1.- El contexto. En el Estado español están aflorando todas las contradicciones. Los dos últimos meses han sido especialmente agitados. En el Sur de Euskal Herria se está acentuando la represión contra el sector mayoritario de la izquierda abertzale, y se han producido numerosas detenciones, incluso cuando aquella había iniciado un proceso de reflexión y […]
1.- El contexto.
En el Estado español están aflorando todas las contradicciones. Los dos últimos meses han sido especialmente agitados. En el Sur de Euskal Herria se está acentuando la represión contra el sector mayoritario de la izquierda abertzale, y se han producido numerosas detenciones, incluso cuando aquella había iniciado un proceso de reflexión y debate que podría llevarla a dar un importante giro estratégico. Al mismo tiempo, crece la movilización popular contra la represión y en demanda de una mayor democracia. En poco más de un mes han tenido lugar dos imponentes manifestaciones, una en Donostia (17-10) y la otra en Bilbao (28-11), y cada vez son más las voces que se alzan reclamando la «unidad de acción abertzale».
Por si fuera poco, el pueblo catalán cierra filas ante la más que previsible sentencia del Tribunal Constitucional que podría recortar considerablemente el Estatut, después de que este había sido aprobado por el Parlamento autónomo y también por el español (donde ya sufrió numerosos recortes) y, posteriormente, refrendado mayoritariamente en las urnas.
Todo esto tiene lugar en el contexto de una profunda crisis económica que ha puesto en evidencia la debilidad estructural del capitalismo español, cuyo carácter parasitario y especulativo, ha quedado sobradamente demostrado al haber puesto en pie una economía tan endeble (basada principalmente en la construcción y en la especulación inmobiliaria, así como en el turismo), con una tasa de paro el doble de la existente en la «zona euro» y que difícilmente se recuperará, a pesar de las inyecciones multimillonarias dadas por el Estado español al sector financiero.
Un Estado que, ante la notoria debilidad de la clase dominante y su creciente pérdida de influencia internacional, tanto en la UE como en el resto del mundo, no duda en impulsar un proceso de involución democrática y de centralización política en el plano interior, mientras refuerza sus rasgos militaristas y se embarca en aventuras bélicas en otros países, tratando quizá de congratularse así con sus amos los imperialistas yanquis.
En este contexto, una vez más, se manifiesta con toda claridad que el llamado «problema vasco» constituye el talón de Aquiles, el punto más vulnerable o, por decirlo de otro modo, el eslabón más débil, del capital financiero español y de su Estado. La situación social y política existente en el Sur de Euskal Herria, encierra una enorme potencialidad revolucionaria, tanto si la consideramos en relación con el Estado español como si lo hacemos con en el conjunto de la Europa occidental, en cuyo ámbito nos encontramos. La clase dominante española lo sabe, y también es consciente de ello la burocracia de la UE, construida en base a los intereses comunes del capital financiero de los distintos países.
Y es precisamente en este contexto de crisis social, económica y política, en el que se sitúa la detención, el pasado 13 de Octubre, de diez destacados miembros de la izquierda abertzale, entre los que se encontraban Arnaldo Otegi y Rafa Diez, bajo el pretexto de que, siguiendo instrucciones de ETA, estarían tratando de reorganizar la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna, responde a un intento del Estado español de abortar el debate interno en dicha formación, ante el temor de que su desarrollo pueda propiciar un importante giro político que le permita recuperar la iniciativa y constituirse en el principal polo de referencia para la creación de un amplio bloque abertzale.
En Octubre de 2009, la citada formación sometió a su militancia un Documento para debate, titulado «Clarificando la fase política y la estrategia». Este documento ya ha sido objeto de comentarios en algunos periódicos y su versión completa, en euskara y castellano, ha aparecido colgada en varias páginas web de Internet. Por ello, dicho documento ha pasado a ser de dominio público.
2.- Un debate necesario.
Aunque se trata de un debate interno, para cuyo desarrollo cabe suponer que Batasuna habrá establecido los cauces y los marcos que haya considerado adecuados, también hay que decir que la relevancia de algunas de las cuestiones que se plantean en el citado documento trasciende los propios límites orgánicos de esa formación y afecta al conjunto de la izquierda abertzale. Hay que tener en cuenta que aunque Batasuna se proclama como la «izquierda abertzale» por antonomasia, ésta constituye un amplio y heterogéneo movimiento popular del que dicha formación tan sólo es una parte, aunque sea la más importante.
Por esa misma razón, me atrevo a afirmar que el debate se extenderá a sectores más amplios que los delimitados por las propias estructuras de Batasuna y que, por otra parte, es muy probable que se prolongue en el tiempo más allá de lo que pueda durar el debate interno de la formación abertzale.
De hecho, este debate ya ha comenzado en algunos foros de Internet aunque, también hay que decirlo, creo que ese no es el medio más adecuado porque algunos temas son lo suficientemente complejos como para debatirlos en la red ya que esta no permite discutirlos con la profundidad que requieren y lo único que favorece es que se les de un tratamiento trivial y simplista.
Por otra parte, el sindicato LAB invitó, el pasado 10 de Noviembre, a todos sus afiliados y simpatizantes a participar en un amplio debate «sin límites, injerencias ni ningún tipo de violencia» que va a impulsar dicho sindicato durante los próximos meses y llama a los trabajadores a redoblar esfuerzos por el cambio político.
Estas son algunas de las razones que me han llevado a elaborar este trabajo, con la intención de contribuir, en la medida de lo posible, a ese amplio debate que ya se está iniciando, en el seno de la sociedad vasca. Al mismo tiempo, quiero dejar bien claro que no albergo la menor intención de inmiscuirme o de interferir en el que está llevando a cabo Batasuna, que tiene un carácter interno y que, precisamente por ello, creo que todos debemos respetar.
Para hacernos una mejor idea de la nueva situación que se está creando y que hace más imperioso aún si cabe ese debate ideológico y político, también debemos tener en cuenta que el pasado 14 de Noviembre, un grupo de destacados miembros de la izquierda abertzale, reunido en Alsasua, presentó un documento titulado «Un primer paso para el Proceso Democrático: Principios y voluntad de la izquierda abertzale», en el que se incluían algunos importantes aspectos políticos. Por otra parte, el 21 de Noviembre, EA también hizo público un documento sobre la «unidad de acción abertzale», que era resultado de un debate realizado en dicho partido.
3.- El proceso político.
La lucha por la liberación nacional y la transformación social son dos aspectos inseparables de un mismo proceso. A éste, unos lo califican de «cambio político» y otros lo llamamos Revolución Vasca. El nombre no es lo importante, pero sí que lo es el contenido.
