El máximo intérprete de la Ley Fundamental ya está funcionando con un tercio de sus miembros en funciones. El mandato de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional cumplió definitivamente el pasado domingo sin que Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni Gobierno designasen los correspondientes recambios para los próximos nueve años.
El primero porque no puede hacerlo al estar en situación de interinidad. Y el segundo porque no tiene previsto hacer ningún movimiento hasta que se superen los comicios andaluces. El bloqueo en el tribunal, ahora dominado por el sector conservador, llega en un momento de máxima actividad. A menos de un año del próximo ciclo electoral, sobre su mesa reposan asuntos de gran relevancia social y política. Algunos de ellos, de hace más de una década. Otros, de reciente aprobación.
El más antiguo –y probablemente el de mayor voltaje– que los magistrados tienen entre manos es el de la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una norma que admitía el aborto libre hasta la semana 14 del embarazo o hasta la 22 cuando hay riesgo para la salud de la madre. Casi doce años lleva enredado en el edificio circular del número seis de la calle Domenico Scarlatti. El PP, con el asesoramiento del entonces presidente del Foro de la Familia, recurrió el texto en junio de 2010. Lo hizo a través de un escrito en el que impugnaba más de media decena de artículos, sostenía que el «derecho al aborto libre» resulta «incompatible» con el «derecho a la vida» y calificaba de «inconstitucional» el derecho de las menores a interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres.
Tras la salida de la magistrada Elisa Pérez en agosto de 2012, la ponencia sobre esta cuestión recayó en el magistrado Andrés Ollero. Pero su «propuesta de inconstitucionalidad» acabó guardada en un cajón por falta de acuerdos. Ahora, con la última renovación, es Enrique Arnaldo, quien calificó en un artículo de «ocurrencia» la ley de plazos, el encargado de la ponencia. El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, prometió que durante su mandato –ahora ya caducado– se sometería un texto a debate. El proyecto de fallo de Arnaldo ya estaría listo. Pero se da por hecho que la discusión sobre el mismo no se llevará a cabo en el Pleno hasta que pasen los comicios andaluces. Se espera que la sentencia avale la constitucionalidad de la norma, si bien parece complicado ahora mismo alcanzar un consenso.
Otra de las patatas calientes que desde el punto de vista ideológico tiene sobre la mesa el tribunal de garantías es la relativa a la eutanasia. Hace justo un año, España se convirtió en el sexto país del mundo en regular la muerte digna, tanto la denominada «eutanasia activa» como la pasiva o asistida. La ley, que faculta a acogerse a esta medida a cualquier persona que esté capaz y consciente en el momento de solicitarlo o que hubiera dejado previamente por escrito su voluntad, recibió luz verde con 202 votos a favor. El rechazo vino por parte del PP y Vox, que no tardaron en acudir al Constitucional. La extrema derecha, de hecho, intentó que se suspendiese la entrada en vigor de la norma, una petición que el tribunal de garantías rechazó por unanimidad al entender que no hay previsión legal para impedir la vigencia de una norma.
Los conservadores impugnaron el texto al considerar que se vulneraron derechos fundamentales en la tramitación de la ley y que establece un régimen que «incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida». En una línea similar se pronunciaron los ultras: «Articula el sacrificio del derecho a la vida –sustrato ontológico de todos los demás derechos– sobre la base de una inconstitucional ponderación con otros bienes constitucionales, en atención a los cuales no puede ceder el derecho fundamental a la vida». Los encargados de preparar las sentencias sobre ambos recursos serán Cándido Conde-Pumpido y Ramón Sáez, ambos pertenecientes al considerado sector progresista, que actualmente es minoritario pero que se espera que pase a ser mayoritario una vez se complete la renovación de este último tercio del Constitucional.
