Democracia, bonita palabra. Dulce melodía que por tantos años llenó de esperanza los sueños de millones de ciudadanos del estado español, cansados y hastiados de vivir bajo el yugo del fascismo. Aroma celestial que impulsara la lucha clandestina de varias generaciones de valientes guerreros alzados contra la tiranía del nacional-catolicismo. Comunistas, socialistas, liberales, nacionalistas, amantes […]
Democracia, bonita palabra. Dulce melodía que por tantos años llenó de esperanza los sueños de millones de ciudadanos del estado español, cansados y hastiados de vivir bajo el yugo del fascismo. Aroma celestial que impulsara la lucha clandestina de varias generaciones de valientes guerreros alzados contra la tiranía del nacional-catolicismo. Comunistas, socialistas, liberales, nacionalistas, amantes o no de lo español, republicanos, federalistas, independentistas, internacionalistas, todos juntos, aunque no revueltos, bajo una misma aspiración común: acabar con el régimen, traer la libertad, instaurar la democracia (social, participativa y de derecho).
Han pasado ya más de treinta años de la muerte del dictador, pero, hoy como ayer, seguimos siendo muchos millones los ciudadanos del estado que soñamos con ver alguna vez una verdadera democracia en estas tierras, aunque solo sea, como es mi caso, como paso previo para alcanzar la independencia de nuestras naciones. Otros no, otros creen en España, creen en la convivencia pacífica y solidaria entre los pueblos y naciones que la conforman, creen en la democracia española como fuente de cohesión real para el estado del cual se sienten formar parte en cuerpo y alma: por las leyes físicas y la biología, y por las leyes no escritas de la ideología. No importa de qué lado estemos o para qué busquemos la democracia, no importa si es por intereses globales, o por fines particulares, si es por horizontes independentistas, o por metas federalistas. No importa si simplemente se quiere la democracia por una pura cuestión moral, por una mera cuestión de coherencia ideológica con los sueños de libertad que tanta sangre costaron a millones de nuestros antepasados, independientemente de las fronteras, las banderas, las naciones o las patrias que defendamos. La cuestión es que seguimos siendo millones quienes, caída la dictadura anterior, buscamos la democracia aquí en España, y no la encontramos.
Democracia: poder del pueblo. Democracia: separación de poderes. Democracia: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Democracia: garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Democracia: respeto de los derechos humanos. Democracia: respeto a la voluntad de los ciudadanos. Democracia: respeto por la pluralidad y la diversidad cultural y política. Todo esto es necesariamente la democracia. La democracia no es solo tener una constitución que garantice las libertades individuales, ni dar el voto cada cuatro años a los ciudadanos. Tampoco es tener un sistema de garantías jurídicas que quede escrito negro sobre blanco. La democracia es tener eso, sí, pero no para adornar las estanterías de los más lujosos armarios ubicados en los lugares más señalados de las instituciones del estado. La democracia es tener todo eso para poder aplicarlo en favor de los derechos y la voluntad del pueblo, en favor de la igualdad de oportunidades y el escrupuloso respeto a la ley, que a su vez debe guardar un escrupuloso respeto de los derechos humanos. En España, por desgracia, hoy tenemos de lo primero, pero no tenemos de lo segundo. Hay orden constitucional, hay estado de derecho, hay garantías judiciales y respeto por las libertades según los textos que nos rigen, pero sigue sin haber democracia, simple y llanamente porque estos textos, o bien son injustos, o bien se incumplen.
¿Qué igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es esa que nos hace diferentes por nacimiento, según seamos o no herederos a la corona de España?, ¿Qué principio democrático es ese que da la jefatura del estado a una persona solo por nacer dentro de una determinada familia? Esto es algo tan evidente, tan flagrante, que sobra añadir todo comentario más al respecto. Ninguna verdadera democracia puede consentir que la más alta instancia del estado sea producto de una herencia familiar.
