento España estaba viviendo un drama”, recuerda Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid de la PAH. Lamenta, asimismo, que en ese momento el sistema financiero optase por “poner la alfombra roja a los fondos”, en lugar de “transformar el sistema de vivienda”. Miles de familias se quedaban diariamente en la calle. El desahucio no conllevaba únicamente la pérdida de su casa, los afectados arrastraban también la deuda hipotecaria. En 2012, los jueces de primera instancia contabilizaron 101.034 solicitudes de lanzamiento, de esa cifra, se ejecutaron 46.408.
La labor de los activistas de la PAH saltó de la prensa nacional a la internacional. Fue en febrero de 2013 cuando Colau compareció por primera vez en una comisión del Congreso de los Diputados. Allí llamó “criminal” al vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero. Con este mensaje, que terminó disparando su popularidad, reprochó al portavoz de la banca su defensa del sistema hipotecario español.
La organización antidesahucios no solo articuló su actividad en la calle, también llevó a cabo medidas políticas que obtuvieron respaldo social. Casi un millón y medio de personas apoyaron en 2013 la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la posibilidad del alquiler social. Durante aquellos años, que coincidieron con el 15M, esta plataforma supo “representar” el “cabreo ciudadano” –indica Palomo– que se extendía por el país y logró poner el problema en la agenda mediática y política.
Más de medio millón de desahucios en la última década
Desde 2013 se han ejecutado en nuestro país más de medio millón de desahucios, Familias que han visto “cercenado su futuro” –apunta Barrio– a la vez que arrastraban una “deuda de por vida”. “Toda esa gente no ha desaparecido y no se ha hecho nada por ellos”, explica la portavoz de la Coordinadora de Vivienda. “Un sector de esos afectados ha hecho lo que ha podido. Ha tenido que ocupar porque había viviendas vacías y gente sin casa”, añade. Y culpa directamente a las administraciones por no abordar este asunto con “una transformación de las estructuras” ni con un enfoque de Derechos Humanos.
Con todo, Barrio sostiene que el relato de las empresas como la de Esteve busca “romper con el binomio ocupación-vulnerabilidad”. Defiende, además, que los propietarios que “contratan” a este tipo de compañías “son víctimas de un sistema que no es justo”. En esa misma línea, Palomo subraya que la palabra desahucio ha ido perdiendo simpatía social. Lo constata diariamente en los perfiles que tiene el Sindicato de Inquilinos en redes sociales. Se encuentran con muchas críticas en Twitter cuando publican casos de subidas abusivas realizadas por fondos buitres. “Sin pararse a leer la historia, se ponen a decir que la vivienda se tiene que pagar, que para vivir gratis que se vayan y que son unos caraduras”, reseña.
El ‘boom’ de la ocupación en los medios y en la política ha llegado a crear diferentes categorías de ocupas. El término ‘inquiocupa’ se ha extendido en el relato. Hay decenas de titulares explicando que con esta palabra las empresas desokupas hacen referencia a aquellos inquilinos que entraron legalmente en una vivienda, han dejado de pagar el alquiler y continúan viviendo allí.
En estas coberturas “prima un enfoque de suceso criminal”, ligado a perspectivas centradas en el “conflicto”, el “interés humano” y la “moralidad”. Aún así, no se aprovechan estas informaciones “para abrir un debate que aborde las dificultades de acceso a la vivienda en España como un problema social de carácter estructural” o para analizar las dificultades de muchas familias para hacer frente a unos alquileres que se dispararon más de un 11% en 20 ciudades españolas entre 2015 y 2021. Estas son las conclusiones de Lourdes García tras analizar dos decenas de programas matinales emitidos por TVE y Telecinco en los meses de junio, julio y agosto de 2020. Su trabajo se ha publicado en la revista Dígitos, editada por un departamento de Comunicación de la Universidad de Valencia.
Esteve vs. Colau
“Es muy probable que te pase a ti”. Este es el mensaje que se desprende en los reportajes analizados en esta investigación –apunta García–, “aunque los datos lo desacrediten”. La estadística reflejó una tendencia al alza en este tipo de delitos en 2017, con 6.757 condenas por usurpación, un 260% más que en 2013, en plena crisis, cuando hubo 1.669. En los últimos años esta cifra se ha reducido, registrando 4.302 condenas en 2021. Por su parte, en ese mismo año se contabilizaron 230 sentencias que acreditaron un delito de allanamiento de morada, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los programas de televisión analizados por García, no se dio en ningún momento voz a miembros de la PAH o del Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, sí que se contó con el relato de las empresas de desocupación y, de hecho, se les identificó como “actores que resuelven de manera efectiva estas situaciones”. El líder de Desokupa ha aprovechado esta ola mediática para movilizarse en la última campaña electoral y cargar contra la figura que durante años representó la lucha por el derecho a la vivienda: Ada Colau.
Gráficos: Carmen Martínez