No Somos Delito valora positivamente el acuerdo, pero con reticencias
En principio, el balance es positivo, pero también hay reticencias y expectación ante cómo se tramitará la reforma del Código Penal planteada en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos de esta semana. Se echan en falta aspectos relevantes y hay dudas de si se podrá llevar a cabo, pues, para ello, hace falta una mayoría absoluta de la Cámara. Este es el resumen de Mónica Hidalgo, una de las portavoces de No Somos Delito, la plataforma que desde hace años pelea contra la Ley de Seguridad Ciudadana y el endurecimiento del Código Penal que llevó a cabo el PP, las llamadas «leyes mordaza».
En el acuerdo, se habla de que «se garantiza y refuerza la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica mediante la reforma«. Para ello, aseguran que «en ningún caso la ausencia de comunicación previa impedirá el ejercicio del mismo siempre que sea de forma pacífica». Se pretenden acotar las identificaciones y registros policiales, se aboga por que la identificación de los agentes sea «claramente visible en todo momento», por un «ajuste de la cuantía de las sanciones económicas y aplicación del criterio capacidad económica en la individualización de la sanción», por revisar los tipos de infracción en base a la garantía del derecho de manifestación y libertad de expresión, restricción de funciones de la seguridad privada…
Tras recientes casos relacionados con la libertad de expresión, como el del actor Willy Toledo o el rapero Valtónyc, en el acuerdo entre socialistas y las izquierdas, se apuesta por «restringir al máximo la posibilidad de que estas discusiones puedan ser perseguibles penalmente y se modificarán los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona«.
Unos propósitos que, como decíamos, desde No Somos Delito valoran positivamente, «al menos pone en la agenda política algunos de los artículos más perversos y sesgados para atacar la libertad de expresión», explica Hidalgo. Sin embargo, en algunas cuestiones, se quedan cortos: «Consideramos que, si se plantea la reforma del Código Penal, debe hacerse de mayor calado y no sólo de los artículos medievales que se encuentren en la agenda mediática o aquellos que han sido puestos en tela de juicio por las sentencias europeas». «Tememos que sea una pose para sacar rédito electoral», añade esta activista. Y es que, en los próximos meses, la ciudadanía puede estar llamada a las urnas en varias ocasiones. «Seguimos en alerta», advierte.
Algunos aspectos concretos que quedan en duda, leyendo el acuerdo, y que para Hidalgo son de mucha importancia son, por ejemplo, que «no se habla nada del Pacto Antiterrorista, que siempre hemos denunciado desde No Somos Delito que es un pacto anti-activista, pues en su articulado poco más se concreta más allá de que se considerará terrorismo lo que altere la paz social». Casos como los de Alsasua, Pablo Hásel, Valtónyc o los titiriteros tuvieron que ver con enaltecimiento al terrorismo.
«No se habla de derogar las devoluciones en caliente, la criminalización de la pobreza e inmigración, y eso aparece en el Código Penal actual», recuerda Hidalgo. «Los artículos que vulneran derechos humanos de personas silenciadas no se está tratando. No se dice nada de que hay personas multadas bajo penas de prisión por ayudar a personas sin papeles», prosigue. También cita el caso del top manta. «Si esto se recoge en el Código Penal, las personas afectadas tendrán antecedentes que impiden obtener la ciudadanía libra», añade. «Una cosa es que se sancione administrativamente, pero penalmente es demasiado».