En algunos sectores de la izquierda abertzale existe la tendencia a separar ambos aspectos del proceso y a priorizar el primero sobre el segundo, sin tener en cuenta la interrelación y la interdependencia que existe entre uno y otro. Otros, por el contrario, no tienen en cuenta las condiciones en que se desarrolla el propio proceso, ni la complejidad del mismo, y en consecuencia piensan que cada uno de sus dos aspectos va a tener una misma evolución. En mi opinión, ambas posiciones son erróneas. Veamos porqué.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que aunque fuésemos plenamente independientes pero con un Estado burgués, no tendríamos ninguna garantía de que más pronto o más tarde, la clase dominante, la que tuviera el poder económico y político en Euskal Herria, no acabase subordinándose, de una u otra forma, a cualquiera de las diversas potencias imperialistas, ya fuesen los EEUU o la Unión Europea. En ese caso, seríamos una nación formalmente independiente pero, de hecho, nos encontraríamos de nuevo en una situación de dependencia respecto a una u otra potencia imperialista. Por eso, no podemos dar por finalizado el proceso de liberación nacional mientras Euskal Herria no disponga de un Estado socialista.
En segundo lugar, la interrelación de una serie de factores (económicos, históricos, sociales, políticos, culturales, psicológicos, etc.) hacen que Euskal Herria pueda ser considerada como una realidad socioeconómica diferenciada. Es decir que, al menos su parte sur, constituye una formación social autónoma, con unos rasgos tan acusados que la distinguen, como ámbito particular y específico, de la formación social española, en la que se inserta.
Si tenemos en cuenta que la nación es un ámbito en el que se producen y reproducen tanto el capital como la fuerza de trabajo, en el que se producen y reproducen las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y que también es un ámbito en el que se producen y reproducen las clases y la lucha de clases, podremos entender que la actitud hacia el hecho nacional dependerá, en última instancia, del lugar que ocupemos en el proceso de producción y, en definitiva de la clase social a la que pertenezcamos.
Esto nos permite llegar a la conclusión de que aunque la burguesía vasca y el pueblo trabajador puedan tener ciertos intereses comunes, desde un punto de vista nacional, sin embargo no pueden compartir un mismo proyecto político, porque este no es sino un reflejo de los distintos intereses de clase.
Por otra parte, también hay que tener en cuenta que en el Sur de Euskal Herria se desarrollan las contradicciones propias de toda formación social capitalista y que además surgen otras nuevas que se entrelazan con aquellas, las agudizan y les confieren una especial crudeza, lo que hace que la realidad social vasca se configure como un marco autónomo de la lucha de clases.
Esas condiciones concretas, surgidas como consecuencia del desarrollo desigual del capitalismo, permiten que el Pueblo Trabajador Vasco, con la clase obrera a la cabeza, pueda impulsar un proyecto nacional propio (diferente del de la burguesía vasca) orientado hacia la creación de un Estado Socialista Vasco.
Todo lo cual explica la unicidad del proceso político, es decir la interrelación y la interdependencia de sus dos aspectos, el democrático-nacional y el socialista. Pero, esa característica no implica que, necesariamente, el proceso haya de tener simultaneidad, o lo que es lo mismo que ambos aspectos se vayan a desarrollar de forma sincronizada. Hay varios factores que nos hacen llegar a esta conclusión.
Primero. El desarrollo desigual de las distintas formas de conciencia social. Es evidente que, en determinadas condiciones, sobre todo después de la caída del llamado «socialismo real» y el consiguiente desarme ideológico que ha conllevado, la conciencia nacional se desarrolla a un ritmo más rápido que la conciencia de clase. Una prueba evidente de ello es el peso que tiene el nacionalismo radical, en comparación con el marxismo revolucionario, en el seno de la izquierda abertzale.
Por otra parte, el propio desarrollo de la conciencia nacional, también es muy desigual de unos territorios a otros de Euskal Herria. Es superior en Gipuzkoa y Bizkaia que en Araba y Navarra; y en Hegoalde que en Iparralde. Y, dentro de cada territorio, también es diferente de unos eskualdes a otros. Lamentablemente, la nación vasca es todavía un proyecto inacabado, en construcción. Somos más una realidad histórica y cultural que una comunidad política. Además, Euskal Herria se encuentra realmente invertebrada, al estar dividida entre dos Estados, el español y el francés, y separada en tres ámbitos político-administrativos distintos.
Segundo. La labor homogeneizadora y uniformizadora que están llevando a cabo UPN desde el gobierno de Navarra y el PSOE, desde su llegada al gobierno de Gasteiz, empeñados ambos en desmantelar y en deshacer los pequeños avances que, con grandes esfuerzos, se había logrado realizar en el proceso de construcción nacional, de tal forma que nuestra identidad como pueblo quede cada día más difuminada y seamos definitivamente integrados en la «nación» española. Parece que la iglesia, como aparato ideológico, también va a participar de este esfuerzo uniformizador. Si no, ¿a que otra razón obedecería el nombramiento, por el Vaticano, de Jose Ignacio Munilla como obispo para la diócesis de Gipuzkoa?
Por eso, se puede entender que en un proceso tan dilatado y complejo como el que se nos presenta, pueda haber periodos durante los cuales el desarrollo de sus dos aspectos, el democrático nacional y el socialista, pueda ir «desacompasado». De hecho, en la situación actual, cabe la posibilidad de que se pueda avanzar «más rápido» en el terreno democrático-nacional, y no debemos desaprovechar esa oportunidad porque, a la larga, dicho avance podrá repercutir favorablemente en el desarrollo del otro aspecto del proceso. En este sentido, conviene tener claro que ambos aspectos del proceso político tienen autonomía propia y, en torno a cada uno de ellos, se pueden definir objetivos específicos y establecer, en cada caso, los compromisos y las alianzas más adecuadas.
Ante toda la multiplicidad de factores que debemos tener en cuenta al abordar el proceso político vasco, no caben ni las posturas esquemáticas, ni las ambiguas. Las primeras, suelen ser producto de la rigidez dogmática y las segundas del oportunismo.
4.- El marco democrático.
Desde la izquierda abertzale se ha planteado, en innumerables ocasiones, que la sociedad vasca precisa de un nuevo marco democrático en el que se reconozca el derecho del pueblo vasco a decidir sobre su futuro, es decir el Derecho de Autodeterminación. Y que en dicho contexto, todas las opciones políticas, incluida la independentista, sean igualmente válidas y tengan la misma oportunidad de ser llevadas a la práctica.
Sin embargo, el contenido político de ese nuevo «marco» se suele circunscribir únicamente al aspecto nacional, sin tener en cuenta que la profundización y la extensión de la democracia son factores que también van indisolublemente unidos a la lucha por el socialismo. Es sabido que en la fase imperialista del capitalismo, éste entra en abierta contradicción con la democracia, la restringe y tiende a la reacción política. Una prueba de ello es la involución hacia el autoritarismo que están experimentando los sistemas políticos democrático burgueses en todos los países capitalistas desarrollados, incluidos los de Europa occidental. Por ello, es evidente que la lucha por un nuevo marco democrático debe contemplarse también desde la perspectiva de la lucha por el socialismo, en el sentido de que debe contribuir a favorecerla.
