¿De quién es una iglesia? En Navarra, esta pregunta genera un intenso debate, sobre todo después de que la Iglesia Católica iniciase una discreta pero ingente campaña de registrar a su nombre parroquias, ermitas y tierras amparándose en una normativa franquista. ¿A quién pertenece una parroquia rural, un camposanto o los retablos que adornan los […]
¿De quién es una iglesia? En Navarra, esta pregunta genera un intenso debate, sobre todo después de que la Iglesia Católica iniciase una discreta pero ingente campaña de registrar a su nombre parroquias, ermitas y tierras amparándose en una normativa franquista.
¿A quién pertenece una parroquia rural, un camposanto o los retablos que adornan los templos? Desde hace varios años, más de un centenar de ayuntamientos de Navarra desempolvan viejos archivos y documentos históricos para no tener que despedirse de sus propiedades.
Y es que, sin apenas hacer ruido, la diócesis de Navarra ha visto en apenas una década multiplicarse su patrimonio mediante una sencilla fórmula: registrar a su nombre toda clase de iglesias y edificios de carácter sagrado sin titular definido, acogiéndose para ello a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria, una reglamentación aprobada por el Franquismo en 1948 y que concedía al Vaticano privilegios exclusivos.
Acogiéndose a esta vía excepcional, y con un mínimo coste (en torno a 20 o 30 euros por inscribir las propiedades a su nombre) la Iglesia Católica ha llegado a hacerse con bienes de valor millonario. El proceso es silencioso. El registro no aparece en ninguna publicación oficial. La prensa tampoco tiene noticia. Con una firma y un pago simbólico, un bien público puede volverse privado sin que la población del municipio ni sus representantes lleguen a darse cuenta.
«Por el precio de una campana registran toda una iglesia», denuncia José María Esparza, historiador y miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. Según afirma, aunque la ley es la misma y situaciones iguales pueden producirse en todo el Estado, han sido sobre todo los municipios navarros los más afectados por esta práctica. «No exageramos si advertimos que probablemente nos encontremos ante la mayor apropiación indebida de la historia de Navarra, después de la propia conquista del Reino; la privatización del mayor patrimonio comunal urbano de Navarra, esto es, las iglesias y ermitas de todos los pueblos, que encierran una riqueza inmensurable en su mobiliario», ha escrito Esparza sobre este asunto. De acuerdo a los cálculos de la Plataforma, bajo el mandato del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Fernando Sebastián, la iglesia navarra escrituró como suyas unas mil iglesias y ermitas.
Una vieja costumbre
El fenómeno no es nuevo. La iglesia viene escriturando inmuebles desde los años ’30. Pero la actual voracidad registradora, a juicio de Esparza, pudo llevarse a cabo «gracias a una modificación de la ley que el Gobierno de Aznar aprobó en 1998», cuando el Ejecutivo derogó un artículo que prohibía expresamente apropiarse de los lugares de culto. De hecho, la propia legislación sobre este asunto podría resumir las relaciones Iglesia-Estado del último siglo. Durante la II República, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 establecía claramente la propiedad pública de los templos, que la Iglesia podría administrar, pero de los que no podía disponer. Tras la Guerra Civil, el Gobierno franquista daba al Vaticano la posibilidad de registrar estos lugares como si fuera el propio Estado. Tras la dictadura se limitaron estos privilegios, pero el paso de Aznar por la Moncloa facilitó que las diócesis escriturasen los inmuebles.
Actualmente, mientras se reabre el debate sobre el Concordato con el Vaticano, los bienes suponen un apreciable colchón económico. «El valor es absolutamente incalculable», señala Esparza, para quien «la duda no es qué pasa con los inmuebles, sino qué pasa con todo el arte, con los retablos». Más aún, representantes de la Plataforma aseguran que el problema no es sólo que se apropien de los bienes, sino que además se venden. Un ejemplo ha sido la iglesia de San Nicolás de Tudela, cuya propiedad el Arzobispado traspasará al Consistorio para construir un centro cívico. «Lo que hacen es vender a ayuntamientos lo que antes era suyo», critica Esparza. «En sitios como Tafalla han intentado cobrar al Ayuntamiento por ceder la iglesia para los conciertos que antes hacían gratis, ahora quieren cobrar 300 euros por usar el templo». Cansadas de este tipo de situaciones, una serie de localidades navarras dieron pie a la Plataforma. Hoy cerca de un centenar de municipios han mandado ya una instancia contra la inscripción en el Registro de la Propiedad de edificios religiosos por parte de la Iglesia Católica. Y el 15 de diciembre, representantes de 117 localidades y concejos y miembros de la Plataforma acordaban impulsar acciones en defensa del patrimonio en una asamblea municipalista celebrada en Burlada. Cuestionan el principal argumento que usa el arzobispado, según el cual los templos son suyos «desde tiempo inmemorial», cuando muchos consistorios tienen memoria escrita de las construcciones y del trabajo de los municipios en el trabajo de las iglesias. «También se dice que antes de que existieran los ayuntamientos ya estaban allí las iglesias, pero es que incluso entonces las tareas del ayuntamiento se hacían en el mismo templo».
Otros conflictos con la iglesia
La Comunidad de Madrid es otro de los territorios donde se deja sentir la influencia del clero más reaccionario. Allí también se han producido recientemente ejemplos del afán de lucro del arzobispado con los bienes eclesiásticos, así como de las buenas relaciones entre poder político y religioso que llevan a dudar de la separación Iglesia-Estado. En octubre de 2007, la Asociación de Vecinos de Alameda de Osuna solicitaba al Arzobispado que «no se lucre a cuenta de una donación», con la venta de la iglesia del Padre Nuestro. Los habitantes de este barrio pedían que la parcela donde se situaba la iglesia se cediera para la construcción de equipamientos públicos, y recogieron mil firmas con esta petición. Otro caso similar se dio el 13 de diciembre, cuando el Ayuntamiento del PP publicó la cesión directa y gratuita de una parcela para el arzobispado en el barrio de Villaverde. La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque critica que se obvie la necesidad de equipamientos sociales.