¿Qué poder tiene un pueblo cuya participación política se limita a votar una vez cada cuatro años?, ¿Qué poder tiene un pueblo que no puede decidir sobre la participación de su estado en una guerra, o que no puede tener una decisión vinculante sobre la ratificación de los tratados internacionales que son firmados de manera unilateral por sus dirigentes?, ¿Qué poder tiene un pueblo cuyas iniciativas populares no tienen por sí solas capacitación alguna para ser tomadas en cuenta con rango de ley?, ¿qué poder tiene un pueblo que no puede revocar a sus mandatarios en mitad de una legislatura? Vivimos bajo el engaño de la democracia representativa, que en realidad no es más que una partitocracia, un sistema donde las grandes decisiones son tomadas a dedo por un grupo de personas que se agrupan bajo unas siglas, pero donde el pueblo solo tiene capacidad para ratificar o cambiar cada cuatro años a unas siglas por otras. Ni siquiera se puede votar en listas abiertas por las personas, se vota por las siglas, por los partidos. El pueblo, una vez da su voto por uno u otro partido, no tiene otra salida que aceptar las decisiones que estos toman desde el poder, aunque estas decisiones cuenten con un mayoritario rechazo social. Si el gobierno dice que el estado debe apoyar una guerra injusta, el pueblo, aunque esté mayoritariamente en contra, no puede evitarlo. Si el gobierno decide firmar un tratado internacional, el pueblo, aunque esté mayoritariamente en contra, no puede evitarlo. Todo lo más será preguntado en un referéndum no vinculante, un referéndum meramente consultivo, donde la decisión ya está tomada de antemano, y donde un rechazo al mismo no paralizaría absolutamente nada. Los ciudadanos de Francia y Holanda dijeron recientemente NO al tratado de la UE, y ahí los tienen ahora, presos por un nuevo tratado que apenas tiene diferencias con el votado, y que ya no podrán volver a cuestionar, pues no serán preguntados. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado en España si el resultado del referéndum hubiera sido negativo? Luego está el asunto de las iniciativas populares. La iniciativa popular se refiere a la posibilidad amparada en la constitución de que las personas presenten peticiones, cargo de justicia, avalada por sus firmas, para que se tome a consideración política un determinado asunto público. En el caso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la iniciativa puede dar lugar a una proposición de ley que luego será tramitada en el parlamento. El procedimiento ordinario de elaboración y aprobación de las leyes, establecido en la Constitución española, para la iniciativa popular serán necesarias 500.000 firmas acreditadas. En estos casos la Comisión promotora presenta a la Mesa del congreso la «proposición de ley». Se excluye esta iniciativa, respecto de materias con reserva de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, prerrogativa de gracia y reforma constitucional. Todo muy democrático en apariencia, aunque, eso sí, en última instancia sea el parlamento -la partitocracia- quien decida si la iniciativa prospera o no prospera. Si a los señores agrupados bajo las siglas de los partidos no le parecen correctas las iniciativas, todo el trabajo popular no habrá servido para nada. Además, con las restricciones mencionada, ya se nos impide poder ser los artificios originarios de algunas de las decisiones políticas más importantes que pueden ser tomadas dentro del estado, caso de la reforma constitucional, la cual solo podremos votar en referéndum, pero nunca propones. Así, la iniciativa popular en España es una gran falsa, no existe en la práctica, no es más que un engranaje más de la partitocracia que nos rige.
