Una nota de urgencia sobre un asunto al que habrá que volver dada su importancia y la hipoteca que significa para futuras actuaciones gubernamentales en políticas públicas. Por lo demás, que un gobierno moribundo, casi en funciones, con elecciones a tres meses vista, se atreva a toda prisa con este disparate político-institucional, apoyado sin reservas, […]
Una nota de urgencia sobre un asunto al que habrá que volver dada su importancia y la hipoteca que significa para futuras actuaciones gubernamentales en políticas públicas. Por lo demás, que un gobierno moribundo, casi en funciones, con elecciones a tres meses vista, se atreva a toda prisa con este disparate político-institucional, apoyado sin reservas, claro está, por el partido neofranquista neoliberal es una muestra clara de la pérdida de rumbo y orientación de un partido que de ninguna de las maneras puede llamarse ni debemos llamar socialista, socialdemócrata o concepto afín.
Reformar la Constitución Española de 1978 para blindar el techo de gasto público a los sucesivos Gobierno es, a juicio del catedrático de Ciencia Política Ramón Cotarelo, que en general nunca se ha mostrado opuesto ni muy crítico a la tradición socialista española, «el fin del Estado del bienestar y de las políticas sociales».
Esta es una de las reacciones que ha desencadenado la propuesta de Rodríguez Zapatero, siguiendo, como alumno adelantado, los dictados de Merkel y Sarkozy: introducir en la Constitución un límite presupuestario para reducir el déficit y la deuda. Para Cotarelo, con razón sustantiva, esta medida es el «remate a un año de políticas neoliberales». Los gobiernos europeos, unos más y otros un poquito menos, «están obsesionados con el control de un déficit desbocado a través de recortes sociales». El nuestro, cada día más, se lleva la palma y los laureles. Ni que decir tiene que la medida maniata a todos los gobiernos posteriores.
La Constitución se reformó, es cierto, en 1992 para incluir el derecho de sufragio pasivo a los ciudadanos comunitarios. Cuando se ha hablado de ello en otras ocasiones, y para asuntos más justificados, el discurso y la respuesta ha sido unánime: mejor no tocar una pieza tan delicada; a la constitución no se la toca, ni de broma. Ahora sí, ahora no importa. La reforma constitucional, un cambio político de tal importancia, podría estar aprobada en apenas dos semanas. Basta el consenso del PP. El presidente del Congreso, José Bono, siempre tan diligente, ha avisado a PSOE y PP de que deben presentar esta misma semana su propuesta de reforma si quieren aprobarla esta legislatura. De no ser así, no habrá tiempo de hacerlo antes de que se disuelvan las Cortes. La modificación tendría que ser aprobada por lectura única y por el procedimiento de urgencia en torno al 9 o 10 de septiembre. Se requerirá la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebrará el 30 de agosto y el 1 de septiembre. La Constitución exige para una reforma así una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras (no afecta a los asuntos para los que se requiere una mayoría aún mayor, de dos tercios). Con el PP y el PSOE van sobrados. CiU ya se ha sumado, si bien el portavoz catalán, Homs, no Duran i Lleida, ha hablado de que con sus competencia no se juega. Ni en broma.
Las críticas no han dejado de formularse. Se ha hecho circular este llamamiento por grupos de indignados:
«Ante la propuesta del Sr. Rodríguez Zapatero de elevar a rango constitucional la limitación del déficit público y la aquiescencia de los grupos parlamentarios que hacen presagiar que esta amenaza se puede convertir en una realidad, queremos manifestar NUESTRA MÁS FIRME OPOSICIÓN A ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL que representa un nuevo intento de engaño a la sociedad y que no solamente frenaremos ahora, sino que revocaremos en el futuro en caso de ser aprobada, pues puede ser uno de los episodios más graves en nuestra historia reciente y en nuestro futuro próximo. Por todo ello queremos manifestar que:
1.- El déficit o superávit en los presupuestos es una necesidad o una virtud que no solamente debe depender de los deseos, sino también de circunstancias externas que escapan del control de un país. En las actuales circunstancias económicas y, teniendo en cuenta los niveles de paro y de precariedad laboral que han llevado a la ruina a millones de familias en España, limitar el déficit al 3% es un crimen económico que no podemos consentir en silencio.