Por supuesto que todas las fuerzas políticas y sociales que podrían participar en la lucha por un nuevo marco democrático, no serán plenamente conscientes de lo que su conquista puede suponer de cara a la transformación socialista en Euskal Herria y hasta es probable que algunas de ellas no la deseen. De ahí la necesidad de impulsar una fuerte corriente revolucionaria en el seno del movimiento democrático vasco.
5.- Objetivos tácticos y estratégicos.
Los objetivos estratégicos son los fines hacia los que se dirige nuestra actividad. Son aquellos que tienen un carácter principal, que son fundamentales, y sólo se pueden alcanzar a largo plazo. Los objetivos tácticos son aquellos que tienen un carácter secundario, en relación con los objetivos estratégicos y se pueden alcanzar a corto o medio plazo. En sí mismos no revisten una gran importancia, pero nos pueden ayudar a alcanzar los objetivos fundamentales. Sólo se les puede considerar en relación con estos últimos. El Estado Socialista Vasco es un objetivo estratégico para la clase obrera y el pueblo trabajador.
Los objetivos tácticos a medio plazo, también se pueden considerar como estratégicos, en relación con los objetivos tácticos a corto plazo. También los podemos llamar «objetivos estratégicos parciales». Al mismo tiempo, estos tienen un carácter táctico respecto a los objetivos estratégicos principales o fundamentales.
En cierta ocasión, para ilustrar las dificultades con que tropezaríamos en la lucha por el socialismo, Lenin la comparaba con el ascenso a una montaña y afirmaba que, para llegar a alcanzar la cumbre, muchas veces nos veríamos obligados a desandar el camino recorrido, a volver sobre nuestros propios pasos y a intentarlo de nuevo por otro lado, a dar un rodeo, hasta que finalmente nuestro esfuerzo se viese coronado por el éxito.
Creo que este un símil suficientemente aclaratorio. Por ello, y en relación con él, se nos plantea la cuestión de si resultaría conveniente, en determinados casos y ante la altura de la montaña a la que pretendemos ascender, el disponer de un «campamento base», que esté situado relativamente cerca de la cumbre, y desde el que podamos atacar ésta con un menor esfuerzo y riesgo.
Si en lugar de emplear un símil montañero usásemos otro de tipo militar podríamos decir, por ejemplo, que un ejército que pretendiese controlar un nudo de comunicaciones o una zona de vital interés por su producción de determinadas materias primas, tal vez necesitase disponer de una «posición avanzada» que le facilitase el ataque y su conquista.
En ambos casos, estaríamos hablando de la necesidad de seguir una «táctica de aproximación» para situarse mejor de cara a conseguir el objetivo principal. Ese «campamento base» o esa «posición avanzada» constituirían, a su vez, cada uno de ellos, un objetivo estratégico parcial o intermedio, en relación con el objetivo estratégico principal.
La lucha por la consecución de objetivos estratégicos parciales, no está en contradicción con la lucha por los objetivos estratégicos fundamentales y, sin embargo, nos puede colocar en una mejor posición para alcanzarlos. En la situación concreta de Euskal Herria podríamos hablar, por ejemplo, de un marco autonómico amplio, para los cuatro territorios de Hegoalde.
La consecución de un objetivo intermedio permitiría consolidar fuerzas, avanzar en la construcción nacional, reforzar nuestra identidad como pueblo, disponer de nuevos instrumentos político-administrativos, dar mayor consistencia a la formación económico social vasca, crear nuevas formas de organización y participación popular, impulsar la movilización de masas, etc. Todo lo cual favorecería, sin duda alguna, la lucha por el socialismo.
No podemos olvidar que el logro de este objetivo debe situarse en relación con la conquista de un nuevo marco democrático en el que el Estado español y el francés reconozcan a Euskal Herria el Derecho de Autodeterminación, es decir su plena capacidad para decidir libremente sobre su futuro, sin ingerencias externas de ningún tipo.
Hoy día, el reconocimiento de este derecho no resulta una cosa impensable en los propios países capitalistas desarrollados (imperialistas). Tenemos dos ejemplos concretos muy recientes en el seno de la UE.. Por una parte, el 21 de Junio entró en vigor el nuevo Estatuto de autonomía de Groenlandia, que había sido aprobado el año anterior, y en el que se reconoce su derecho a la autodeterminación. Por otra, el pasado mes de Septiembre, el gobierno autónomo escocés anunció la celebración de un referéndum de autodeterminación para 2010, en el que se podría plantear la posible independencia de Escocia.
En lo que respecta a Iparralde, hay que tener en cuenta que las diferentes condiciones (históricas, políticas, sociales, económicas, culturales, etc.) que existen allí con relación a Hegoalde, configuran distintas realidades sociales y dificultan la articulación de los procesos políticos en ambas zonas de Euskal Herria. Pero, a pesar de la disimilitud que haya entre ellas, es necesario tener una visión de conjunto, una perspectiva nacional, que permita diseñar estrategias específicas, adecuadas a cada una de esas realidades y, al mismo tiempo, coherentes entre sí. Es lo que conocemos como «desarrollo desigual y combinado» de los procesos sociales y políticos.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, cabe pensar que en Iparralde también se podría impulsar un proceso político con unos objetivos táctico/estratégicos específicos. Por ejemplo, la consecución de un Departamento Vasco o el logro de una autonomía política para Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa, podría favorecer la consolidación de su carácter nacional. Por otra parte, la creación de una eurorregión vasca, de la que pudieran formar parte los siete territorios, en el marco de la UE, también podría contribuir a estrechar los lazos de todo tipo entre el Norte y el Sur de Euskal Herria, en definitiva a vertebrar el país.
6.- Las alianzas.
La conquista de un nuevo marco democrático requiere una amplia movilización popular, para impulsar la cual es imprescindible agrupar al mayor número de fuerzas políticas y sindicales, movimientos sociales, etc. A este agrupamiento, algunos lo denominan «polo soberanista, independentista, o «confluencia abertzale». Yo prefiero llamarlo bloque democrático nacional. En cualquier caso, todos sabemos la importancia que la izquierda abertzale puede tener en su configuración.
Por eso, el Estado español teme verdaderamente que ésta supere la actual situación de asfixia a que la está sometiendo la oleada represiva, se reorganice en base a unos nuevos planteamientos estratégicos y recupere su plena capacidad política, tal como proponían Arnaldo Otegi y sus compañeros en la carta enviada el 25 de Octubre desde la prisión de Estremera. Por eso está redoblando sus esfuerzos para hacerla desaparecer del mapa político de Euskal Herria.
Indudablemente, ese agrupamiento de fuerzas estará sustentado en algún tipo de pacto o de acuerdo al que, en principio, a pesar de los riesgos que conlleva, no nos podemos oponer. Todos sabemos que los partidos políticos, entre otras cosas, son la expresión de unos intereses, sociales, económicos y políticos (de una determinada clase, aunque también lo pueden ser de un sector social o de una fracción de clase). En el espectro político vasco, entre las propias fuerzas nacionalistas, también hay partidos que representan, y defienden, los intereses objetivos de la burguesía o de la pequeña burguesía vasca. Pero, hoy por hoy, no existe ningún partido que defienda los intereses específicos de la clase obrera vasca. Me refiero a sus intereses objetivos estratégicos o fundamentales y no a sus intereses inmediatos.
