Mónica Salomone. Santa Cruz de Tenerife – No ha habido ningún Prestige en Tenerife, pero el descontento de una parte importante de la ciudadanía se está traduciendo en una movilización popular espontánea al estilo de Nunca Mais, con el más canario lema de ¡Ya está bien! La protesta se centra en la gestión del territorio, […]
Mónica Salomone. Santa Cruz de Tenerife – No ha habido ningún Prestige en Tenerife, pero el descontento de una parte importante de la ciudadanía se está traduciendo en una movilización popular espontánea al estilo de Nunca Mais, con el más canario lema de ¡Ya está bien! La protesta se centra en la gestión del territorio, y es de una magnitud y complejidad social sin precedentes en la isla: desde asociaciones de vecinos y agricultores hasta investigadores de élite. Las grandes infraestructuras que la Administración canaria proyecta para los próximos años alterarán el entorno de forma inaceptable, dicen los promotores del ¡Ya está bien!, que acusan a los políticos de «gobernar para los empresarios», engañar a la opinión pública y «secuestrar la democracia». El Ejecutivo canario dice actuar «con el mayor consenso posible» y advierte de que «siempre habrá alguien descontento».
No es la primera vez que grupos ecologistas se oponen a proyectos de infraestructuras en Canarias. Lo que sí es nuevo es que las protestas sean masivas; que aglutinen a colectivos de lo más variado; y que pillen por sorpresa a la clase política. La primera queja multitudinaria tuvo lugar en 2002, contra la instalación en un bosque de pinares de torres de alta tensión que debían aumentar la potencia eléctrica en las zonas turísticas. La oposición fue tal, con 100.000 personas manifestándose en Santa Cruz de Tenerife, que el Gobierno ha acabado buscado alternativas. Este año la brecha entre el Ejecutivo y parte de la ciudadanía ha vuelto a abrirse por los planes de construcción de un puerto industrial en la localidad de Granadilla, donde ya hay un polígono industrial con una central térmica.
Este proyecto se gestó hace más de una década: el puerto de Santa Cruz, capital de la isla, se convertiría en turístico y de recreo mientras que Granadilla acapararía la actividad industrial. Hoy, el Gobierno justifica el proyecto diciendo que el de Santa Cruz está saturado, y que un gran puerto industrial disminuye la dependencia del turismo y además es necesario para la descarga de gas natural -la introducción de este combustible en el archipiélago se hará estos años, en lo que supondrá una de las actividades económicas de más entidad de los próximos años-. El puerto, tras varios recortes por la contestación al proyecto, tiene un dique de unos 2.100 metros y una zona de atraque de casi un kilómetro.
Sólo colectivos ciudadanos
Pero para más de setenta colectivos ciudadanos, de los que forman parte numerosos técnicos y científicos, los recortes no son una solución. Este puerto, dicen, no es necesario, no mejora la economía y tiene un altísimo impacto ecológico, por lo que deben buscarse alternativas. En los últimos seis meses su protesta ha tomado forma, y se plantea a largo plazo. Y tiene una importante peculiaridad: ningún partido político la respalda.
Esta oposición al puerto constituyó primero la Plataforma contra el Puerto de Granadilla. Algo después, en julio, se formó la Asamblea por Tenerife, con el lema ¡Ya está bien!, que canalizaba también las protestas contra otras obras previstas para los próximos años, en su mayoría carreteras. Defienden que la isla es un territorio limitado que no admite más macro-proyectos. Sienten, como dice Conchi Abreu, de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla y también miembro de la Asamblea, que «los políticos gobiernan de espaldas a los ciudadanos», y «nos engañan» manipulando la información.
¿Qué representatividad real tiene esta Asamblea? No hay cifras precisas, pero por lo pronto han recogido más de 56.000 firmas en contra del puerto. En noviembre, decenas de miles de personas asistieron a una manifestación convocada por la Asamblea. Un síntoma de lo caldeado del ambiente.
«Los ciudadanos están indignados. El puerto de Granadilla ha sido la gota que colma la paciencia», explica el profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna (ULL) Fernando Sabaté, una de las voces de la Asamblea. Su colega Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía de la ULL y premio nacional de Medio Ambiente 2004, añade: «La gente ve que se aprueba una moratoria para que se frene la construcción de hoteles, pero se siguen construyendo. Y así con muchas cosas. Nos mueve la percepción de que no se respetan las leyes, de que la connivencia entre políticos y empresarios no beneficia a la gente, sino a ellos mismos, que se enriquecen». El Gobierno canario ha advertido ya de que no se echará atrás en lo que respecta al puerto de Granadilla. «Estos colectivos son importantes, pero lo que cuenta es la opinión de las instituciones elegidas democráticamente», dice Miguel Becerra, viceconsejero de la Presidencia (Coalición Canaria, CC). «En el puerto se ha buscado el mayor consenso posible. Ningún proyecto tiene tantos estudios técnicos como éste. (…) Es un proyecto necesario para el futuro de la isla, y no podemos cambiar por una manifestación». Becerra asegura que los informes de impacto ambiental son favorables al puerto.
Pero la historia de los informes medioambientales del puerto es muy enrevesada. Las organizaciones han denunciado irregularidades en diferentes instancias. Una denuncia, admitida a trámite, acusa a la viceconsejera de Medio Ambiente, Milagros Luis Brito (CC), de prevaricación, al enviar a Madrid informes positivos -que debían servir para la declaración de impacto ambiental del proyecto-, en sustitución de los encargados originalmente por la propia consejería, que fueron negativos. Los informes positivos no llevan firma; los negativos, firmados y registrados, aseguran que el puerto tendrá un gran impacto: afectará fondos marinos considerados Lugares de Interés Científico (LIC) por la UE, y restará arena a algunas de las playas más populares de la isla, como El Médano y La Tejita.
También se han presentado numerosas quejas a la UE. Consecuencia de ello ha sido la reducción del proyecto: de los casi seis kilómetros de costa que ocupaba en un principio a sólo uno. Pero los expertos de la Universidad de La Laguna insisten en que el impacto ambiental sigue siendo muy alto. Este proyecto reducido aún debe ser aprobado por la UE, de quien depende su financiación, pero el Gobierno ya ha sacado la obra a concurso.
¿Por qué todos los partidos apoyan el proyecto del puerto? Según miembros de la Asamblea, hay intereses ocultos que implican a todos los partidos. Antonio Martinón, portavoz del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, lo niega. Se declara convencido de que el puerto «mejora sustancialmente la capacidad de negocio de las empresas y ayuda a diversificar la economía de Tenerife». Martinón reconoce la importancia de los movimientos ciudadanos, pero atribuye el descontento a las actuaciones políticas de Coalición Canaria, que gobierna hace muchas legislaturas. Becerra (CC), en cambio, culpa al rápido crecimiento de la población y al «agobio sociológico» que produce el que «casi un millón de personas tengan que vivir en un cuarto de isla», porque en el resto la protección ambiental impide construir. Por ello, «cualquier infraestructura que se haga molestará a alguien», pero «habrá que acostumbrarse».