La viuda del banquero Arturo Romaní, ex mano derecha de Mario Conde, o los antiguos propietarios de los detergentes Colón, entre los últimos nombres que han aflorado: más del 99% permanece oculto.
Un centenar de nombres. El 0,3% de los más de 31.000 declarantes que legalizaron dinero negro pagando a Hacienda, en ocasiones, menos del 3%. Es la mínima proporción de beneficiarios conocidos de la amnistía fiscal que el gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, lanzó en 2012, y que el Tribunal Constitucional anuló en 2017.
El último nombre que ha salido a la luz es el de un narcotraficante gallego, Ángel Toirán, condenado en firme por el Tribunal Supremo y que en noviembre de 2012, al poco de salir de prisión, regularizó 90.000 euros en efectivo con esa medida. Su nombre ha trascendido por una reciente condena por blanqueo de capitales en la que consta que presentó una declaración tributaria especial (DTE), el nombre técnico de la amnistía.
Con él se eleva a unos 100 el escaso recuento de beneficiarios que ha trascendido, con lo que más del 99% de los agraciados siguen bajo secreto. Los que se conocen han aflorado gracias básicamente a procedimientos judiciales e investigaciones periodísticas.
En 2017, tras la sentencia que declaró inconstitucional la amnistía, elDiario.es publicó una recopilación de 60 nombres. Entre ellos había personas vinculadas a la corrupción del PP como Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo o Edmundo Rodríguez, junto a varios miembros del clan Pujol o el sindicalista José Ángel Fernández Villa. También bastantes empresarios, pequeños y grandes.
Investigaciones periodísticas como la de Los Papeles de la Castellana o Los Papeles de Panamá destaparon la amnistía de varios miembros de la familia Borbón, grandes fortunas españolas como los Gallardo, dueños de los laboratorios Almirall y con importantes intereses en la sanidad privada (suya fue la mayor cantidad regularizada conocida hasta ahora, 113 millones) y los Escarrer, dueños de la hotelera Meliá. También la terrateniente Micaela Domecq, que se acogió a esa medida cuando su marido, Miguel Arias Cañete, se sentaba en el Consejo de Ministros que aprobó esa medida.
Posteriormente siguió un lento goteo de nombres que ha continuado hasta hoy. Uno de los últimos que ha salido a la luz es el de Aurelia Sancho, viuda del banquero Arturo Romaní, ex mano derecha de Mario Conde condenado como él en el caso Banesto.
Sancho, ya septuagenaria, fue condenada el pasado verano por la Audiencia Nacional a una multa de 2,8 millones por blanqueo, como avanzó El Periódico. Según la sentencia, regularizó 1,2 millones que ocultaba en cuentas y fundaciones de Liechtenstein y Suiza.
También este año ha aflorado la amnistía de un millonario semidesconocido, Juan Escoda, que canaliza importantes inversiones en ladrillo a través del family office Twin Peaks junto a su hermana, Mercedes Escoda, bien relacionada con la burguesía catalana. A Juan Escoda la inspección le cazó fingiendo su residencia fiscal fuera de España en 2013.
La sentencia que dictó en mayo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Barcelona es contundente: fingiendo su residencia en Andorra, trató de defraudar al Fisco al recibir en noviembre de 2013 una donación en vida de su abuela de más de 30 millones procedentes de Suiza, según la sentencia.
“Que la mayor parte de intereses económicos del actor radicaba para aquel año en España resulta acreditado en base a cifras apabullantes, que evidencian la titularidad de un patrimonio multimillonario” y “rendimientos que no encuentran el más mínimo parangón en Andorra, ni en Suiza”, dice el TSJ.
También este año diversos litigios ante la justicia han aflorado la amnistía de, entre otros, los dueños de Daymi Kapital, una inmobiliaria aparentemente inactiva (sus últimas cuentas presentadas son de 2008) que en 2022 apareció en la lista de morosos de Hacienda con más de 2,4 millones de deuda; o la DTE que (con varias cantidades que luego Hacienda se negó a regularizar) presentó un ex socio de auditoría de la consultora KPMG en Madrid.
Otro caso que ha salido a la luz es la DTE que presentó Armando Muñoz Utiel, un empresario que regularizó 1,84 millones y al que luego Hacienda cazó tras detectar que había regularizado una supuesta deuda con documentos falsos mediante operaciones con sociedades offshore y cuentas en Mónaco. Según publicó El Confidencial en 2019, siendo “un perfecto desconocido” Muñoz se quedó lo que quedaba de ZED tras la liquidación del entramado societario de los hermanos Pérez Dolset.
Detergentes Colón
El goteo de nombres en los últimos meses ha sido lento, pero constante. En junio de 2022, otra sentencia del TSJ barcelonés afloró la DTE presentada por varios miembros de la familia Camp, expropietarios del fabricante de jabones del mismo nombre en Granollers, el de los famosos detergentes Colón y Elena.
