Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso. El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso cargado de una retórica […]
Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso.
El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso cargado de una retórica hostil, que rememoró los tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en un teatro de Miami, anunció la política de su gobierno hacia Cuba que revierte avances alcanzados en los dos últimos años, después que el 17 de diciembre de 2014 los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama dieran a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales.
En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump pronunció un discurso y firmó en el propio acto una directiva de política denominada «Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba» disponiendo la eliminación de los intercambios educacionales «pueblo a pueblo» a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad, todo ello con el pretendido objetivo de privarnos de ingresos. El mandatario estadounidense justificó esta política con supuestas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que nuestro país realice cambios inherentes a su ordenamiento constitucional.
Trump derogó asimismo la Directiva Presidencial de Política «Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba», emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016, la cual aunque no ocultaba el carácter injerencista de la política estadounidense, ni el objetivo de hacer avanzar sus intereses en la consecución de cambios en el orden económico, político y social de nuestro país, había reconocido la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba y al gobierno cubano como un interlocutor legítimo e igual, así como los beneficios que reportaría a ambos países y pueblos una relación de convivencia civilizada dentro de las grandes diferencias que existen entre los dos gobiernos. También admitía que el bloqueo era una política obsoleta y que debía ser eliminado.
Nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos recurre a métodos coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del bloqueo, en vigor desde febrero de 1962, que no solo provoca daños y privaciones al pueblo cubano y constituye un innegable obstáculo al desarrollo de nuestra economía, sino que afecta también la soberanía y los intereses de otros países, concitando el rechazo internacional.
Las medidas anunciadas imponen trabas adicionales a las muy restringidas oportunidades que el sector empresarial estadounidense tenía para comerciar e invertir en Cuba.
A su vez, restringen aún más el derecho de los ciudadanos estadounidenses de visitar nuestro país, ya limitado por la obligación de usar licencias discriminatorias, en momentos en que el Congreso de los Estados Unidos, como reflejo del sentir de amplios sectores de esa sociedad, reclama no solo que se ponga fin a la prohibición de viajar, sino también que se eliminen las restricciones al comercio con Cuba.
Los anuncios del presidente Trump contradicen el apoyo mayoritario de la opinión pública estadounidense, incluyendo el de la emigración cubana en ese país, al levantamiento total del bloqueo y a las relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos.
En su lugar, el Presidente estadounidense, otra vez mal asesorado, toma decisiones que favorecen los intereses políticos de una minoría extremista de origen cubano del estado de Florida, que por motivaciones mezquinas no desiste de su pretensión de castigar a Cuba y a su pueblo, por ejercer el derecho legítimo y soberano de ser libre y haber tomado las riendas de su propio destino.
Posteriormente haremos un análisis más profundo del alcance y las implicaciones de este anuncio.
El Gobierno de Cuba denuncia las nuevas medidas de endurecimiento del bloqueo, que están destinadas a fracasar como se ha demostrado repetidamente en el pasado, y que no lograrán su propósito de debilitar a la Revolución ni doblegar al pueblo cubano, cuya resistencia a las agresiones de cualquier tipo y origen ha sido probada a lo largo de casi seis décadas.
El Gobierno de Cuba rechaza la manipulación con fines políticos y el doble rasero en el tratamiento del tema de los derechos humanos. El pueblo cubano disfruta de derechos y libertades fundamentales, y exhibe logros de los que se siente orgulloso y que son una quimera para muchos países del mundo, incluyendo a los propios Estados Unidos, como el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, el salario igual por trabajo igual, los derechos de los niños, y el derecho a la alimentación, la paz y al desarrollo. Con sus modestos recursos, Cuba ha contribuido también a la mejoría de los derechos humanos en muchos lugares del mundo, a pesar de las limitaciones que le impone su condición de país bloqueado.
Los Estados Unidos no están en condiciones de darnos lecciones. Tenemos serias preocupaciones por el respeto y las garantías de los derechos humanos en ese país, donde hay numerosos casos de asesinatos, brutalidad y abusos policiales, en particular contra la población afroamericana; se viola el derecho a la vida como resultado de las muertes por armas de fuego; se explota el trabajo infantil y existen graves manifestaciones de discriminación racial; se amenaza con imponer más restricciones a los servicios de salud, que dejarían a 23 millones de personas sin seguro médico; existe la desigualdad salarial entre hombres y mujeres; se margina a emigrantes y refugiados, en particular los procedentes de países islámicos; se pretende levantar muros que denigran a vecinos; y se abandonan los compromisos internacionales para preservar el medio ambiente y enfrentar el cambio climático.
Asimismo, son motivo de preocupación las violaciones de los derechos humanos cometidas por los Estados Unidos en otros países, como las detenciones arbitrarias de decenas de presos en el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo en Cuba, donde incluso se ha torturado; las ejecuciones extrajudiciales y las muertes de civiles causadas por bombas y el empleo de drones; y las guerras desatadas contra diversos países como Irak, sustentadas en mentiras sobre la posesión de armas de exterminio masivo, con consecuencias nefastas para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región del Medio Oriente.
Recordamos que Cuba es Estado Parte de 44 instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, mientras que los Estados Unidos lo es solo de 18, por lo que tenemos mucho que mostrar, opinar, y defender.
Al confirmar la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas, Cuba y los Estados Unidos ratificaron la intención de desarrollar vínculos respetuosos y de cooperación entre ambos pueblos y gobiernos, basados en los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En su Declaración, emitida el 1 de julio de 2015, el Gobierno Revolucionario de Cuba reafirmó que «estas relaciones deberán cimentarse en el respeto absoluto a nuestra independencia y soberanía; el derecho inalienable de todo Estado a elegir el sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia de ninguna forma; y la igualdad soberana y la reciprocidad, que constituyen principios irrenunciables del Derecho Internacional», tal como refrendó la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en su II Cumbre, en La Habana. Cuba no ha renunciado a estos principios ni renunciará jamás.
El Gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el Gobierno de los Estados Unidos. En los dos últimos años se ha demostrado que los dos países, como ha expresado reiteradamente el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambas naciones y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia, ni acepte condicionamientos de ninguna índole.
Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso.
Los cambios que sean necesarios en Cuba, como los realizados desde 1959 y los que estamos acometiendo ahora como parte del proceso de actualización de nuestro modelo económico y social, los seguirá decidiendo soberanamente el pueblo cubano.
Como hemos hecho desde el triunfo del 1ro. de enero de 1959, asumiremos cualquier riesgo y continuaremos firmes y seguros en la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.
Fuente: http://www.minrex.gob.cu/es/declaracion-del-gobierno-revolucionario-7