Dos observaciones iniciales. La manifestación del próximo 10 de julio en Barcelona tiene por lema «Som una nació. Nosaltres decidim». La consigna, la vindicación, la cosmovisión de fondo, la posición política que se defiende parece una versión, básicamente coincidente, del derecho de autodeterminación clásico. Algunos de los sectores que hoy la hacen suya, se mofaban […]
Dos observaciones iniciales.
La manifestación del próximo 10 de julio en Barcelona tiene por lema «Som una nació. Nosaltres decidim». La consigna, la vindicación, la cosmovisión de fondo, la posición política que se defiende parece una versión, básicamente coincidente, del derecho de autodeterminación clásico. Algunos de los sectores que hoy la hacen suya, se mofaban abiertamente del planteamiento del PSUC y de otras organizaciones marxistas-comunistas cuando éstas tenían, incluso en este ámbito, cierta hegemonía político-cultural. Recordemos, por ejemplo, los debates ante el intento de incluir ese derecho en la Constitución de 1978. Se dirá: en aquellos tiempos era una simple quimera; ahora, en cambio, es una realidad alcanzable, que podemos ya tocar con los yemas de nuestros dedos. Tal vez. Sea como sea, los comunistas catalanes, y no sólo catalanes, han abonado ese jardín de emancipación popular y ciudadana insistiendo a un tiempo en su posición no independentista, favorecedora de una España o incluso de una Iberia federal republicana.
La segunda observación enlaza con esta última consideración. Gerardo Pisarello [2] ha argüido espléndidamente que la sentencia, sin ser la peor de las posibles, adolecía de dos vicios insalvables. Por una parte, resultaba insuficiente «para sanear la pérdida de legitimidad de un tribunal cuyo papel de árbitro en materia territorial se encuentra profundamente cuestionado». El segundo, el que aquí se quiera destacar, es que el propio tribunal «se ha visto forzado a hacerse eco del sentido común medio dominante en el PSOE y el PP». Para ello, prosigue Pisarello, «ha trazado sus líneas rojas en torno a las dos cuestiones respecto de las cuales el Estatut podría haber supuesto un cierto avance: la consolidación de una mayor cultura federal y un genuino reconocimiento del pluralismo nacional». Las limitaciones impuestas por el fallo, por ejemplo, al Consejo de Justicia, y con ello, a las posibilidades de una mayor desconcentración del Poder Judicial, así como al Consejo de Garantías Estatutarias, afectan, destaca el profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona, a cuestiones que resultarían naturales en la mayoría de ordenamientos federales. Lo mismo ocurre «respecto de los límites a la llamada legislación básica del Estado central, que como el propio TC ha reconocido, ha sido un instrumento frecuente de vaciamiento de competencias autonómicas». Tras cuatro años de recortes, demoras e instrumentalización partidista, concluye Pisarello, son nítidos «los límites de las lecturas abiertas y federalizantes que la Constitución española supuestamente admitía». Cerrada esa vía, «el escenario para la desafección y el mutuo recelo está servido». Varios políticos e intelectuales catalanes, no independentistas, han destacado también el vértice señalado por Gerardo Pisarello, quien, a diferencia de los anteriores, llama la atención sobre la potencial realidad de esta desafección para pensar, obrar y hacer democráticamente en dirección opuesta..
Volvamos al inicio. ¿Es pertinente la pregunta que encabeza esta nota? Creo que lo es. Una de las razones: no es improbable que en la cabeza de la manifestación del próximo 10 de julio, al lados de otros prohombres de la nación, figuren el señor Duran i Lleida y su compañero de coalición, Artur Mas, dos de los hooligans catalanes más destacados del neoliberalismo (para los otros, no para ellos ni para sus próximos) o el mismísimo Xavier Trias. ¿Tiene algún sentido que los trabajadores y ciudadanos de izquierda marchen a una con dos de los políticos que más han hecho para que la nueva contrarreforma laboral, vendida por ellos mismos a la ciudadanía como necesaria, imprescindible, tenga perfiles más odiosos, más favorables a las patronales, a los suyos, girando aún más hacia la derecha la reforma antiobrera elaborada por el gobierno Zapatero? ¿Debemos ir cogidos de la mano, aplaudiendo indirectamente su candidatura electoral municipal, con uno de los políticos, no el único desde luego ni el más destacado en este caso, que está implicado hasta la yugular en ese caso de infamia insondable que es el asunto del hotel Palau?
La pregunta, creo, es pertinente. Nadie debería asociar en este caso, mecánicamente, posiciones de izquierda con respuesta y movilización. Uno de los políticos que pertenece al sector autodenominado «soberanista» del PSC, el señor Ernest Maragall, con diferencia, el peor conseller de Educación de estos últimos treinta años, un firme partidario del neoliberalismo extremo en la gestión de la educación, es uno de los adalides de la manifestación del 10, alguien que, curiosamente, ha hecho oídos sordos con insultante sonrisa profiden de prepotencia política a cuatro grandes manifestaciones ciudadanas que criticaban su inadmisible gestión desde cualquier honesta atalaya de izquierda, por moderada que esta fuese. No ha alterado ni una coma de sus recetas neoliberales; entre ellas, la eliminación de los estudios nocturnos de bachiller en Catalunya, pactando cuando así lo ha estimado con la oposición de Mas y dejando en la cuneta a la izquierda institucional con la que forma gobierno.
