Encuentro provincial de la sociedad civil gaditana. Medina Sidonia (Cádiz), 20 de abril de 2013
La deuda es el negocio de los especuladores financieros. Mientras más deuda tengan las familias, empresas del sector productivo y Administraciones Públicas más poder tienen. Nos gobiernan los mentirosos. El objetivo de sus medidas no es acabar con el déficit ni con el endeudamiento excesivo. Al contrario de lo que dicen el objetivo es mantener y profundizar el endeudamiento indefinidamente pues así mantienen el control sobre las actividades de las personas y de las Administraciones Públicas, que tienen la obligación legal de defender los intereses generales y el Bien público, es decir, el bienestar de la mayoría de la ciudadanía. El miedo paraliza a las personas y el endeudamiento acaba con la democracia local, la más cercana a la ciudadanía y escuela de participación política. Romper las cadenas de la nueva esclavitud es acabar con la deuda abominable y odiosa artificialmente creada y alimentada.
Así el primer año de la puesta en marcha del plan de pago a proveedores ha disparado el endeudamiento de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos. [i] La deuda de estos en la provincia de Cádiz a los bancos se situó al final del año 2012 en 1.615,4 millones de euros, un incremento de la deuda viva de 143% sobre diciembre de 2011, cuando la provincia sumaba una deuda bancaria de 662,9 millones de euros. Esto significa que, en un año, la provincia ha incrementado su deuda financiera en 952,5 millones de euros. El incremento ha sido generalizado en todas las provincias, pero sólo el Ayuntamiento de Madrid tiene el 21% de la deuda total local de España con 7.429 del total de 35.290 millones de euros, deuda generada por las obras de autopistas y M50 que se denunciaron antes de realizarse por innecesarias, aunque los bancos privados y empresas constructoras hacían grandes negocios (de los que salen entre otros los ingresos anotados en los papeles de Barcenas) que apenas se utilizan y que ahora quieren nacionalizar sus pérdidas y costosísimo mantenimiento en plena época de recortes. Los ayuntamientos que llevan sus cuentas al día y tienen deuda cero representan algo más del 37% de las 8.116 corporaciones locales de España y son, en su totalidad, pequeños y medianos municipios. [ii]
De los municipios de la provincia Jerez es el de más deuda. A final del año 2012, la deuda era de 526,4 millones de euros, mientras que en diciembre de 2011, esa cantidad era de 103,8 millones de euros, un incremento de 422,5 millones en un solo año: un 407% el sexto más endeudado de toda España. Tras él se sitúan la capital gaditana, con 199,2 millones, lo que significa un aumento de 88,3 millones (en 2011 tenía 110,9 millones). En tercer lugar se sitúa Algeciras, con 166,3 millones de euros, lo que supone un aumento sobre 2011 de 90,7 millones de euros. Detrás aparecen otros municipios como El Puerto (con 124,3 millones); La Línea (con 81 millones en 2012, por los 20,9 millones que tenía en 2011); o Chiclana (con 76,2 millones). De los 44 ayuntamientos de la provincia, sólo siete han visto reducida su deuda viva en 2012 con respecto al año anterior y curiosamente los dos más grande de los siete, Barbate y Los Barrios no pusieron en marcha el plan de pago a proveedores.
El Impuesto a las transacciones financieras que proponemos desde ATTAC y el control de los flujos con los paraísos fiscales, mientras no se pueda acabar con ellos, acabaría con las deudas públicas y haría pagar a los causantes y responsables de este expolio y saqueo económico y de derechos sociales al que denominan «crisis».
A principios de 2014 se implantará el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en 11 países de la zona euro. Actualmente esta en vigor en una treintena de países de los 193 del mundo. Es una buena noticia para ATTAC ya que es uno de los motivos de nuestra aparición. Sin embargo, somos muy críticos con el ITF que se implanta y los objetivos que realmente persigue.
La táctica seguida por los opositores cuando se plantea una propuesta como la nuestra pasa por distintas fases. En una primera se níngunea. No existe, no se responde ni se menciona. Cuando la propuesta es respaldada por amplios colectivos sociales y personalidades de renombre y ya no cabe el nínguneo, se abre una segunda fase donde se descalifica la misma por contraproducente e inviable técnicamente. Cuando se consigue la creación de comisiones de estudio que analizan esta viabilidad técnica y su procedencia y bondad en las actuales circunstancias se comienza la tercera fase: antes de que la gestione quién cree en ella y la defienda con coherencia, son los que siempre han estado en contra quienes se hacen cargo de implantarla y gestionarla, para intentar «demostrar» con datos y hechos lo acertado de sus posiciones anteriores. Hoy quienes la proponen y la van a gestionar son Durao Barroso y el Comisario italiano Semeta que han hecho lo indecible por impedirla.