La educación de los niños y adolescentes
No es la única norma del Ejecutivo central que se encuentra pendiente de revisión en el órgano. Sobre la Lomloe, el nuevo texto educativo conocido como Ley Celàa, también penden las impugnaciones de PP y Vox. La formación conservadora y la ultraderechista se centran, entre otras cuestiones, en la religión o la educación concertada. Así, consideran que se vulnera «el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones», sostienen que el texto asegura «una oferta suficiente solo de plazas públicas» y se quejan de que la norma impida «el acceso a la financiación pública mediante el régimen de conciertos a los centros que apliquen la educación diferenciada entre alumnos y alumnas». En este caso, son dos magistrados del sector conservador sobre los que ha recaído la elaboración de la ponencia: Ricardo Enríquez y Antonio Narváez.
Del mismo modo, también la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia ha sido objeto de la ofensiva ideológica de la extrema derecha. Está sobre la mesa del Constitucional desde el pasado mes de octubre, después de que Vox decidiera impugnarla al considerar, entre otras cosas, que el simple hecho de que se establezca que los niños reciban «educación afectivo sexual» no es otra cosa que un intento de fijar «una ideología estatal» con la que se pretende «adoctrinar a los alumnos».
Una reforma para frenar a un CGPJ en funciones
Pocos días después de que la formación liderada por Santiago Abascal impugnase este texto, el tribunal de garantías admitió a trámite los recursos que conservadores y extrema derecha plantearon contra la reforma legal que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos discrecionales cuando se encuentra en funciones. Es justo este cambio normativo, unido al bloqueo en la renovación de un órgano constitucional que lleva caduco desde hace tres años y medio, lo que impide al CGPJ renovar a los dos magistrados del Constitucional que ahora le corresponden junto al Gobierno, así como a los miembros del Supremo y a la cúpula de Audiencias o Tribunales Superiores de Justicia.
El tribunal debe resolver si la reforma normativa vulnera, como sostiene el PP, hasta cuatro artículos de la Ley Fundamental. Entre ellos, el 122, el que regula el funcionamiento del Poder Judicial. «El hecho de que la Constitución no haya previsto un Consejo ‘en funciones’ no es, en modo alguno, un ‘desliz constitucional’, sino una decisión deliberada de la Carta Magna, dirigida a proteger al Poder Judicial de la intervención del poder político, salvaguardando su correcto e independiente funcionamiento para la garantía del Estado de Derecho», recogía el recurso de los conservadores. Ambas formaciones también cuestionaron algunos aspectos de la tramitación parlamentaria de la norma. En este caso, se encargó la ponencia a dos magistrados a los que se incluye dentro del sector progresista: María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, si bien este último es uno de los que tienen ya el mandato caducado.
Una renovación en el aire
El Gobierno lleva ya un par de semanas deslizando la posibilidad de llevar a cabo la sustitución de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden sin esperar al órgano de gobierno de los jueces, una fórmula nunca antes vista –tradicionalmente se ha hecho en bloque– que algunos juristas ven posible pero que puede terminar encallando en el seno del propio tribunal de garantías. No obstante, no tiene previsto dar ese paso antes de las elecciones andaluzas. Una vez superados los comicios, según publicó elDiario.es, tomará la decisión de si abre esa vía o si, por el contrario, da algo más de margen al PP de Alberto Núñez Feijóo para acordar la renovación del Poder Judicial y que las sustituciones de magistrados salientes en el Constitucional puedan hacerse en bloque, como hasta ahora.
Los conservadores, por su parte, no parecen tener ninguna prisa. Se han marcado hasta mediados de julio como fecha límite para hacer llegar al Gobierno una propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El eurodiputado y vicesecretario de política institucional del partido, Esteban González Pons, anunció a comienzos de semana que su formación está dispuesta a cumplir la ley. Eso sí, siempre y cuando los socialistas acepten su reforma normativa para despolitizar la justicia. El PP vuelve así a poner sobre la mesa la misma condición a la que en su día se agarró Pablo Casado y que acabó derivando en el bloqueo permanente de un órgano de gobierno de los jueces que espera que todo pueda desenredarse «antes del verano».