El proceso político vasco tiene un carácter ambivalente (democrático-nacional y socialista), que le hace inédito. De ahí que, por una parte, para avanzar hacia la conquista de un nuevo marco democrático, que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación, será necesario efectuar compromisos y establecer alianzas entre la clase obrera y diversos sectores y capas de la burguesía vasca. Pero, por otra, para la lucha por el socialismo, no se podrá contar con los mismos aliados. Ello implica que a través del proceso irán surgiendo diversos tipos de contradicciones que habrá que resolver correctamente.
Incluso, de cara a la consecución del propio marco democrático, también habrá que desarrollar alianzas de diversos tipos (asimétricas), es decir que no tendrán el mismo carácter las que se establezcan entre el sector mayoritario de la izquierda abertzale y EA o Aralar que las que se hagan con el PNV. No solamente por las diferentes posturas políticas, que mantienen unos y otros, sobre la cuestión nacional (independentista o autonomista), sino por los distintos intereses de clase que unos y otros representan.
Por eso, aunque son justos los recelos surgidos en algunos sectores de la izquierda abertzale, sobre un posible acuerdo entre ésta y el PNV, teniendo en cuenta el carácter tímido y vacilante de éste, que le hace proclive a los pactos con el Estado; no hay que tener miedo a ello, siempre que se tenga claro qué es lo que representa cada uno, y cuales son el alcance y las limitaciones de dicho acuerdo.
Por otra parte, hay que tener muy en cuenta que en una situación concreta como la que se nos presenta, que presumo va a ser bastante compleja, el proletariado vasco aún se encuentra sin un instrumento organizativo que le permita defender su propio proyecto político, lo que le coloca a la zaga de otras clases sociales y de sus respectivas fuerzas políticas.
También existe el riesgo de que el bloque democrático nacional llegue a convertirse en un mero pacto electoral. De ahí la necesidad de que, al mismo tiempo que se puedan establecer acuerdos «por arriba» entre las distintas fuerzas políticas y sindicales, movimientos sociales, etc., se construya una base popular, una amplia red de organismos unitarios, en pueblos, barrios y ciudades, con la suficiente capacidad para impulsar una fuerte movilización social. La carencia de esta base fue una de las causas del fracaso del Acuerdo de Lizarra.
Al mismo tiempo, la izquierda abertzale tendría que recuperar su carácter integrador, impulsando un proceso dirigido a reagrupar a las distintas corrientes y sensibilidades, algunas de ellas hoy bastante distanciadas entre sí, reforzando así su carácter plural, en base a unos planteamientos unitarios y democráticos.
La recomposición de la izquierda abertzale y la formación del bloque democrático nacional, así como la movilización popular que éste llegase a impulsar, no tendrían que estar subordinadas, en ningún momento, al desarrollo de una posible negociación que pudiera entablarse entre Batasuna y el gobierno español.
7.- La negociación.
Este es un tema sobre el que el sector mayoritario de la izquierda abertzale viene insistiendo y reclamando del Estado español desde hace muchos años. Pero la experiencia histórica de aquellos procesos de lucha política habidos tanto en América Latina (El Salvador y Guatemala), como en Oriente Medio (Palestina), en Europa (Irlanda del Norte) y más recientemente en Asia (Nepal) que han acabado en una mesa de negociaciones, no induce mucho al optimismo. Lo cierto es que, en última instancia, la mayoría de esas negociaciones han resultado más favorables a las clases dominantes y al imperialismo que a las clases populares. Aunque, cabría citar la única excepción de Sudáfrica.
En la mayoría de esas negociaciones, las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, han acabado renunciando a aspectos sustanciales de sus objetivos y el movimiento popular ha llegado a ser desactivado, si no totalmente, al menos de forma significativa y, por si fuera poco, la aplicación de los acuerdos alcanzados se ha ido dilatando cada vez más en el tiempo.
También hay que tener en cuenta que en todos estos casos se mezclaron aspectos políticos y sociales con otros, específicamente militares, derivados del propio carácter violento del conflicto. Y, si consideramos el problema de las negociaciones desde el punto de vista de estos últimos, veremos que, también en todos los casos, una de las partes había llegado previamente a la conclusión de la imposibilidad de derrotar militarmente a la otra, debido a lo cual, se encontraba en una posición psicológica de inferioridad, en la que ya había asumido su derrota estratégica, aunque no lo hubiese exteriorizado.
En algunas ocasiones se ha buscado la negociación como una salida «digna» en lugar de haber procedido a un cambio de táctica, una vez comprobado que con la seguida hasta ese momento no se obtenían los resultados esperados y que la persistencia en la utilización de los mismos métodos era motivo de un desgaste continuado que les alejaba cada vez más del objetivo principal. Así se ha llegado a contemplar la propia negociación como si se tratase de un auténtico objetivo estratégico, desvirtuando por completo los planteamientos originales.
Volviendo a nuestro caso, el de la realidad social y política vasca, todo parece indicar que en el seno del sector mayoritario de la izquierda abertzale se ha ido abriendo paso, cada vez con más fuerza, la idea de que la actividad armada de ETA ya no tiene los mismos efectos que hace unas décadas y que, en la situación actual, lejos de favorecer la acumulación de fuerzas populares la está dificultando. De hecho, la Dialéctica nos enseña que, en determinadas condiciones, cada cosa se puede transformar en su contrario.
De hecho, creo que a nadie se le escapa que esa actividad, con sus trágicas consecuencias, ha venido provocando unos efectos políticos no deseados pues ha contribuido a distorsionar el proceso político vasco, reforzando las posturas de los sectores más reaccionarios e inmovilistas y favoreciendo el aislamiento de la izquierda abertzale. Y, en más de una ocasión, se ha convertido en el principal impedimento para que se alcanzasen acuerdos entre distintas fuerzas políticas y sindicales vascas.
Por ello, en las últimas declaraciones públicas de reconocidos miembros del sector mayoritario de la izquierda abertzale, parece que se busca un cierto distanciamiento respecto a la organización armada, al insistir una y otra vez en la «exclusividad» de las vías pacíficas y democráticas. Lo cual parece que ha sido bien visto por otras fuerzas políticas y hasta por un sector del PNV.
La propuesta de negociación entre la izquierda abertzale y el gobierno español tiene dos objetivos evidentes. La búsqueda, por parte de Batasuna, de un nuevo escenario político en el que pueda volver a la legalidad. Y, con ello, pueda recuperar su presencia en las instituciones. Y, por otra parte, posibilitar la finalización del conflicto armado.
