Del 9 al 11 de febrero líderes mundiales, especialistas y sociedad civil se reúnen con el objetivo de impulsar medidas de protección para el océano. Rémi Parmentier, cofundador de Greenpeace, director-fundador de The Varda Group e histórico defensor de las aguas y la vida submarina, escribe sobre lo que espera de esta importante cumbre.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convoca a líderes mundiales y defensores del océano para la cumbre ‘Un Océano’ del 9 al 11 de febrero de 2022. Esta reunión tiene lugar a bordo de un gran buque amarrado en el puerto de Brest, en la península francesa de Finisterre. ¿Servirá la cumbre como plataforma de lanzamiento para un movimiento de alto nivel en varios temas oceánicos que necesitan ser abordados con urgencia?
La amenaza del cambio oceánico se reconoce cada vez más como la otra cara del cambio climático. Al absorber aproximadamente el 90% del exceso de calor y el 25% del dióxido de carbono (CO2) que producimos cada año, el océano es una salvaguarda fundamental contra el cambio climático, pero se están alcanzando puntos de inflexión y el riesgo oceánico está aumentando. El calentamiento del océano está afectando a las corrientes oceánicas, a los patrones de migración de los peces y a hábitats críticos, como los arrecifes de coral que albergan el 25% de la biodiversidad marina. Se prevé que el derretimiento de la criosfera (hielo) cambie la geografía de nuestro planeta debido a la subida del nivel del mar y a la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Y el aumento de las concentraciones de CO2 está cambiando la composición química del océano, afectando de diversas maneras a la vida marina, en particular a los moluscos y crustáceos. Para los tres mil millones de personas que dependen directamente del océano para su alimentación y sustento, y para el 40% de las personas que viven en las costas, estas amenazas son potencialmente catastróficas.
Por lo tanto, es urgente aumentar la reliencia del océano al cambio climático y a otros impactos inducidos por el ser humano. Para ello, por ejemplo, una gran coalición de países copresidida por Costa Rica, Francia y el Reino Unido pide que se proteja al menos el 30% del océano mundial para 2030. Pero los sucesivos aplazamientos de la Conferencia de las Partes al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU en los dos últimos años han impedido hasta ahora la aprobación formal de este objetivo llamado 30×30, y todavía hoy sigue sin estar claro si la COP del CDB se celebrará en 2022.
El CDB no es el único foro donde se lucha por resolver los problemas críticos del océano. En la sede de la ONU en Nueva York, las negociaciones para un tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar (que cubre el 45% de nuestro planeta), que debía adoptarse en 2020, también se han visto frenadas por la pandemia. Se espera una declaración de la sede de la ONU esta semana para confirmar si las negociaciones se reanudarán en el mes de marzo de 2022 o si se retrasarán una vez más.
Mientras tanto, las propuestas para establecer áreas marinas protegidas en el océano Austral han fracasado sistemáticamente a la hora de obtener la aprobación en las reuniones anuales de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), un organismo que forma parte del sistema del Tratado Antártico.
Y los gobiernos se están acercando peligrosamente a permitir la explotación minera de los fondos marinos en todo el mundo, con consecuencias potencialmente devastadoras para la frágil vida y los ecosistemas vulnerables de los fondos marinos, con poca o ninguna supervisión de las negociaciones en curso en los niveles más altos de los gobiernos.
El anuncio el mes pasado del asombroso descubrimiento de la mayor colonia de nidos de peces jamás vista bajo la capa de hielo antártica en el mar de Weddell sirve para recordarnos lo poco que sabemos sobre la vida en las profundidades del océano, y cómo los seres humanos deberíamos pensárnoslo dos veces antes de permitir actividades extractivas que pueden causar daños irreversibles a la vida marina.
Más allá de los procesos o regiones individuales, he propuesto una serie de ideas que podrían conducir a una protección más drástica del océano en general.
Por ejemplo, los gobiernos pueden y deben hacer que la protección del océano sea la norma y no la excepción, invirtiendo la carga de la prueba. En lugar de obligar a los defensores del océano a demostrar que la protección es factible, los usuarios de los océanos tendrían que demostrar que sus actividades son seguras y necesarias, o que existen medidas de mitigación adecuadas para evitar daños ambientales irreversibles. Las evaluaciones de impacto ambiental tendrían así más peso porque condicionarían las decisiones de los gobiernos a la hora de autorizar la explotación de los recursos oceánicos y del medio marino. Pondría en práctica el principio de precaución.
El establecimiento de procedimientos eficaces de Evaluación de Impacto Ambiental y los medios para designar áreas marinas protegidas están en el centro de las negociaciones del tratado de alta mar. Una reflexión de alto nivel en Brest podría dar a las negociaciones de alta mar un impulso político muy necesario.
Del mismo modo, el estancamiento de las negociaciones sobre las áreas marinas protegidas en el ccéano Austral podría resolverse superando el enfoque técnico y algo oscuro de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR). En la cumbre de esta semana, los gobiernos podrían acordar convocar una conferencia de alto nivel sobre la vida en la Antártida, que podría llegar al público en general, donde los ministros se verían obligados a prestar atención y los líderes a tomar medidas significativas. La celebración el año pasado del 30º aniversario de la adopción en 1991 del Protocolo de Madrid, por el que todo el continente antártico se convirtió en una reserva natural, sirvió de recordatorio de que pensar de forma innovadora es una necesidad cuando los debates técnicos están atascados. Si hace 30 años hubiéramos seguido el camino de siempre, el continente antártico nunca se habría protegido y lo más probable es que ahora las empresas mineras estuvieran allí perforando en busca de petróleo y otros minerales.
Son inevitables las analogías entre la situación que se produjo hace tres décadas, cuando los intentos (a través del Convenio de Wellington sobre la Regulación de las Actividades de los Recursos Minerales Antárticos de 1988) de abrir la puerta a la explotación de minerales en la Antártida fueron derrotados en 1991 por el Protocolo de Madrid, liderado por Francia y Australia, y presidido por España, y un proyecto de Código Minero que ahora está estudiando la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIF) de la ONU, que daría luz verde a las operaciones de minería en los fondos marinos. El año pasado, en el Congreso Mundial de Conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) celebrado en Marsella, el Gobierno de Francia no apoyó una resolución que pedía una moratoria para la explotación minera de los fondos marinos, y que fue aprobada con 81 gobiernos (incluido España) y organismos gubernamentales a favor. Pero no es demasiado tarde para que el presidente Macron cambie de marcha en Brest, para unirse y liderar la campaña para proteger el océano de la minería de los fondos marinos.
Esos son mis mejores deseos para el océano en Brest.
Este texto se publicó originalmente, en inglés, en International Institute for Sustainable Development.
Se puede contactar con Rémi Parmentier, codirector del Grupo Varda/Varda Group, en Twitter: @RemiParmentier.
Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/brest-oceano-opinion-remi-parmentier/