Y qué decir de la separación de poderes. Lo estamos viendo a diario en el máximo órgano de la legalidad española: el tribunal constitucional. Actualmente este tribunal tiene sobre la mesa las principales leyes aprobadas por el gobierno de ZP durante la actual legislatura. El estatuto catalán, el estatuto andaluz, la ley de matrimonios homosexuales, la ley de paridad, y prácticamente todas aquellas leyes que el gobierno y su grupo parlamentario han aprobado sin contar con el respaldo del Partido Popular. Y ahí que llega la guerra. Recusaciones de un lado y del otro, una tras otra. Una batalla pública por controlar el funcionamiento del tribunal, donde ambas partes tratan de imponer su mayoría en la sala de deliberaciones, de ahí las recusaciones. Idas y venidas, hoy mandan los conservadores y mañana, previa recusación, los progresistas. Luego a la inversa. Luego no hay problema alguno a la hora de presentar pruebas falsas en uno de los procesos de recusación abierto, pruebas sacadas de un diario amigo. No importa si con esto se hace un ridículo sin parangón en la historia constitucional de España, o si se pone en peligro el propio funcionamiento del tribunal, y con ello de la credibilidad del estado entero que tanto dicen defender, lo que importa es el poder, el cargo, la mayoría. Así, si unos imponen su mayoría en el tribunal, las leyes recurridas serán declaradas anti-constitucionales. Si lo hacen los otros, saldrán adelante. Así funciona la justicia democrática española. Pero ¿qué división de poderes es esa donde la legalidad constitucional de una ley no depende de su contenido jurídico sino del número de jueces posicionados a favor o en contra de un determinado partido político? Al parecer, en España una ley puede ser o no constitucional según haya o no una mayoría suficiente de jueces en el tribunal constitucional que estén cercanos a un determinado partido político u otro a la hora de deliberar sobre el recurso contra ella planteado. Lo de menos es si la ley es constitucional o no por su contenido, lo de más es que lo será o no según haya una u otra mayoría de jueces conservadores o progresistas en el tribunal. Un cachondeo vamos, que es cualquier cosa menos señal de que exista un correcto funcionamiento democrático.
Y cómo olvidar el uso político que se hace de los tribunales para reprimir y oprimir a quienes osan levantar su voz contra el estado, sus intereses o aquellas personas que lo representan. Esta misma semana hemos visto todos como la justicia española es utilizada por el estado para encarcelar a un grupo de inocentes, condenados solo por ser vascos, de izquierdas e independentistas. Paradojas tan bruscas como que militantes pacifistas sean condenados por formar parte de una organización terrorista. «Son las entrañas de ETA» nos han dicho, como si en nombre de la lucha contra ETA valiese todo, incluso la condena de inocentes, sin pruebas ni fundamentación jurídica alguna para condenarlos por las acusaciones que se les imputaban. Pero hay muchos más ejemplos, y en muchos otros niveles. Condenas políticas contra la libertad de expresión por caricaturizar a los príncipes o quemar fotos del rey, mientras quienes queman la foto de Carod Rovira o Ibarretxe, o quienes caricaturizan la figura de Mahoma, no sufren cohibición alguna de parte de la ley. Condenas por luchar contra las injusticias del sistema. Represión sindical. El caso de Cándido y Morala, el caso de los sindicalistas sevillanos, los centenares de casos que se dan dentro de las empresas españolas y que son amparados por sentencias judiciales, es algo prácticamente diario, y que a nadie que se mueva en ambientes de izquierdas en este estado debe sorprenderle, aunque sean sistemáticamente silenciados por los grandes medios de (des) comunicación. Ahora es al sindicalista andaluz Diego Cañamero (dirigente del SOC-SAT) a quien la justicia quiere meter en la cárcel. Mientras el gobierno de la junta de Andalucía homenajeaba a la Duquesa de Alba, los sindicalistas andaluces que protestaban contra la decisión eran apaleados en las afueras de donde se estaba llevando a cabo el acto, el parlamento andaluz. En las posteriores declaraciones de unos y otros, la Duquesa llamó delincuentes y locos a los sindicalistas. Diego Cañamero acusó a la Duquesita de contratar a trabajadores ‘irregulares’ en una de sus fincas. Ambos se denunciaron mutuamente. La Audiencia Provincial de Sevilla tras condenar a la Duquesa con una multa de 6000 € terminó absolviéndola. Ahora el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha impuesto una fianza de 3.000 euros al sindicalista andaluz, en cuya resolución se dice que en caso de que no se ingrese el dinero de la fianza en un plazo de 24 horas podría ser embargado e incluso detenido. Por supuesto, el señor Cañamero ya ha dicho que no piensa pagar ni una peseta, veremos a ver en qué acaba la cosa. Esta es la división de poderes y la democracia que tenemos en España.
La libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de asociación y de manifestación, la libertad de participación política, el respeto a la pluralidad y la diversidad ideológica, tampoco son reales en este estado. Ya he mencionado antes como la justicia ha actuado contra quienes han osado levantar su voz contra la monarquía (eso sí, a Iñaki Anasagasti o Federico Jiménez Losantos ni los han mirado). Publicaciones secuestradas y jóvenes multados y perseguidos. Se puede quemar una foto de Carod Rovira, pero no una foto del Rey. Se puede caricaturizar a Mahoma en nombre de la libertad de expresión, pero no a los príncipes follando. Esa es la libertad de expresión de la democracia española. Pero existe un peligro mucho mayor contra la libertad de expresión: el pensamiento único. ¿Qué libertad de expresión se puede ejercer eficientemente en un estado donde los grandes medios de comunicación solapan la realidad y la monopolizan según la defensa de sus intereses y de los intereses de las multinacionales del estado a las cuales tan fielmente representan? Es por todos sabido, aunque no por todos analizado, el control de la información que se hace a nivel internacional. Unas pocas agencias de noticias internacionales venden sus contenidos a los medios de todo el mundo «democrático», contenidos que luego serán publicados en los diferentes países en aparente diversidad informativa según se dé en un medio o en otro, pero que responden a un único patrón original que es el que finalmente consume la sociedad. Por ejemplo, todos hemos visto el trato que se ha dado al presidente Hugo Chávez durante los últimos meses. Todos estamos viendo el trato que simultáneamente se le está dando a la figura del rey. A uno lo machacan, lo aniquilan por tirano y represor, al otro lo ensalzan, lo revalorizan como defensor de la libertad y la democracia. Da igual el medio de comunicación que escojamos de entre los tradicionales, el trato es el mismo, con un matiz u otro, pero el mismo. El uno es un dictador, el otro es un demócrata. Sin embargo, curiosidades de la vida, el dictador es elegido por el pueblo en libre votación, y el demócrata escogido a dedo por un caudillo fascista y nunca más cuestionado en su cargo. ¿Realmente alguien puede creer que todo esto ha sido fruto de la casualidad y de la divergencia informativa que converge libremente en un punto, y no consecuencia de una campaña de pensamiento único orquestada para defender unos determinados intereses y que es luego segmentada y diversificada a través de los diferentes medios? Así pues, ¿Qué libertad de expresión puede ejercer realmente un ciudadano que toda la información que recibe es pura mentira manipulada y orientada a la defensa de unos intereses que se ocultan en la sombra? Sin duda que uno podrá tener derecho a la libertad de expresión reconocido en una ley, pero nunca podrá expresarse en libertad si solo se le cuenta lo que interesa a los poderes de facto que manejan el estado, omitiendo, manipulando o mintiendo sobre el resto de informaciones.
Pasemos ahora a las libertades políticas: Partidos que se ilegalizan, asociaciones juveniles que se criminalizan, manifestaciones que se rechazan por ley y son reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado, diarios que se cierran, ciudadanos a los que se les impide votar por la opción política que defienden en libertad, dirigentes políticos que son juzgados por reunirse con otros dirigentes, militantes que son encarcelados por convocar actos en nombre de su partido. Pero, eso sí, solo en el caso de ser parte de la izquierda abertzale o próximos a la izquierda anti-sistema. A las organizaciones fascistas no se las reprime, no se prohíben sus actos, ni se persigue a sus dirigentes, ni se ilegaliza a sus partidos, ni se encarcela a los dirigentes políticos de otros partidos que osen reunirse con ellos. Para estos si existen las libertades que a otros les niegan con la excusa de su vinculación con la violencia. ¡Cómo si el fascismo en sí mismo no fuera ya suficientemente razón como para vincular a los grupos de extrema derecha con la violencia! Pero claro, estos ni cuestionan al estado, ni atacan al rey que fue nombrado por su añorado dictador, ni, y esto es lo que de verdad importa, atacan al sistema. Ya me explicarán ustedes que democracia es esa que ilegaliza las ideas políticas de unos, mientras permite que otros actúen con impunidad aun cuando las razones que se argumentan para actuar contra los primeros, serían a todas luces aplicables para actuar contra los segundos. ¿Qué democracia es esa que está al servicio de la defensa de los intereses del estado, aunque para ello haya que pasar por encima de los derechos y libertades de las personas que lo cuestionan?