El hecho de que Batasuna trate de volver a estar presente en el Parlamento vasco, no es motivo para que pueda ser acusada de «parlamentarismo», como se hace desde algunos sectores. El propio Lenin, en su crítica a los «izquierdistas» alemanes y holandeses, en 1920, planteó la necesidad de entrar en los parlamentos burgueses, para usarlos a modo de tribuna, altavoz o caja de resonancia, aunque sin hacerse falsas ilusiones acerca de la posibilidad de utilizarlos como instrumento para la transformación revolucionaria.
Sin en aquellos momentos, cuando el proceso de parlamentarización de la vida política era aún incipiente, ya era importante la participación de los revolucionarios en los parlamentos burgueses; podemos imaginarnos cual será su importancia en la actualidad, cuando han llegado a convertirse en el «epicentro» de toda la vida política en los regímenes de democracia burguesa.
Por otra parte, también hay que tener en cuenta que cualquier fuerza política «extraparlamentaria» deja de ser objeto de interés y de atención por parte de los medios de comunicación de masas (prensa, radio y TV) y en la práctica es como si hubiese dejado de existir. Es conocida la máxima de que «lo que no aparece en los medios, no existe». Y esa situación se agudiza mucho más cuando, por parte de la mayoría de estos, siguiendo las pautas de conducta establecidas por el Estado, someten a una feroz censura informativa todas las noticias relacionadas con la izquierda abertzale y, más en concreto, con Batasuna.
También quiero añadir que no tiene mucho sentido el calificar a Batasuna de reformista, cuando este apelativo se ha venido empleando, en la terminología marxista, únicamente para referirse a aquellas personas, grupos u organizaciones, para quienes las reformas habían pasado a constituir su principal objetivo y habían relegado a un segundo término los objetivos revolucionarios (estratégicos o fundamentales) o se habían olvidado de ellos. Pero, según tengo entendido, Batasuna nunca ha sido, ni ha pretendido ser, un partido revolucionario de clase (comunista) sino una fuerza política abertzale y de izquierda, de amplia base popular, es decir de composición social interclasista. Por eso creo que debemos evitar caer en posturas simplistas y esquemáticas al tratar ciertos temas.
Retomando el tema de la negociación, hay que decir que desde que Batasuna lanzó la Propuesta de Anoeta, (14-11-2004), viene proponiendo desdoblar la negociación en dos mesas separadas. Una, que estuviera formada por todos los partidos de ámbito vasco, en la que se tratasen los aspectos meramente políticos; y otra formada por ETA y representantes del gobierno español y en la que se discutieran los temas relacionados con la «desmilitarización» del conflicto.
Conviene recordar que en el anterior proceso negociador entre partidos, que se celebró en el Santuario de Loyola, no participaron todas las formaciones del espectro político vasco sino tan sólo el PS-PSOE, el PNV y Batasuna. Hubo cuatro partidos, presentes en aquellos momentos en el Parlamento autonómico, que no participaron en ellas. El PP, por estar en completo desacuerdo con las mismas; y EA, IU-EB y Aralar, por haber sido marginados.
En dichas conversaciones se llegó a un preacuerdo el 31 de Octubre de 2006, que ha sido reconocido tanto por el PNV como por Batasuna, pero que el PSOE niega que se hubiese producido. Sin embargo, el PNV y Batasuna difieren al explicar la causa de la ruptura de las conversaciones y del preacuerdo alcanzado. Mientras el primero afirmó que en la siguiente reunión, que se celebró el 8 de Noviembre, Batasuna acudió con nuevas exigencias que ellos no podían aceptar; la formación abertzale sostuvo que tanto el PNV como el PS-PSOE se negaron a introducir la independencia como una de las opciones factibles, y que el acuerdo tuviese efectividad en los cuatro territorios de Hegoalde.
¿Existió realmente presión por parte de ETA para plantear esas nuevas exigencias? Si esto fuese cierto, diría muy poco en favor de la pretendida independencia política de Batasuna. ¿Presionó el gobierno español al PS-PSOE y al PNV para que se echasen atrás, porque habían cedido demasiado? Es muy probable y entra dentro de lo que cabía esperar, teniendo en cuenta que aunque las conversaciones tuvieran lugar entre partidos vascos, para luego trasladar los acuerdos al gobierno central, la subordinación del PS-PSOE a la Moncloa es total, y la timidez y las vacilaciones del PNV son bien conocidas.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, así como la experiencia histórica que he citado más arriba, no cabe esperar mucho de una posible negociación. Otra cosa es que Batasuna es muy libre de reclamarla. Pero, convertirla en un objetivo en sí misma, puede tener unas consecuencias peligrosamente desmovilizadoras.
8.- La democracia.
Hay que decir que, sobre este tema, podemos contemplar dos posibles situaciones. La democracia bajo el poder de la burguesía (democracia burguesa) y la democracia en el socialismo (democracia socialista).
En los países capitalistas desarrollados, la burguesía ejerce su dominación de clase, su dictadura, bajo una apariencia democrática. Generalmente, en estos países no necesita emplear de forma abierta y sistemática los mecanismos de coerción (ejército, policía, tribunales,…), pues mediante otros mecanismos «pacíficos», en el marco de la democracia burguesa, obtiene los apoyos (el consentimiento, la aceptación social) suficientes para mantenerse en el poder. Esa es la función que realizan los aparatos ideológicos. Estos, a diferencia del aparato represivo del Estado que funciona mediante la violencia, lo hacen fundamentalmente mediante la ideología.
Gramsci consideraba que, en los países desarrollados, la clase dominante ha logrado una hegemonía ideológica y cultural sobre las clases dominadas, que le permite mantener su dominación sin recurrir al empleo de los medios coercitivos más que cuando ya le resulta imprescindible. Esa hegemonía la ha logrado a través del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. Por eso, en los países imperialistas, el Estado capitalista se encuentra más afianzado que en los países dependientes.
8.1.- Libertad e igualdad.
Estos dos términos, constituyen los pilares básicos de la teoría política burguesa, el liberalismo. En ambos casos, se trata de conceptos, de definiciones abstractas y puramente formales. La burguesía concibe la «libertad» como el derecho de hacer tal o cual cosa, aunque sin proporcionar los medios adecuados para realizarla, sin hacerla factible. En cuanto al concepto de «igualdad», hay que precisar que sólo se trata de una creación teórica, una figura jurídica que, en la práctica, en la realidad, no impide la existencia de grandes desigualdades.
La burguesía crea la figura del «ciudadano», a la que atribuye una serie de derechos. Pero se trata de derechos individuales, pues abstrae a la persona de su entorno. La aísla del grupo, de la colectividad a la que pertenece, ya sea esta la nación o la clase social. De este modo, se separa la política de la economía, el Estado de la sociedad civil.
