El próximo día 6 de Diciembre se volverán a reunir los partidos del mal llamado «bloque constitucionalista», con el bipartidismo del PPSOE a la cabeza, para festejar, y ya van 37 veces, el Día de la Constitución, pero realmente…¿hay algo que celebrar? Se supone que la Constitución de un país debiera, en primer lugar, haberse […]
El próximo día 6 de Diciembre se volverán a reunir los partidos del mal llamado «bloque constitucionalista», con el bipartidismo del PPSOE a la cabeza, para festejar, y ya van 37 veces, el Día de la Constitución, pero realmente…¿hay algo que celebrar? Se supone que la Constitución de un país debiera, en primer lugar, haberse establecido desde una situación de plena normalización democrática, y en segundo lugar, debiera respetarse escrupulosamente, dado su carácter de Carta Magna, o de Ley de Leyes. Veamos, para nuestro caso, si ambas situaciones se dan. En lo que respecta al primer asunto, hemos de recordar que hace poco se han cumplido 40 años de la muerte física del dictador, que instauró un régimen fascista después del Golpe de Estado y posterior Guerra Civil, y que se aseguró de dejarlo todo «atado y bien atado«, según sus propias palabras. Básicamente, perpetuando una alternancia en el poder entre la derecha más recalcitrante, heredera directa del franquismo, es decir, el PP, y la izquierda prostituida, es decir, el PSOE.
Las viejas estructuras del régimen de poder de la dictadura permanecen en nuestro país, gracias a la alternancia de dicho bipartidismo, que ahora ya parece comenzar a romperse. Al régimen franquista le sucedió un régimen de Monarquía Parlamentaria, primero bajo la figura del Rey Juan Carlos, al que ha continuado su hijo Felipe, ambos sin ser refrendados por el pueblo español, ése que, según el bipartidismo y las fuerzas políticas que les apoyan, ostenta la «soberanía nacional«. Pero recordemos, además, que ni el Rey actual, ni su padre, juraron nunca acatar la Constitución, pero sí, en cambio, en el caso de Juan Carlos, su fidelidad «a los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino«, tal como hacían los Ministros franquistas. Como nos recuerda Paco Azanza en este artículo, casi tres años después de la desaparición física del dictador, el 18 de julio de 1978, la Casa Real difundió esta reveladora nota: «Hoy se conmemora el Aniversario del Alzamiento Nacional, que dio a España la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la obra de regeneración«. A finales de ese mismo año, la Constitución refrendó la voluntad del dictador, apuntalando la Monarquía, e impidiendo que el pueblo pudiera debatir y votar sobre la instauración de la Tercera República.
A partir de ese instante, comienza el período de la denominada Transición Política, que únicamente consistió en un lavado de cara para aparentar que pasábamos a vivir en democracia, cuando en realidad ni las estructuras del régimen anterior ni sus dirigentes fueron nunca desmantelados. Desde entonces, la Constitución (salvo alguna reforma puntual y casi clandestina, para favorecer como siempre los intereses del bipartidismo) ha sido entendida y blindada como una obra total, acabada y perfecta, intocable, porque, precisamente, aseguraba que el sistema perpetuara la hegemonía de los poderes fácticos consagrados en la Constitución. La ciudadanía española de finales de los años 70 fue ignorada, sus deseos de cambio profundo truncados, y la redacción de la Constitución realizada a sus espaldas por unas fuerzas políticas casi chantajeadas bajo la amenaza de vuelta a la situación anterior. Los grandes poderes de la etapa franquista (léase el Ejército, la Iglesia Católica, la banca y las grandes empresas, fundamentalmente), bajo la tutela exterior estadounidense, se encargaron muy bien de pergeñar un texto constitucional que no fuera demasiado «peligroso». Las fuerzas políticas de la izquierda no tuvieron el coraje de plantar cara a la operación, sino que más bien al contrario, aceptaron los dogmas del nuevo sistema de «convivencia y concordia» plasmado en la Constitución, reconociendo asuntos como la unidad indivisible de España, la Monarquía, o el sistema económico capitalista.