Tampoco es moco de pavo el asunto de los derechos humanos. Por ejemplo, con asuntos relacionados con el trato que se le da a los inmigrantes por parte de funcionarios y autoridades del estado. En 2005 Amnistía Internacional denunció las «violaciones sistemáticas de la integridad física y los Derechos Humanos de los inmigrantes», tras un periodo de análisis sobre el trato que se le da a estos seres humanos en las ciudades de Ceuta y Melilla, asegurando que «muchas de las heridas y fracturas» que presentan los sin papeles son consecuencia de «un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer que se cumpla la ley; que hirieron y mataron a personas que trataban de cruzar la valla». Esta preocupación sigue presente en los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en España presentados en los dos últimos años. Igualmente en su último informe nos avisan que en relación con los problemas de violencia de género contra las mujeres «A pesar de las medidas adoptadas, lo cierto es que más allá del papel, la situación de las mujeres en España frente a la violencia de género continúa siendo preocupante. Siguen siendo muchos los obstáculos con los que se encuentran las mujeres que piden protección; no siempre existen garantías para una adecuada investigación del delito; y sigue sin contemplarse el derecho de las víctimas a una reparación. Además, la respuesta para la atención de las víctimas de violencia de género en las diferentes Comunidades Autónomas es desigual. Por último cabe destacar la especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes sin papeles que son víctimas de violencia de género». Además de lo grave del asunto, otra vez la nacionalidad supone un problema añadido dentro de la España democrática. Y mención especial merece en este punto la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en relación con el asunto de las torturas. No hay año que Amnistía Internacional -entre otros organismos- no las denuncie. Y no nos estamos refiriendo solo al grave e histórico asunto de las torturas contra los militantes de la izquierda abertzale detenidos. Hablamos de las torturas y los malos tratos de los cuerpos y fuerzas de seguridad en general. Hablamos de las denuncias a las policías locales, a las autonómicas, a la policía nacional y a la Guardia Civil. Casos como el de la policía local de Torrevieja, la policía local de Marbella, la policía local del Granada, la comisaría de Les Corts de la policía autonómica catalana, el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas, y tantos otros que periódicamente van saliendo a la luz, en muchas ocasiones motivados por razones ideológicas (izquierda abertzale, manifestantes anti-globalización detenidos, etc.) o por razones xenófobas (desde 1995, AI ha documentado 320 casos de este tipo sólo en España). Sin embargo, la mayoría de las denuncias relacionadas con este asunto acaban perdiéndose en los juzgados sin llegar a ningún sitio, bien por falta de pruebas, bien por el desinterés de los órganos judiciales pertinentes. Son apenas un 10% de las denuncias presentadas las que acaban con una sentencia condenatoria contra el agresor, las más de las veces de corto alcance y escasa capacidad disuasoria. ¿Qué democracia es esta que no aplica contra aquellos de sus funcionarios que incumplen los derechos humanos todos el peso de la ley que sí se aplica en casos donde el que es atentado en sus derechos es el estado o sus intereses?