La teoría política burguesa ignora y oculta, intencionadamente que, como sostenía Lenin, la libertad está inscrita en una constitución que legaliza la propiedad privada y que la propiedad privada de los medios de producción divide a la sociedad en explotadores y explotados, entre los que no es posible la igualdad ni el mismo grado de libertad. De ahí que no sean iguales el explotador y el explotado, y que no haya una verdadera democracia allí donde una minoría controla la mayor parte de las riquezas de la sociedad y, que gracias a ello, domina el Estado.
La democracia burguesa tiene un carácter formal y abstracto. Esto se pone de manifiesto en todos los aspectos de la vida económica, política y social. Por ejemplo, la ley reconoce la «libertad de prensa» como un derecho de todos los ciudadanos. Pero, da la «casualidad» de que en la sociedad capitalista, los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), no son accesibles a todos los ciudadanos y ciudadanas, por igual, sino que se trata de una serie de empresas (que son propiedad privada), que están controladas por determinados grupos financieros. Vemos aquí como la «libertad» y la «igualdad» teóricas (de derecho), en la realidad son imposibles de alcanzar, en el marco del sistema capitalista. Ese es el verdadero trasfondo del liberalismo y el democratismo burgués.
En Euskal Herria ya tenemos la triste experiencia de que, precisamente en nombre de esa democracia, se haya procedido al cierre de medios de comunicación como EGIN, Ardi Beltza, Egin Irratia o Egunkaria.
Lo mismo ocurre con el «derecho de reunión». Todas las constituciones democrático-burguesas lo reconocen. Sin embargo, para que el pueblo trabajador, los obreros y obreras de una fábrica, los vecinos y vecinas de un barrio, se puedan reunir, necesitan disponer de locales adecuados y, da la causalidad de que los mejores edificios son propiedad privada.
¿Igualdad ante la ley? ¿Neutralidad del Estado? Nada más lejos de la realidad. Son falacias con las que el liberalismo burgués pretende disimular la vinculación del dinero con el poder político y de ocultar que la burguesía, a través de mil medios probados ya por una larga experiencia, controla los resortes del Estado y que éste únicamente está dedicado a defender sus intereses, por lo que nunca tratará de un modo «igualitario» e «imparcial» a todas las personas. Por el contrario, éstas son tratadas de una u otra forma dependiendo de la clase social a la que pertenezcan.
Por supuesto que si comparamos el fascismo con la democracia burguesa, los derechos y libertades (a pesar de su carácter abstracto y formal) que existen en ésta, con la total ausencia de los mismos en aquel, es evidente que optamos por la segunda. Sin embargo, una cosa sí debe quedar meridianamente clara y es que tanto la democracia burguesa como el fascismo, no son más que distintas formas de dominación de una misma clase y el que la burguesía recurra a emplear una u otra, dependerá de una serie de factores y circunstancias históricas (económicas, políticas, sociales, etc.).
Por ello, si se nos presentan las tan cacareadas libertades democráticas como el máximo grado de libertad y de democracia, entonces tendremos que decir que esa democracia tiene un carácter de clase, que es una democracia burguesa y que, por tanto, es incomparablemente menos democrática que aquella que desarrollará el pueblo trabajador cuando detente el poder y suprima la propiedad privada de los medios de producción, abriendo paso con ello a un nuevo sistema político de amplia participación popular en la solución de todos los problemas de la sociedad.
8.2.- La separación de poderes.
Otro de los fundamentos teóricos de la democracia burguesa es el de la pretendida «separación de poderes», que se ha convertido, en nuestros días, en un auténtico fetiche político. Esta teoría fue creada por el filósofo ingles John Locke (1632-1704), ideólogo de la segunda revolución inglesa (1668-1669) y considerado como el padre del liberalismo moderno. Posteriormente fue desarrollada por el filósofo francés Montesquieu (1689-1755).
La teoría de la «separación de poderes» tiene una base real. Se apoya en las funciones que, en la práctica, desarrolla el Estado. En líneas generales, entre otras cosas, estas consisten en: promulgar las leyes, aplicarlas y juzgar a quien las incumple. A partir de esa división, que es real aunque no la única posible, se elabora la teoría según la cual dichas funciones deben ser desarrolladas por tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) independientes entre sí, para que cada uno de ellos pueda ejercer una especie de «contrapeso» que contrarreste y equilibre a los demás, evitando así que se cometan abusos.
Pero esta teoría casi nunca ha pasado de ser «papel mojado», pues los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales, actúan de común acuerdo, sirviendo a los intereses del gran capital. Por otra parte, en las tres últimas décadas, el poder ejecutivo ha ido adquiriendo una creciente preponderancia sobre los otros poderes, que en la práctica se han ido subordinando progresivamente a aquel.
8.3.- Participación y representación.
Otro de los rasgos más acusados de la democracia burguesa es la de ser poco participativa. Esto sucede porque el llamado principio de «representación», no permite la participación real y permanente del pueblo en el ejercicio del poder, a todos los niveles. Se trata de una democracia «delegada» o «transferida», ya que la participación popular se encuentra limitada a la labor de elegir, cada cuatro o cinco años, a un puñado de políticos profesionales para formar parte de algunos de los órganos del aparato del Estado burgués.
El sistema burgués de representación política permite la separación del pueblo trabajador del gobierno de un país. Le impide su acceso al poder político mientras que, por otra parte, le da la falsa sensación de que los gobernantes son una «emanación de la voluntad popular». La democracia burguesa reduce la participación popular al mero acto electoral. En él comienza y acaba la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas. Toda otra forma de intervención política del pueblo queda descartada, salvo el caso excepcional de algún referéndum (que el gobierno convoca cuando cree tener asegurado, de antemano, el triunfo de sus propuestas).
Por otra parte, la democracia burguesa es muy poco «representativa» pues tan sólo existe la posibilidad de elegir a una minoría, a una pequeña parte de quienes rigen los destinos del país, ya que no son elegibles los altos funcionarios, los jueces, los mandos del ejército y de la policía, etc., todos ellos con un extraordinario poder en sus manos en los modernos Estados burgueses.
A todo esto hay que añadir que los elegidos no pueden ser controlados por sus electores, ya que no existe la posibilidad de revocarlos de sus puestos. Además, la posibilidad de que los cargos electos puedan defender realmente los intereses populares es ínfima. Los partidos que lleguen a formar Gobierno, siempre desarrollarán una política en consonancia con los intereses del gran capital y que, por tanto, no estará en contradicción con el propio aparato estatal de la burguesía. Pero, en cualquier caso, la clase dominante siempre tiene la posibilidad de dar un golpe de Estado ya que, generalmente, las propias constituciones burguesas suelen amparar legalmente una posible intervención militar en «defensa del orden constitucional».
Ya hemos dicho más arriba que, en la época del imperialismo, el capitalismo entra en abierta contradicción con la democracia. Ha llegado a una situación en la que ésta le estorba y, a partir de ahí, se inicia un proceso de involución en casi todos los países. Pues bien, este proceso se caracteriza por el reforzamiento del aparato estatal, la concentración de las riendas del poder y el recorte de todo tipo de derechos y libertades.
