En la anterior Magdalena Valerio y en la última Christine Lagarde. La primera vino a decirnos que no es posible y la segunda para reforzar a la primera en el sentido de que si la ministra de Trabajo y SS, lo hace posible… el país se «cae». ¿Y que es eso tan imposible? Justo lo […]
En la anterior Magdalena Valerio y en la última Christine Lagarde. La primera vino a decirnos que no es posible y la segunda para reforzar a la primera en el sentido de que si la ministra de Trabajo y SS, lo hace posible… el país se «cae».
¿Y que es eso tan imposible? Justo lo que plataformas de pensionistas exigen en la CAPV. Algo tan «sagrado» como que el Gobierno Vasco se exija exigir al central, no solo transferencias pendientes, sino cumplir la Constitución en su artículo 50: «Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad«. También lo que aprobaron en el Congreso de Diputados el 25 de enero de 2.011 y quedó recogido en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo: «La Comisión (…) defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro». «Considera, además, que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiere adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos financieros». Ambas en contradicción con la realidad política y social, y lo segundo con el hecho de que en España, también los gastos, salarios, cotizaciones y otros conceptos como edificios, gastos de administración gestión y representación de todo el personal de la Seguridad Social corren a cuenta de las cotizaciones de los trabajadores y no de los PGE lo cual dificulta mas aún la autofinanciación de las pensiones ¡hoy!… ¿y en 40 años atrás?… sean sinceros.
Las democracias enferman, siendo la económica la principal y la que mayores síntomas de metástasis presenta en nuestro cuerpo social. Dándose la misma situación en países de la UE, incluso de mucho menor PIB. Con un PIB como el de la CAPV, porqué el 40% de ciudadanos y pensionistas sufren precariedad?
Dos datos determinan el grado de dignidad de nuestras pensiones. En gasto en pensiones respecto al PIB, países como Portugal, Grecia, Italia gastan 4 puntos más que España; equivale a 50.000 millones de euros al año (el costo de toda la línea AVE en España) que aquí se destinan a otra cosa. En la cola (8%) con lo que cada estado asigna de los PGE para pensiones, con Francia y Alemania en cabeza (20 y 25%). Ladeados en décadas por el GV y oposición, hoy toca poner el foco soberano en ese 40%, delante de pretensiones soberanistas. La enorme brecha de pobreza social provocada por pérdida de poder adquisitivo y carestía de vida en la CAPV también se debe a que el cálculo oficial del IPC poco tiene que ver con el IPC real, pues nuestro abanico de consumo se reduce a: electricidad, gas, cesta de la compra (verduras, frutas, pescado, carne, prendas, calzado, etc.) IBI, nietos, hipoteca, alquiler y mantenimiento de la vivienda y la salud que no cubre la SS (dentista, etc.). Debe ser representativo y confiable y no lo es, pues lo calculan sobre bienes y servicios que poco tienen que ver, con lo que consume ese 40% al que aún aplasta la crisis. Un IPC justo debería medir todos los bienes de uso común para ese tramo social… no otros.
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