El gobierno sanjuanino rechazó el plan de trabajo que presentó el presidente de la firma canadiense Barrick Gold para la mina Veladero, durante una reunión en la que, además, se analizó la situación del emprendimiento tras el último derrame, ocurrido el 28 de marzo. Ayer por la mañana, el juez de Jáchal Pablo Oritja subió […]
El gobierno sanjuanino rechazó el plan de trabajo que presentó el presidente de la firma canadiense Barrick Gold para la mina Veladero, durante una reunión en la que, además, se analizó la situación del emprendimiento tras el último derrame, ocurrido el 28 de marzo. Ayer por la mañana, el juez de Jáchal Pablo Oritja subió a la mina para realizar una inspección ocular. En tanto, uno de los abogados de los asambleístas criticó el carácter reservado de la negociación entre el gobierno y la minera, porque «niega la participación ciudadana».
Una semana atrás, y luego del tercer derrame de la minera en Veladero (el cuarto de los derrames de la empresa, si se cuenta el de Lama), el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, había reclamado la presencia de las autoridades de la empresa para «que nos garanticen que lo que pasó no se volverá a repetir».
El martes, la Barrick respondió al pedido, y al encuentro con las autoridades provinciales asistió el presidente de la empresa, Kevin Dushinisky, acompañado de Manuel Rocha, vicepresidente Senior, y Fernando Giannoni, director Ejecutivo para Argentina.
Del otro lado de la mesa estaban el gobernador Uñac junto al ministro de Minería, Alberto Hensel; el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Eduardo Machuca; el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni y el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi.
Según comunicó la secretaría de Comunicación Pública de San Juan, en la reunión «se analizó la situación del funcionamiento operacional de Veladero a raíz de los eventos de público conocimiento», y los directivos de la Barrick «expusieron un plan de trabajo en ese sentido, que luego de ser discutido por las autoridades provinciales fue desestimado».
Según pudo saber este diario, durante el encuentro no hubo acuerdo en los requerimientos que hizo el gobierno provincial a la empresa, que irían más allá de lo que la minera está dispuesta a realizar a corto plazo.
La fuente consultada aseguró que «la obligación de la mina es cambiar los caños rotos por donde baja, por la fuerza de la gravedad, el mineral rico (oro, plata, mercurio). Pero el gobierno estima que si esos caños que se han roto por una combinación de los años que llevan instalados más las inclemencias del tiempo, que con el paso del frío al calor produce el desgaste de los materiales, con más razón deberían ser reemplazados los caños que van con alta presión con la solución cianurada, además de colocar válvulas de seguridad. Todo esto demanda tiempo y establecer prioridades.No hubo acuerdo hasta ahora, pero hay planteada otra reunión en la que mediará el gobierno nacional», aseguró. Paralelamente, a ocho días del derrame, el juez Oritja, quien interviene en la causa por la denuncia del concejal de Jáchal Jorge Morales, recorrió 350 kilómetros y ascendió más allá de los 4000 metros de altura para realizar una inspección ocular en la mina que aún continúa suspendida.
En tanto, uno de los abogados de los asambleístas de Jáchal, Marcelo Arancibia, dijo a PáginaI12 que «el gobierno recibe a esta gente a escondidas, pero no tenemos posibilidad de conocer los términos de esas negociaciones». «Sería un aliciente para una sociedad que se siente abandonada, desconsiderada, como ciudadanos tener certeza de cuál es la posición frente a los CEOs de la Barrick. Las exigencias a la empresa deberían ser públicas. Pero el gobierno no tienen voluntad de ser transparente, y no permiten la participación ciudadana. Porque es a los jachalenses a quienes tienen que consultar si quieren una minería que contamina, no a la empresa», subrayó Arancibia.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/30123-debate-por-el-futuro-de-la-mina