Nos están robando el ITF. El ITF exigido por ATTAC es un medio para entorpecer, si no eliminar, la causa de todas las crisis: la especulación financiera. Y como segundo objetivo la financiación de los Objetivos del Milenio. La propuesta planteada por la Comisión grava a los derivados con un 0,01%, diez veces menos que lo que planteamos para tiempos sin ataques especulativos intensos, por lo que difícilmente entorpecerá esta especulación financiera. La finalidad de los recursos que se obtengan no es financiar los Objetivos del Milenio sino aportar fondos a los Estados nacionales, que se han quedado sin ellos para pagar las deudas contraídas con las entidades financieras privadas, por la especulación permitida y promovida desde el Banco Central Europeo contra la deuda soberana, e impedir su quiebra que arrastraría a estas, y para dotar de fondos a la propia Comisión Europea.
La Comisión Europea está buscando medios para inyectar nuevos fondos para capitalizar a la banca privada. La deuda soberana de los Estados y la contestación social impiden una nueva operación como la realizada en 2009 ¿Cómo conseguir esta financiación? Endeudando a la propia Comisión Europea. Pero esta tiene un escasísimo presupuesto. La operación prevista sería: Creamos un nuevo ingreso para la CE con un ITF bajo que no dañe la práctica especulativa habitual de las entidades financieras, pero que va a aportar, según cálculos de la propia CE 57.000 millones de euros al año, a repartir entre Estados Nacionales y la CE. Con sus ingresos los Estados nacionales son ayudados para seguir pagando la deuda y no declararse en quiebra. Por su parte, la CE tiene la posibilidad de pedir prestado a la propia banca privada a la que se quiere ayudar para inyectárselos con el pretexto de la «urgente y necesaria unión bancaria de la zona euro», quedando endeudada a largo plazo con ella y devolviéndoselo anualmente con los ingresos provenientes del ITF. Esta operación permite vender públicamente que se le hace pagar a la banca privada por las ayudas recibidas, cuando en realidad es un subterfugio contable para que la banca privada se endeude con ella misma a largo plazo, y pueda disponer ya de ingresos esperados futuros de la especulación financiera instrumentalizando a la Comisión Europea, a la que deja endeudada como ya lo están los Estados nacionales para el futuro. Esta operación es síntoma del nivel de degradación a la que ha llegado la economía europea con sus políticas neoliberales y a la carencia de salidas por este mismo camino. La propuesta de la CE no se acompaña de una medida similar para cerrar realmente los Paraísos Fiscales, dejando las puertas abiertas para que la Banca privada pueda «fugarse» si ello fuese necesario en el futuro. Tenemos que rescatar el ITF para los intereses generales de la sociedad y de las personas.
En la actualidad hay una lucha abierta entre dos modelos de desarrollo. Por un lado, el modelo del capital financiero especulador internacional caracterizado por inversiones a corto plazo, especulativas y sin ningún control ni regulación con el único objetivo de maximizar los beneficios de sus gestores sin límite de valor ético, deslocalizado, sin compromiso medioambiental, ni con el bien común y el interés general de sociedad. Y, por otro, el modelo del capital social e institucional, cuyo corazón se encuentra en las Corporaciones locales como Administraciones vinculadas a las poblaciones enraizadas en sus territorios, caracterizado por una visión a largo plazo, con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales, reguladas y vinculadas con el bien común y el interés general. A la rentabilidad y productividad de los propietarios del capital financiero especulador se le contrapone la rentabilidad y productividad social y la competitividad de los territorios cualificando a su población que se desarrolla mediante la innovación endógena, haciendo compatible el bien público con el bien privado de sus habitantes, del que es expresión institucional el Consejo para el desarrollo Económico y Social de la Provincia de Cádiz al que se está desnaturalizando vaciándolo de su contenido inicial.
Las Corporaciones Locales deben apoyar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la supresión de los Paraísos Fiscales porque estabilizaría las economías, fomentaría la inversión en la actividad productividad al cerrar los «mercados alternativos» que les roba la financiación, dotaría de los fondos necesarios para financiar y alcanzar los Objetivos del Milenio en 2015, con sólo el 15% de la recaudación, y queda el resto para financiar e impulsar programas sociales, déficit de las Administraciones Públicas y proyectos comunitarios y de interés general.
La privatización de los servicios públicos locales es el verdadero objetivo que quieren conseguir con este endeudamiento generalizado y las políticas de recortes. El agua y los residuos sólidos urbanos son negocios muy rentables que quieren para sí las grandes corporaciones propiedad de las entidades financieras. Igualdad y ayuda a la dependencia hacerlas desaparecer por que, según dicen, son un lujo que no nos podemos permitir. Y los gastos que actualmente los ayuntamientos gastan en los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria traspasarlos sin ninguna financiación a las Comunidades Autónomas para asfixiarlas aún más y degradar la educación pública.
Notas
[i] http://www.diariodecadiz.
[ii] http://economia.elpais.com/
Fernando Moreno Bernal, ATTAC Andalucía en Cádiz
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