Finalmente, analicemos la situación de los derechos de los pueblos y naciones que conforman España, centrándonos para ello en un único artículo de la constitución que es en sí mismo lo bastante significativo como para ahorrarnos una argumentación extensa en nuestra afán de demostrar el cariz anti-democrático que impregna a este estado en este asunto. Es en el título preliminar de la constitución española donde se habla en un mismo artículo de la existencia de diversas nacionalidades en el estado y de la indisolubilidad del mismo. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas» (Art. 2). Osease, que según la constitución España es un ente diverso pero indisoluble, ¿Eso cómo se traga? Aunque en la constitución no se utilice expresamente el vocablo naciones, si buscamos en el diccionario el significado de la palabra nacionalidad, veremos que se define como una cualidad derivada de la nación, y por tanto, no se puede hablar de nacionalidades sin dar por sentado la existencia de naciones sobre las que sustentarse. Además, ya son varias las CCAA que recogen en sus estatutos la definición del territorio como una nación o una realidad nacional, ahondando aún más en esta diversidad de identidades nacionales que existe en España. El derecho internacional reconoce a toda nación facultades para llevar cabo el control de su futuro sin más ataduras que la decisión libre y democrática de sus gentes, o lo que es lo mismo, su legitimo derecho a la autodeterminación. Cuando la constitución española habla de nacionalidades pero a su vez no recoge el derecho de estas a ser dueñas exclusivas de su futuro político, incurre en una grave omisión de la legalidad internacional al respecto, pero cuando habla de la indisolubilidad del estado español, lo que hace además es atentar contra el normal funcionamiento de la democracia. Ninguna nación es lo suficientemente poderosa como para gobernar a otra sin su consentimiento, ninguna nación está creada por mandato divino, todas son dialécticas, hablar de indisolubilidad de un estado, dándole con ello carácter eterno, es una aberración jurídica que atenta incluso contra la inteligencia. ¿Qué democracia es esa que reconoce la diversidad nacional que existe dentro de un estado pero niega a su vez el derecho que tienen estas diversas naciones a decidir libremente su futuro?, ¿Qué democracia es esa que da carácter de indisolubilidad a aquello que por definición es consecuencia de un proceso histórico dialéctico y cambiante y, por tanto, sujeto a evolución en su fondo y en su forma? Es más, ¿qué democracia es esa que reconoce la libertad de expresión y de organización política, pero atenta constitucionalmente contra los derechos de aquellos ciudadanos independentistas que desean ver realizadas en acto sus aspiraciones democráticas? Si el estado es por ley indisoluble, los independentistas somos por ley marginados, ya que nuestras ideas y proyectos democráticos no caben en esa constitución. ¿Cuántos millones de personas estamos marginados debido a este motivo dentro de este estado que se presupone como democrático?
Expuesto todo lo anterior, creo que ya podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, que la democracia en España no es real, es solo una apariencia. Cierto es que tenemos más derechos y libertades reconocidos por ley que durante la dictadura. Cierto es que tenemos más capacidad de participación política que durante la etapa anterior. Cierto es también que muchos ciudadanos no ven quebrantados estos derechos a lo largo de toda su vida, o, al menos, así lo creen ellos. Cierto es que la mayoría de nosotros puede reunirse, organizarse, expresarse y manifestarse libremente, y nunca ha sufrido represión por ello. Pero no es menos cierto que el hecho de que no nos haya pasado nunca, no quiere decir que, a la vista de lo que sí le está ocurriendo prácticamente a diario a muchas otras personas de este estado, no nos pueda pasar, a nosotros o algunos de nuestros seres cercanos, en un futuro. Y entonces a lo mejor nos daremos cuenta de que la lucha por la implantación de una verdadera democracia en España, y la denuncia de la carencia que actualmente tenemos de ella, no es algo propio del pasado, no es algo propio de rojos anti-sistema o de separatistas-independentistas, sino una realidad diaria que nos debería de afectar a todos, ya que va única y exclusivamente a favor de nuestro común beneficio como ciudadanos. Cuando uno permite que se quebrante la democracia es su propia libertad la que está en juego, aunque hasta que no le afecte directamente esté tranquilamente pensando que es al vecino (que algo habrá hecho para merecerlo) al único que puede ocasionarle algún daño. Pero ya lloraremos cuando nos vengan mal dadas y entonces tal vez sea demasiado tarde.
* Pedro Antonio Honrubia Hurtado. Estudiante de Filosofía de la Universidad de Granada, Andalucía.