Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones y las normas para hacer efectivo este derecho, regulando el uso del suelo en interés general para impedir la especulación (Constitución, artículo 47). Frente al derecho, existen rentistas culpables y gobiernos responsables que impiden que el precepto constitucional se haga efectivo.
Una manifestación por el derecho a la vivienda digna ha reunido este sábado en Madrid a miles de personas para pedir la bajada de las alquileres y el fin de la especulación inmobiliaria, en tanto que han advertido la posibilidad de llevar a cabo una huelga de alquileres para lograr sus objetivos. La marcha en la capital ha movilizado a más de 150.000 personas, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y otras organizaciones sociales.
La vivienda ha sido un derecho históricamente desprotegido en España, lo que viola el derecho a la vivienda que afecta a millones de personas. La vivienda se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho, lo que ha dificultado el acceso a la misma y de forma especial para las personas en situaciones más vulnerables. España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas.
La crisis de la vivienda en España hunde sus raíces en las últimas décadas, con especial incidencia de la crisis de 2008 cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad. A todo ello se suma el impacto económico y social de la pandemia y las malas perspectivas actuales ante la crisis energética y el incremento del coste de la vida en un escenario de fuerte incertidumbre.
La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y debería ser un santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad. Considerada cada vez más como una mercancía, la vivienda es sobre todo un derecho humano. En virtud del derecho internacional, el derecho una vivienda adecuada entraña tener seguridad de la tenencia, sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar.
En el derecho a la vivienda hay que valorar una serie de aspectos. En primer lugar, estamos ante un derecho social en sentido estricto, es decir se trata de un derecho que no se configura como subjetivo y que, en consecuencia, no confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención directa de una vivienda digna y adecuada. Actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo.
Las referencias a la vivienda como derecho, son escasas en las constituciones occidentales. La referencia directa más explícita se encuentra en el artículo 65 de la Constitución portuguesa de 1976 (así como en su reforma de 1989) en virtud del cual todos tendrán derecho para sí o para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad, y que preserve la identidad personal y familiar, para cuyo fin se establecen una serie de actividades que el Estado tiene que desarrollar para hacer efectivo aquel derecho.
Las manifestaciones del 5 de Abril se convocaron bajo el lema: Acabemos con el negocio de la vivienda Desde los Sindicatos de Inquilinas de todo el Estado hicieron un llamamiento a asistir a la movilización, manifestaciones y concentraciones. Los precios desorbitados de los alquileres son la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda. El enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social y han consolidado el consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho. En las ciudades turísticas, la situación es aún más grave: los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan al vecindario de sus barrios, y precario a quienes trabajan en el sector.
Frente a los gobiernos que protegen los intereses de la patronal inmobiliaria y turística, el Sindicato de Inquilinas crece en las principales ciudades del Estado. Solo la organización sindical de base puede tumbar el sistema rentista que sostiene el modelo de vivienda actual. En los últimos años, una red de sindicatos se ha consolidado en Madrid, Barcelona, Vigo, Asturias, Cádiz, Málaga, Sevilla, Zaragoza e Ibiza.
Convertir la vivienda en un derecho, tras décadas de especulación, es un camino largo. Pero hay un primer paso claro: bajar los alquileres un 50%. En un contexto de precios en constante subida, lograr una reducción radical supondría un golpe directo al negocio que han montado con nuestras casas, y por tanto un paso decisivo en la consolidación de la vivienda como un derecho.
Las reivindicaciones de los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos son claras: Bajada del 50% en los alquileres. Los precios actuales son insostenibles y ahogan a millones de personas. Necesitamos una bajada inmediata. Contratos de alquiler indefinidos. Cada 5 ó 7 años expulsan de los hogares para subir los alquileres, provocando miles de desahucios invisibles, por lo que son necesarios los contratos indefinidos para poder desarrollar proyectos de vida en los hogares.
Es necesaria la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada. Mientras se habla de falta de vivienda, cientos de miles de casas se usan para fines que no son vivienda habitual, por lo que es necesario recuperarlas para que cumplan una función social. El fin de la compra especulativa es otra reivindicación. La vivienda no puede ser una inversión. Se debe prohibir la compra de vivienda si no es para vivir en ella, ya sean fondos buitre o rentistas individuales. Es precisa la desarticulación de grupos de desokupación. Cada vez más caseros acuden a grupos de matones para echarnos de nuestros hogares con coacciones y amenazas. Estas prácticas violentas deben prohibirse.
El derecho a una vivienda adecuada fue reconocido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad.
Amnistía Internacional en su documento Derecho a la vivienda en España, recuerda que el Derecho a la Vivienda, forma parte del derecho Internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona en su artículo 25.1 el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo ratifica en su artículo 11.1 al reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidas alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
La subida del precio del alquiler ha disparado las dificultades para encontrar una vivienda accesible en las ciudades españolas. Según datos analizados por elDiario.es, los precios han subido casi un 40% desde 2015, un encarecimiento que ha llevado a miles de familias a verse ahogadas para pagar el alquiler. Casi 1.400.000 hogares destinan más de un 30% de sus ingresos a pagar la renta, 200.000 familias más que hace una década, según el análisis de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) de 2024. Pero la situación no es igual para todos los hogares: afrontar un alquiler no es lo mismo si resides en Barcelona que en Murcia. Si eres un joven que vive solo o si eres una pareja adulta con dos ingresos. Tampoco si cobras 3.000 euros al mes o solamente el salario mínimo.
La crisis habitacional se caracteriza por hacer de la vivienda un producto de inversión que tiene un papel cada vez más central en la economía y por el desarrollo de unas políticas públicas destinadas a garantizar la vivienda como mercancía. Esta tendencia global tiene su proceso y expresión concreta en cada territorio. Por lo que la forma de hacerle frente debe partir de esta premisa.
Izquierda Unida acaba de registrar en el Congreso una ambiciosa iniciativa parlamentaria que, entre otras cuestiones, y mientras otros, los señores de la guerra y amantes del conflicto, prefieren exigir al Gobierno que supere cuanto antes el 2% del Producto Interior Bruto destinado a gasto militar, para llegar pronto al 5%”, plantea directamente dedicar, al menos, el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el año 2035, con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha hecho un llamamiento al medio millón de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y resistir. Además, en el marco de reclamar la huelga de los alquileres como un derecho, ha asegurado que se acabó marcharnos de nuestros barrios, de nuestras casas, o incluso de nuestras ciudades cada cinco o siete años; basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles.
Las instituciones son responsables de la actual coyuntura. Hay que recuperar las viviendas secuestradas en pisos turísticos y en las casas vacías. Todo parece que el 5 de abril ha empezado el fin del negocio de la vivienda.
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