Derechos sociales y derecho de autodeterminación

El derecho a decidir su futuro per parte de Catalunya y de todos los pueblos debe ser un derecho democrático fundamental, pero no sólo en la relación con el estado español, ahora tan de actualidad, sino en un sinfín de temas que son básicos en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana.

Derecho a decidir, por ejemplo, si estamos de acuerdo en realizar modificaciones constitucionales como la que se hizo el año pasado, sin ningún tipo de referéndum, para priorizar la estabilidad presupuestaria y el límite de la deuda por encima del gasto social. Derecho a decidir si queremos una banca pública que en vez de dedicarse a la especulación, como hace a menudo la banca privada, dé prioridad al crédito a la pequeña y mediana empresa, a la economía social o a la vivienda protegida. Derecho a decidir si queremos la dación en pago y un mayor control sobre los créditos y las hipotecas, o estamos dispuestos a ver cómo la gente desesperada se lanza por el balcón cuando la van a desahuciar.

Derecho a decidir si queremos una lucha consecuente contra la corrupción, para evitar casos como los del Palau de la Música y tantos otros. Derecho a decidir si queremos autopistas de peaje o gratuitas, sean del estado o de la Generalitat, y si queremos o no una red ferroviaria de cercanías, regionales y de media y larga distancia de calidad, en vez de dedicar casi todos los recursos económicos para infraestructuras en la alta velocidad.

Derecho a decidir si queremos seguir manteniendo las centrales nucleares, o queremos una clara apuesta por las energías renovables y por el ahorro energético. Derecho a decidir si queremos privatizar la gestión pública del agua y sus enormes potenciales beneficios, como se ha hecho recientemente con la empresa pública de la Generalitat Aigües Ter-Llobregat, mientras se compran estaciones de esquí deficitarias.

Derecho a decidir si queremos un modelo de sociedad sin los actuales índices de desempleo, si queremos la máxima protección social para las personas con dependencia, si queremos una renta mínima garantizada de ciudadanía. Derecho a decidir si queremos una sanidad pública y de calidad o queremos recortes y privatizaciones progresivas, si queremos pagar un euro por receta, además de buena parte del coste de los medicamentos que ya pagábamos hasta ahora. Derecho a decidir si queremos una escuela pública de calidad y una universidad con igualdad de oportunidades para todos, o bien una escuela y una universidad elitistas y exclusivas para los hijos e hijas de la gente con más recursos.

Derecho a decidir si queremos una organización territorial con delegaciones del gobierno central y autonómico, con diputaciones, veguerías, consejos comarcales, mancomunidades y ayuntamientos, o queremos una máxima simplificación y racionalización administrativa, sin que ello signifique en ningún caso el despido de empleados públicos. Derecho a decidir si queremos medios de comunicación públicos y plurales, o bien medios privados controlados por poderosos grupos económicos.

Derecho a decidir si queremos seguir manteniendo los enormes privilegios de la iglesia católica, o queremos que paguen religiosamente sus impuestos, y decidir también si las fiestas oficiales las aprueban exclusivamente los gobiernos central, autonómico y locales, o bien la llamada Santa Sede u otras confesiones religiosas, cada día más implantadas.

Derecho a decidir sobre una cuestión tan importante como la monarquía o la república como forma de Estado. Y derecho a decidir, evidentemente, sobre qué relación queremos mantener con el resto de los pueblos del estado español y con la Unión Europea, manteniendo un estado autonómico, avanzando hacia una opción federal, que es nuestra opción preferida o, si el pueblo catalán democráticamente lo decidiera, creando un nuevo estado independiente, como decidirá Escocia el próximo año, después del reciente acuerdo con el gobierno británico.