Vivimos por tanto en una pseudodemocracia, viciada desde su propio origen, no culminada, y no cimentada sobre auténticos pilares democráticos. La etapa de la Transición, que podemos situar históricamente entre 1975 y 1982, se nos ha vendido como un período modélico, como una titánica labor llevada a cabo por los «demócratas de toda la vida», que tuvieron el coraje, el temple y el talante de negociar para llevar a nuestros país por los derroteros democráticos, pero como vemos, esto no fue así. Es sólo la imagen que el bipartidismo y las clases dominantes han querido que tuviéramos de dicho período, cuando en realidad sólo consistió en maquillar un poco el sistema, pero apuntalando sus viejas estructuras de poder, y sus retrógradas Instituciones. Esa mal llamada Transición fue vigilada por la CIA y por la socialdemocracia alemana, bajo el beneplácito de los franquistas. Se trataba de evitar la vuelta de la República tras la muerte del dictador, así que había que «domesticar» a la fuerza política de izquierdas mayoritaria, el PSOE, que en su Congreso de Suresnes de 1974 abandona definitivamente los postulados marxistas, y se alinea con la más dócil socialdemocracia. Pero hasta su llegada al poder, tuvimos que soportar la presidencia del falangista Adolfo Suárez, cuyo nombre adorna el del Aeropuerto de Madrid-Barajas, o contemplar cómo varios de los Ministros franquistas fundaban partidos «democráticos», como el caso de Manuel Fraga con Alianza Popular, precursor del PP actual, u otros eran tratados por el nuevo régimen con alfombra roja, como el caso de Rodolfo Martín Villa.
Y por otra parte, la recién estrenada etapa «democrática» de la Transición también nos trajo auténticas joyas legales como la Ley de Amnistía, que continúa vigente en nuestros días (aunque es preconstitucional) garantizando la impunidad de los todavía vivos y siniestros torturadores de la época franquista. Gracias a perversas leyes como ésta, se puso punto y final a la dictadura, sin juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, se amparó la hipócrita «reconciliación nacional», sin haberla investigado, sin haber deslegitimado sus consejos de guerra, sus tribunales y sus sentencias, y sin haber reparado convenientemente a las víctimas y a sus familiares. En 2007 el PSOE del ex Presidente Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica (otra Ley incompleta para parchear la situación), que por supuesto, como era lógico suponer, el Gobierno del PP se ha encargado de desmantelar, asfixiándola financieramente, y dejándola de apoyar desde los estamentos oficiales. La Constitución de 1978 dejó olvidados en la cuneta a cientos de miles de españoles que habían luchado por la defensa de la República, de los derechos y libertades de los trabajadores/as, y de las clases populares en nuestro país, haciendo borrón y cuenta nueva sin traer la debida justicia, dignidad y reparación.
Pero por si todo ello no fuera poco, lejos de disfrutar de un marco político y social que cumpla fielmente la Constitución ( aún con los oscuros orígines que hemos comentado), resulta que después de más de 35 años de vigencia del texto constitucional, se incumplen sistemáticamente todos sus títulos y artículos sobre derechos sociales, económicos, ambientales, así como asistimos a un recorte de nuestras libertades públicas fundamentales. De entrada, pensamos que una Constitución de más de 30 años de vida, por perfecta y acabada que sea, debiera al menos ser refrescada bajo un proceso de referéndum popular que permita, como objetivo fundamental, no sólo renovar el compromiso de convivencia, sino y sobre todo, escuchar la voz y la opinión de las personas más jóvenes, que no tuvieron oportunidad de refrendarla en su momento. Pero es que, como decimos, más allá de esta circunstancia, el hecho cierto es que nuestra Constitución no se cumple. Y así, bajo los grandilocuentes llamamientos al Estado de Derecho, a la Ley, a la Democracia, a la Constitución, a la soberanía nacional, o a la igualdad de todos los españoles, se esconde un continuado y planificado incumplimiento de gran parte de su articulado, precisamente el que se refiere a los derechos sociales, laborales, civiles, políticos y culturales de las personas. Vamos a enumerar sucintamente los principales, siguiendo este artículo de Miguel Sebastián Martín.