De hecho, como ha apuntado José A. González Casanova [2], la simple información periodística sobre la sentencia -el contenido final se espera para el 12 de julio, dos días después de la convocatoria institucional de manifestación-, sin matizaciones ni contextualizaciones, ha sido suficiente para bombardear a lectores, oyentes y, sobre todo, televidentes con todo tipo de exageraciones. Se habla, una tarde sí, la siguiente mañana también, de voluntad popular, de razón ciudadana, pero, sin que nadie pueda ver aquí una disculpa a las posiciones españolistas y separatistas (digo bien) del PP o al espectáculo único, español y «muy taurino» del mismísimo Tribunal Constitucional, poco se hace para transmitir una información correcta y objetiva a la ciudadanía catalana y, sobre todo, para no confundir las posiciones defendidas por las instituciones del Estado español con los deseos y finalidades de la ciudadanía española.
Se agolpan, por ejemplo, las concentraciones, los encuentros, las mesas, anunciando la manifestación del 10 de julio. Programas televisivos en horas de máxima audiencia se dedican a la sentencia y la movilización [3]. Tot el país és un clam, som la gent catalana! Ni que decir tiene que todas esas voces críticas, incluyendo las de intelectuales nacionalistas muy reconocidos e influyentes, no dijeron esta boca es mía, o apenas se oyeon, con ocasión de las medidas antiobreras y antipopulares y de la ley de la contrarreforma laboral. El país de las clases medias y altas, entonces, con notables excepciones, no fue un clam. Fue silencio generalizado cuando no falsario argumentario pro-reforma.
Es sabido que la clase alta y media catalana ocupa un espacio destacadísimo en la agenda político-cultural de esta sociedad. Sus temas no sólo son sus temas sino que son los temas. Basta ver, con alguna excepción notable y sorprendente, cualquier informativo de TV3 para darse cuenta de ello.
Por lo demás, para algunos ciudadanos [4], el fallo del Constitucional contra catorce artículos del Estatut «ha creado un auténtico nudo gordiano en el que será difícil encontrar una solución» no sólo entre el gobierno central y el autonómico sino entre las fuerzas políticas catalanas para responder unitariamente al recorte estatuario. Por esa senda, algunas voces señalan, con valoraciones de no inmediata comprensión, que «la respuesta social ciudadana de la manifestación del 10 de julio será un punto de inflexión, al que hay que sumar el ambiente generado por la próxima huelga general en todo el estado que refuerza el sentimiento «antiespañolista» contra el gobierno de Zapatero» [5]. ¿Refuerzo del sentimiento antiespañolista por la anunciada huelga del 29 de septiembre contra la política laboral del gobierno Zapatero?
Alguien tan moderado políticamente como Salvador Giner, muy próximo a las posiciones defendidas por Pasqual Maragall, ha señalado una peligrosa pero muy real arista: «El Tribunal Constitucional se ha convertido en un amigo extraordinario del separatismo. Ha trabajado par ellos con gran eficacia. La señora María Emilia Casas y sus compañeros se han ganado dos vueltas al ruedo, dos orejas, un gran monumento de los independentistas».
Es razonable pensar así. Encuestas no siempre fiables y estudios sociológicos recientes parece confirmar el auge del independentismo en Catalunya, y no siempre por motivos nacionalistas, apelando al sentimiento nacional [6], una senda que la izquierda transformadora nunca ha abonado: el ejercicio del derecho de autodeterminación, la defensa de los derechos nacionales de los pueblos, se estimaba paralelo al federalismo y a la solidaridad entre pueblos y ciudadanos. No era un enfoque equivocado, no es un enfoque extraviado.
Notas:
[1] «Reino de España: ni cultura federal ni pluralismo nacional. ¿Objetivo cumplido?» http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3462
[1] José A. González Casanova, «La sentència, una arma electoral!». Público, 3 de julio de 2010, p. 5 (edició catalana).
[2] Era patético ver a los representantes del PP y de Ciutadans en uno de estos programas estrellas. Ciertamente, tampoco otros representantes políticos de partidos convocantes tuvieron su mejor día.
[3] Francesc Casadó, «L’Estatut, nudo gordiano de España». http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109043
[4] Ibidem. Francesc Casadó añade: «Es un auténtico nudo gordiano donde el pensamiento lógico y vertical no parece dar respuesta al conflicto del hecho nacional». ¿Pensamiento lógico y vertical?
[5] http://www.correntroig.org/spip.php?article1804〈=ca
[6] El ejemplo de Xavier Rubert de Ventós, un intelectual muy próximo al entorno maragalliano, es paradigmático de este independentismo de razones pragmáticas.
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