2.- Elevar a rango constitucional la limitación del déficit público no solamente es un atentado contra la vida de los habitantes de nuestro país, lo es también contra futuras generaciones que quedarían condenadas a vivir en condiciones precarias sin poder realizar las inversiones públicas necesarias para recuperarse, máxime cuando los gobiernos que propusieron esta medida y los partidos que en España la apoyan entienden la disminución del déficit por el camino de la reducción del gasto y nunca por el aumento de impuestos a quienes más tienen ni por la lucha contra el fraude o los paraísos fiscales, traicionando así al pueblo.
3.- Un equilibrio presupuestario perpetuo no tiene ninguna razón económica y es pura ideología. No sólo puede ser malo, sino que puede tornarse en catastrófico. Puede ser procíclico, y en épocas de recesión esto es especialmente grave. Ponemos un ejemplo: Si en un momento determinado tenemos un shock externo (como el presente), necesitaríamos crear déficit para financiar las medidas del momento (mayor desempleo y, por ende, mayores subsidios), como ha ocurrido en esta crisis. Si la Constitución dice que no podemos generar este déficit, tendremos que adoptar medidas para reducirlo. Teniendo en cuenta que estamos en recesión, estas medidas la profundizarían. En vez de ser contracíclico, el presupuesto es procíclico, es decir, una aberración económica.
4.- En estados como los europeos, los mayores gastos del gobierno son las transferencias sociales (pensiones, desempleo), por lo que esto necesitará de sucesivos recortes de los mismos en épocas de crisis, lo cual resulta sangrante en un país como España, donde el gasto público es uno de los más bajos de toda la OCDE y los servicios sociales unos de los más precarios. Significa institucionalizar los recortes sociales, las puertas abiertas para el desmantelamiento masivo del estado de bienestar, y una locura económica, cuya única base es la ideología de desprecio a la ciudadanía y apoyo a los bancos, que es la que nos ha conducido a esta crisis.
5.- Creemos que es un golpe de Estado encubierto de los mercados, al que nuestro gobierno se somete de manera voluntaria. Por todo ello, queremos convocar a todas y a todos los que quieran defender el bienestar de las personas por encima de la posición ideológica que representa esta medida, alejada de cualquier relación con la ciencia económica, a participar en una ASAMBLEA TRANSVERSAL CON CARÁCTER DE URGENCIA este viernes, día 26, a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen, con el siguiente orden del día:
1.- Debate sobre la propuesta de reforma constitucional.
2.- Debate sobre nuestro posicionamiento teniendo en cuenta las propuestas que ya han surgido de referéndum y otras que pudieran surgir.
3.- Estrategia y acciones».
Por su parte, el profesor Vicenç Navarro [2] ha hecho un llamamiento a realizar un referéndum ciudadano para aprobar o desaprobar la medida. IU, Gaspar Llamazares en el Congreso, se manifestó el martes 23 de agosto en el mismo sentido.
«El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.
El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.
La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.
Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.
Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.
Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.
Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar».
PS. La guinda: durante los próximos dos años habrá barra libre de contratos temporales. Así lo contempla el borrador de real decreto de medidas laborales que el Gobierno aprobará el viernes 26 de agosto. En medio de la modificación de los contratos de formación y de la prórroga de los 400 euros, el texto incluye la suspensión temporal durante dos años del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores (que limita el tiempo durante el que se pueden encadenar contratos temporales). Desde la entrada en vigor de la norma no habrá ningún tipo de límite para que un mismo trabajador tenga varios contratos temporales, consecutivos o no, incluso aunque todos sean en una misma empresa. Hasta ahora, los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados con dos o más contratos durante más de 24 meses (seguidos o no) en la misma empresa para cubrir el mismo puesto de trabajo o uno diferente tenían que pasar a ser trabajadores fijos. Eso, otra cosa más, a la cuneta del pasado. El Estatuto de los Trabajadores señala también que la negociación colectiva vigilará «la utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese carácter». La medida afectará especialmente a los trabajadores que ya tengan o hayan tenido recientemente un contrato temporal: aunque ya lleven, por ejemplo, casi dos años con esta modalidad contractual, la empresa podrá seguir manteniéndoles como temporales, en lugar de hacerles indefinidos.
Nota:
[1] http://madrid.tomalaplaza.net/2011/08/23/el-grupo-de-trabajo-de-economia-sol-convoca-una-asamblea-con-caracter-de-urgencia-para-tratar-la-reforma-constitucional-anunciada-por-el-presidente-del-gobierno/
[2] Para más información: http://www.vnavarro.org/