En Euskal Herria también tenemos una amarga experiencia de esto cuando, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, y amparándose en la «ley de partidos», creada ex profeso para ello, se ha ilegalizado a una larga serie de partidos, plataformas, coaliciones, movimientos juveniles y asociaciones de distintos tipos, impidiendo la participación electoral del sector mayoritario de la izquierda abertzale y dejando sin representación política a un amplio sector de la población vasca.
9.- El socialismo.
Para terminar, quiero tocar una cuestión que en los últimos años se ha puesto de actualidad. Me refiero a la del socialismo. Una cuestión que también se aborda en el documento «Clarificando la fase política y la estrategia», al que nos referíamos al principio. Este es un tema muy amplio y, de hecho, requeriría ser objeto de un debate específico. Por eso, en este trabajo sólo voy a hacer una breve aproximación al mismo.
También, por otra parte, entre los días 17 y 19 de Noviembre, se celebraron en Donostia los «ASKEncuentros 2009. En defensa de la humanidad, hacia un socialismo siglo XXI». Lamentablemente, me resultó imposible asistir a ellos pero procuré seguirlos a través de la prensa. Entre las diversas cuestiones allí tratadas está el reconocimiento de que no existe un «modelo» socialista. En eso, estamos completamente de acuerdo. Pero, creo que han tardado mucho tiempo en llegar a esa conclusión.
El propio Lenin, entre las reflexiones que hizo en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, ya manifestó que no todas las naciones llegarán al socialismo exactamente de la misma manera, sino que «cada una contribuirá con algo propio, a tal o cual forma de democracia, a tal o cual variedad de dictadura del proletariado, a tal o cual variación en el ritmo de las transformaciones socialistas». Y es que el quid de la cuestión no está en el «modelo», sino en el propio concepto de socialismo.
Pero, ¿qué entendemos por socialismo? Indudablemente no algo acabado, estable, defnitivo, es decir algo estático. Muy al contrario, en base a la propia teoría marxista y a la experiencia histórica, podemos afirmar que se trata de una situación transitoria, inestable, convulsa, reversible. Se trata, por tanto de algo dinámico.
Podríamos definirlo como un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo, la sociedad sin clases. Un periodo durante el cual todavía seguirán existiendo las clases sociales, las contradicciones y la lucha de clases, tanto en la base económica de la sociedad como en su superestructura (jurídica, política, ideológica y cultural). El tipo de Estado que corresponde a ese periodo, es el Estado Socialista.
El socialismo es un periodo de transición y, al mismo tiempo es un proceso de transformación, de cambio. Por eso, el socialismo es un proceso de destrucción / construcción. De destrucción del viejo Estado, de las viejas formas de propiedad y de gestión, de las viejas relaciones de producción, del viejo sistema jurídico, de las viejas ideas (individualistas, egoístas, insolidarias, chovinistas, machistas, …), etc. El término «destrucción» no debe entenderse como destrucción mecánica, física, sino como negación dialéctica, como superación de lo viejo y su sustitución por lo nuevo.
Pero este proceso no es unidireccional, no es irreversible, su resultado no está definitivamente garantizado. La involución es posible. Tenemos una experiencia histórica que no podemos olvidar, la degeneración burocrática y posterior desmoronamiento del llamado «socialismo real», que condujo a la restauración del capitalismo más salvaje en los antiguos países socialistas.
Históricamente, al régimen político que corresponde a este periodo, se le ha llamado dictadura del proletariado. Aunque el término pueda tener alguna connotación adversa y se tienda a identificarlo con formas autoritarias o despóticas de gobierno, en realidad no es más que la expresión sintética del concepto de poder (dominio, imperio) de una clase social determinada. De esa forma, se emplearía en oposición al concepto de dictadura de la burguesía.
Al igual que la dictadura de la burguesía se puede manifestar bajo distintas formas, ya sean estas democrático-parlamentarias e incluso fascistas, la dictadura del proletariado también podrá hacerlo de distintas formas y, aunque la experiencia histórica nos pueda inducir a pensar lo contrario, lo cierto es que de su propio carácter no se desprende que, necesariamente, tenga que presentarse bajo formas autoritarias, sino que también puede hacerlo bajo formas democráticas. Lo cual implica la posibilidad de que, junto a muchas otras formas de organización popular, también puedan existir partidos políticos, siempre que respeten la legalidad socialista.
En el socialismo, el funcionamiento de la economía no se abandonará al azar, al juego espontáneo de las leyes del mercado, sino que se organizará mediante el mecanismo de la planificación. Esta, a su vez, a diferencia de la planificación que se realiza en algunos casos bajo el capitalismo, tendrá que basarse en la propiedad social de los principales medios de producción.
Lo que he apuntado hasta aquí, no es un «modelo» de socialismo sino que responde al concepto del mismo, elaborado a partir del exhaustivo análisis del proceso de producción capitalista que llevó a cabo Carlos Marx, partiendo de su elemento básico, la mercancía. En dicho análisis se encuentra la clave, el verdadero origen de la explotación capitalista. Porque es en el ámbito de la producción donde tiene lugar la creación del valor (la riqueza) por medio del trabajo asalariado y también es allí donde tiene lugar la apropiación del fruto del mismo por parte de los propietarios de los medios de producción, los capitalistas.
En la esfera de la producción aparece con toda nitidez la división de la sociedad en clases y más en concreto en las dos clases fundamentales y antagónicas de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado. La primera, propietaria de los medios de producción y la segunda poseedora únicamente de su propia fuerza de trabajo.
A través del proceso de producción tiene lugar la apropiación por parte de los capitalistas de la plusvalía que producen los trabajadores. También es en él donde se establecen, entre unos y otros, las relaciones de producción, basadas en la explotación asalariada del proletariado por parte de la burguesía. Sin embargo, hoy día, aparecen «nuevas» teorías que tergiversan lo esencial del concepto científico de socialismo y que constituyen auténticos cantos de sirena que tratan de confundir y desorientar a la clase obrera y al movimiento revolucionario.
9.1.- Viejas teorías con nuevas caras.
Por una parte, está la teoría del llamado «socialismo del siglo XXI», cuyo creador y principal exponente es Heinz Dieterich, asesor de Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta teoría desenfoca el análisis de la cuestión. En vez de centrarse en el proceso de producción, que es donde se encuentran las causas de la explotación, se centran en aquel otro en el que se manifiestan sus efectos, la pobreza, la marginación social, la precariedad, las desigualdades, etc. Esto es, se fijan especialmente en el proceso de distribución. Así, escamotean la cuestión del poder, es decir del Estado, y la de la propiedad privada de los medios de producción.