Los Camp dieron el pelotazo en 1989 al vender su empresa a la multinacional Reckitt Benckiser (que acaba de ponerla en venta) por 32.000 millones de pesetas (unos 192 millones de euros, sin contar la inflación) para luego dedicarse a negocios inmobiliarios.
Con viejas cuitas con Hacienda desde hace décadas (en 1995 el Fisco dictó el embargo de bienes del fundador, el fallecido Josep Camp Puigdomènech, por una deuda tributaria de 1.500 millones de pesetas), varios de los hermanos Camp han figurado también en las últimas listas de morosos del Fisco. En la de 2023, aparecía la herencia yacente de José Camp Puigdomènech con una deuda de 4,76 millones.
En 2021 la investigación Pandora Papers reveló la amnistía del entrenador de fútbol Pep Guardiola y en 2020 trascendió la de Albert Mitjá, ex alto cargo de Jordi Pujol. Un año antes, la de Juan Francisco García, ex presidente del CB Estudiantes y ex jefe de Gabinete del exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana.
Otros nombres conocidos son los de la Familia Franco (que regularizó 7,5 millones a través de una de sus sociedades, Montecopel, como reveló en 2018 Vozpópuli) o expolíticos locales como Arturo Sanz Millán, un exalcalde franquista de Majadahonda (Madrid) que luego fue alto cargo de José María Aznar y después fue condenado por una estafa a gran escala con la venta de gasolina; o José Manuel Méndez Freijo, ex alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) condenado por el Supremo por cohecho y prevaricación.
También trascendieron tras la sentencia del Constitucional las amnistías de pequeños empresarios como José Antonio Conde, aún hoy presidente de la patronal gallega de moda. O Salustiano Martínez Rey, propietario de la cadena de zapaterías Lola Rey, muy implantada en la Comunidad de Madrid. O los dueños de la riojana Cartonajes Santorromán, entre ellos, el actual presidente de la patronal de fabricantes de cartón ondulado, Leopoldo Santorromán.
La empresa de los Santorromán tiene la particularidad de incluir peculiares informes de gestión en sus cuentas anuales en los que arremete contra un gobierno de coalición “de ineptos” o una UE que tacha de “contubernio de estafadores”, entre otras salidas de tono.
El firmado el pasado febrero no defrauda: “Después de las subidas de impuestos, de la recaudación histórica por no deflactar, de la recuperación de los ingresos que se dio el año pasado, del aumento histórico de la deuda pública, de poner billetes en el mercado sin control, han aumentado los desequilibrios, siguen sin cuadrar las cuentas, y esa factura la van a pagar las empresas, los trabajadores en activo y nuestros hijos, que nos abandonarán para no pagar nuestras deudas y los errores cometidos por estos ineptos que nos gobiernan, y los mercenarios que los pregonan y arropan”. Es textual.
Entre los pequeños empresarios anónimos que se acogieron a la amnistía destaca la cantidad de médicos y dentistas cuyas DTE han aflorado. Entre ellos, la familia Codina Marcet, dentistas en Lleida que regularizaron 5,6 millones, o un doctor de Logroño, Javier Sarobe, que legalizó 2,6 millones. De su clínica la Agencia Tributaria destacó el “altísimo nivel de fraude” con el que operaba, según una sentencia de 2018.
Tras la amnistía, y después del shock de la pandemia, varios pequeños empresarios lograron que el Estado les avalara importantes préstamos, como hicieron los Franco, los Gallardo, los Escaller o la esposa de Cañete. Todos ellos, junto a otros como el aristócrata y terrateniente Juan de Borbón o los dueños de las Pipas Facundo recibieron cuantiosas subvenciones públicas tras presentar la DTE.
Entre los empresarios amnistiados que luego recurrieron a los préstamos ICO estuvo Juan José Guisado, fallecido en 2021 y muy relacionado con la comunidad andaluza en Catalunya. O los hermanos Ramió, vinculados a una cárnica catalana, Friselva, y que pese a ser muy poco conocidos están en el puesto 359 de mayores fortunas españolas, según el último ranking de ricos de El Mundo.
Otros nombres que han aflorado (y que también obtuvieron subvenciones tras ir a la amnistía) son los de Alejandro Massó, dueño del fabricante de los bañadores Turbo, o los hermanos Salgado, propietarios de un mayorista gallego de joyería, A. Salgado Nespereira, y del fabricante de cepillos La Ibérica.
A la medida se acogieron 31.484 particulares y empresas. Afloró 40.000 millones ocultos, pero apenas recaudó 1.200 millones. La sentencia que la declaró inconstitucional en 2017 no tuvo efectos prácticos para quienes regularizaron esos fondos.
Pedro Sánchez prometió antes de llegar a Moncloa publicar la lista de beneficiarios, pero lo descartó nada más ser investido en 2018, con el argumento de que no había soporte jurídico para hacerlo con carácter retroactivo. Después el Gobierno socialista aprobó una reforma legal para prohibir las amnistías por ley que muchos calificaron de brindis al sol.