Por ejemplo, el artículo 15, que se refiere al «derecho a la vida y a la integridad física y moral«, por el que nadie podrá ser sometido a «torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes«, artículo respaldado además por la legislación internacional, pero sin embargo, nuestra democracia no ofrece las debidas garantías a los detenidos sospechosos de haber cometido algún delito, a tenor de los diferentes casos denunciados durante los últimos años. De hecho, Amnistía Internacional denuncia en varios informes la impunidad que disfrutan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante sus abusivas actuaciones frente a manifestantes e inmigrantes, sobre todo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde no se respetan mínimamente los Derechos Humanos. Por su parte, en el artículo 20 se «reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones«, sin que puedan restringirse mediante ningún tipo de censura previa, y el artículo 21 reconoce el «derecho de reunión pacífica y sin armas«, que «no necesitará autorización previa«. Ante ellos, la reciente Reforma del Código Penal, y sobre todo, la Ley Mordaza, vulneran claramente estos derechos y libertades, de tal punto que hasta la ONU ha intervenido al respecto, instando al Gobierno español a derogar dichas leyes, que ponen en peligro garantías, derechos y libertades fundamentales.
Tenemos por ejemplo el artículo 31, que declara que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad«, y como sabemos, nuestro sistema tributario dista mucho de ser justo y progresivo, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario. La Iglesia no paga impuestos, las grandes empresas y fortunas los evaden a paraísos fiscales, el Impuesto de Sociedades es eludido, las SICAV’s de los multimillonarios tributan al 1%, así que los únicos que pagan impuestos son los trabajadores. Por su parte, el artículo 35 proclama que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia«, que si no fuera por la denigrante y humillante situación que están pasando millones de personas, sería para reírse un rato. No es que se incumpla el derecho al trabajo, sino que también se incumple todo lo demás, porque ya ni siquiera el poseer trabajo cubre para satisfacer las necesidades propias ni familiares, ni se respeta la libre elección de profesión, ni existe promoción, porque lo único que existe es empleo temporal, ocasional, limitado, precario, indecente. También se incumple, desde las últimas Reformas Laborales, el artículo 37, que proclama el «derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios«, porque simplemente, la negociación colectiva y los convenios han sido desmontados, en beneficio de la total hegemonía empresarial.
Pero aún hay más. También se incumple el artículo 45, que afirma que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente«, porque las recientes Ley de Montes, Ley de Costas, así como la defensa de técnicas agresivas contra el medio ambiente, como el fracking, y la negativa a abandonar los modelos energéticos fósiles, en detrimento de las energías renovables, atentan claramente contra este artículo. O el artículo 47, que consagra que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada«, así como que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias, y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho«, porque más bien los poderes públicos han actuado en sentido contrario, impidiendo el derecho a la vivienda, especulando con la vivienda como un bien mercantilizado, y apoyando a la banca y las grandes inmobialiarias para crear la famosa burbuja, que al estallar ha provocado los desalojos de centenares de miles de familias sin alternativa habitacional. Y así podríamos seguir, refiriendo artículos dedicados a los derechos fundamentales de las personas, que son vilmente ignorados por el régimen «democrático» actual, que se proclama en los mítines fervorosamente defensor de la Constitución, esa misma que incumplen sistemáticamente, pero que van a volverse a reunir para celebrarla con todo el boato el próximo 6 de Diciembre. Pero como acabamos de exponer, por los vicios de fondo y de forma de la propia Constitución, así como por su flagrante incumplimiento, no tenemos nada que celebrar.
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