De ahí que, su principal propuesta sea la de promover una «economía de los equivalentes», según la cual, simplemente aplicando un nuevo método de cálculo, la matriz denominada «rosa de Peters», se podría determinar con gran exactitud el valor incorporado a las mercancías y estas se podrían cambiar entre sí no en base al valor de cambio de las mismas, sino al valor real del tiempo de trabajo incorporado. Así, según Dieterich, se podría eliminar el valor de cambio y desaparecería la plusvalía. Y todo esto, sin necesidad de tomar el poder, ni de expropiar los principales medios de producción a los capitalistas. Sólo sería cuestión de ir poniendo progresivamente en práctica esta «teoría», primero en unos pocos lugares y luego extenderla al conjunto de la economía. ¿No recuerda esto al socialismo utópico que criticaron Marx y Engels?
Continuando con esta teoría, aunque sin ánimo de ser exhaustivos, hay que decir que también tiene otros aspectos que debemos tener en cuenta. Presenta un estructura social basada en dos niveles. En el superior está la «élite», concepto que toma de la sociología burguesa (teoría funcionalista de Pareto, Mosca, Michels, etc.). Y en el inferior están los «excluídos», o como también lo denomina, la «comunidad de víctimas», un conjunto abigarrado de gente que él define como «multicultural, pluriétnica y policlasista», en el que la clase obrera es un componente más, aunque desprovista de aquellas características derivadas de la posición que ocupa en la estructura social y que hacen de ella la clase objetivamente más interesada en acabar con la explotación capitalista.
El «socialismo del siglo XXI» habla de la «desconcentración de la riqueza social» y propone acabar con la economía de mercado, pero nada dice sobre la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción. Habla de la «desaparición de las funciones clasistas y de la identidad represiva del Estado», pero no habla de la destrucción (desmantelamiento) del Estado burgués, ni de la dictadura del proletariado.
Para el «socialismo del siglo XXI» las clases han dejado de ser una categoría de análisis de la estructura social y, con ello, la clase obrera ha dejado de ser el sujeto histórico de la transformación revolucionaria. Por eso, no debe extrañarnos que en Venezuela, donde Dieterich está tratando de experimentar su teoría, sea la burguesía no monopolista quien dirija el proceso de la «revolución bolivariana». Sobre ésta, quiero dejar claro que, aunque es evidente que no se trata de una revolución socialista, sin embargo tiene aspectos progresistas y un marcado contenido antiimperialista. No obstante, tendrá que ser el conjunto del pueblo trabajador venezolano, con la clase obrera a la cabeza, quien asuma la dirección del proceso político y le imprima una verdadera orientación revolucionaria y socialista.
Por otra parte, ahora me voy a referir al llamado «socialismo identitario», que se dice inspirado en aquel y que ha logrado un alto grado de aceptación entre la izquierda abertzale. También parte de que no existe un modelo de socialismo que podamos «importar» y que, por ello, lo debemos construir a partir de nuestra propia realidad. histórica. Hasta aquí, podemos estar de acuerdo. Sin embargo, cuando empiezan a detallar su modelo, es cuando se manifiestan sus incongruencias.
En primer lugar, dicen que este modelo «debe ser consensuado entre toda la población». Resultaría paradójico que la burguesía vasca también tuviese que participar de ese «consenso», para definir el modelo de socialismo que queremos para Euskal Herria. Los defensores del «socialismo identitario» parecen no haberse dado cuenta de que en la sociedad vasca también hay clases enfrentadas por contradicciones antagónicas.
Proponen un sector público que intervenga fuertemente en la economía y que esa intervención sea «transparente» y «orientada por la planificación» elaborada por una sociedad participativa. Dicha intervención habría de estar «orientada hacia los graves desajustes que provoca el mercado». En cuanto a la necesaria fortaleza del sector público, según los defensores de esta teoría, no debería obedecer a «razones ideológicas» sino a «razones de eficacia económica».
Sin embargo, no dicen nada acerca de cómo desarrollar ese sector público, si sería en base a la nacionalización de las empresas más importantes (mediante la expropiación de los principales accionistas, aunque respetando a los pequeños) o estaría formado por empresas de nueva creación, en base a la inversión pública, pero respetando los intereses de los grandes capitalistas.
En definitiva que proponen un «fuerte sector público» por puras razones de eficacia económica, por puro utilitarismo, sin verlo como una cuestión esencial para avanzar hacia la supresión del capitalismo (que eso serían razones ideológicas). Proponen un «sector público» como el que pueda existir en cualquier país capitalista desarrollado, por muy «transparente» que pueda ser su funcionamiento. Y, además, ¿cómo se llevaría a cabo el control social del sector público? ¿Qué papel desempeñarían los trabajadores-as de las empresas públicas en su gestión? ¿Acaso se dejaría todo en manos de la burocracia administrativa?
En cuanto al tipo de planificación económica que proponen, sin entrar a debatir si tendría que ser centralizada o descentralizada, vinculante o indicativa, tampoco tienen en cuenta que, en cualquier caso, una planificación socialista debe apoyarse en la propiedad colectiva (sin que esta sea, necesariamente, estatal) de los principales medios de producción. Por otra parte, aunque es lógico pensar que, durante un largo periodo, la planificación económica deba coexistir con el mercado, su función principal no debe ser la de corregir los «graves desajustes» provocados por éste, sino la de crear las condiciones para la desaparición del mismo.
Los defensores del «socialismo identitario» no proponen otra cosa que una economía mixta que, aunque podría ser aceptable en determinadas condiciones, de forma transitoria, por ejemplo en el caso de que el pueblo trabajador vasco llegase a conquistar esa posición avanzada de la que hablaba más arriba, en ningún caso se puede tratar de hacer pasar por socialismo. En realidad, de lo que se trata es de la llamada «tercera vía», supuestamente situada entre el socialismo y el capitalismo.
Completan su teoría con los consabidos tópicos de la «valoración del trabajo doméstico y del trabajo social», el «reparto del trabajo», la «redistribución de la riqueza», el establecimiento de una «renta mínima», etc. Todas ellas reivindicaciones muy legítimas pero que no constituyen rasgos específicos y diferenciadores del socialismo ya que, en determinadas condiciones, pueden ser perfectamente asumidas por el capitalismo.
Para acabar mi referencia a estas teorías pseudosocialistas, hay que decir que ambas consideran que se debe sustituir la democracia formal por otra participativa. En este aspecto, creo que no se puede poner ninguna objeción a todos los esfuerzos que vayan dirigidos a superar los límites y restricciones de la democracia burguesa Incluso aunque todavía no nos encontremos en el socialismo.
Sólo quiero resaltar que hasta la democracia burguesa más radical «se detiene a la puerta de la fábrica». El ámbito laboral constituye un coto reservado al autoritarismo de los patronos. La gestión de las empresas, la organización de la producción, los reglamentos internos, las decisiones sobre las inversiones a realizar, los medios de producción a emplear, la designación de los mandos y cuadros intermedios, etc. se las reservan en exclusiva los capitalistas y, sin embargo, los trabajadores y trabajadoras se ven siempre directamente afectados por ellas. De ahí que, si verdaderamente queremos profundizar en la democracia, también habrá que extenderla al interior mismo de los centros de trabajo. Y nada de esto plantean los defensores del «nuevo socialismo».
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