Un estudio muestra que la ciudadanía percibe que el porcentaje de población inmigrante desempleada es más del doble de lo que realmente es, y que los inmigrantes que reciben una asistencia social son cuatro veces más. El 61 % considera que la llegada de inmigración aumenta el gasto público y más de la mitad que incrementa la delincuencia.
La desinformación y las mentiras, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, son capaces de generar una opinión respecto a cualquier tema. Llevado a la inmigración, los bulos racistas y los mensajes de odio pueden inducir una percepción negativa de la misma, basada en creencias y cifras que poco tienen que ver con la realidad.
En la Fundación ISEAK, un “centro de investigación y transferencia económica y social especializado en el diagnóstico de problemáticas sociales y la evaluación del impacto de políticas mediante la analítica de datos”, han elaborado un informe en el que se preguntan ¿De dónde proviene el sentimiento antiinmigración en España?.
Para ello, realizaron una encuesta a escala nacional en la que participaron 3.200 personas. Las principales conclusiones son que “la población nativa tiende a sobrestimar la proporción de inmigrantes, su nivel de desempleo y la cantidad de ayudas públicas que perciben. De manera similar, percibir la inmigración como una amenaza en términos laborales, fiscales o culturales, se asocia con un menor apoyo a políticas de atracción e integración”.
Y la desinformación, agregan, es un aspecto básico en esta tendencia. Afirman en el estudio que “recibir una información veraz sobre la inmigración aumenta el apoyo a políticas redistributivas, que son, por otra parte, las que menor apoyo reciben de la ciudadanía”.
Asimismo, “la desinformación es un claro determinante de las actitudes antiinmigración que dificulta la efectividad de las políticas integradoras”. De hecho, añaden, “los debates y discursos públicos rara vez se fundamentan en realidades comprobadas, sino en mitos y estereotipos”. Estos son los 10 mitos sobre inmigración que destacan:
El número de personas inmigrantes
Basándose, además de en su propia encuesta, en diversas fuentes, como el Censo de Población, la Encuesta de Población Activa y la Encuesta de Condiciones de Vida, los investigadores afirman que, “en España, la población nativa piensa que la población inmigrante alcanza el 27,8% de la población total, lo que dista bastante del dato real (16%)”.
Además, “la ciudadanía percibe que el porcentaje de población inmigrante desempleada es más del doble de lo que realmente es. Este sesgo o percepción errónea es incluso mayor cuando se les pregunta por cuántas personas inmigrantes creen que cobran algún tipo de ayuda de asistencia social. En concreto, la ciudadanía española percibe que la población inmigrante que recibe una asistencia social es cuatro veces mayor que el dato real”, detallan.
Las dimensiones de la inmigración
Los autores del estudio (Odra Quesada, David Martínez de Lafuente y Sara de la Rica) aseveran que “son las personas con ideología de derecha las que más sobrestiman a la población inmigrante en aquellas características menos deseables. Perciben que la proporción de inmigrantes desempleados/as es mayor (41% percibido con respecto al dato real del 16 %) y que la proporción de personas inmigrantes que reciben ayudas sociales alcanza el 55%, mientras que sólo es del 11%”.
Precarización del empleo
Entre los grandes mitos, algunos que tienen que ver con el empleo. En España, relata el informe, alrededor de la mitad de la población piensa que la llegada de inmigración precariza el empleo, un 40 % percibe que su llegada disminuye los salarios de las personas nativas y un 27% cree que reduce las oportunidades laborales de la población nativa en cuanto a la cantidad de empleos.
Las arcas públicas
El 61 % de la población nativa en España, continúa la investigación, “considera que la llegada de inmigración aumenta el gasto público. Otras percepciones muy populares son pensar que la inmigración aumenta la economía sumergida (55%), colapsa la sanidad (46%) y encarece la vivienda (32%)”.
Inmigración y delincuencia
Es el tema estrella en los últimos días. Según los datos recabados por los expertos, “la población nativa percibe como esencial que todas las personas hablen, al menos, una lengua común –con un apoyo que alcanza el 76 %–. Por otro lado, un 33 % de la sociedad española considera que la inmigración daña tradiciones y cultura, lo que contrasta con la escasa proporción de población que percibe efectos negativos de la inmigración en la religión (13 %)”.
Respecto a la seguridad, “un 54% piensa que la inmigración aumenta la delincuencia. Esta percepción de amenaza a la seguridad es significativamente mayor –alcanzando el 71 %– entre aquellas personas que se identifican con una ideología de derecha”, puntualizan.
Barreras lingüísticas
Un 78% de la población nativa atribuye a las barreras lingüísticas las diferencias en la situación económica entre personas nativas e inmigrantes. Otra característica individual de las personas inmigrantes que se considera como muy relevante es la falta de esfuerzo, citada por el 54%.
Sin embargo, añaden, “la sociedad española no ve la responsabilidad individual de los inmigrantes como el factor más significativo para explicar las diferencias laborales entre nativos e inmigrantes. La discriminación es considerada por más del 63% como muy relevante y factores estructurales como las diferentes cualificaciones demandadas, el reconocimiento y homologación de los estudios y las dificultades para obtener permisos de trabajo son consideraros determinantes por hasta el 70-80% de la población nativa”.
Los antecedentes penales
Investigaciones recientes, señalan los autores, “han documentado efectos nulos o muy pequeños de la inmigración en los índices de delincuencia, pero efectos positivos y significativos en las preocupaciones relacionadas con el crimen”.
En España, “además de que un 54% de la población nativa piensa que la inmigración aumenta las tasas de delincuencia, un 92% impondría como requisito para la entrada al país no tener antecedentes penales o de violencia. En concreto, este requisito de entrada es el que mayor apoyo recibe entre la ciudadanía. Esta asociación entre inmigración y delincuencia es determinante en la formación de actitudes antiinmigración”, manifiestan.
¿Qué inmigración es la deseada?
Una gran mayoría de la población opina que las personas inmigrantes deberían tener un contrato firmado antes de su llegada al país –un 74%–, así como tener unos ingresos mínimos y un nivel educativo alto –58% y 48%, respectivamente–.
Además, “un 9 % de los encuestados considera importante que los inmigrantes sean de raza blanca y un 11% que sean católicos, como requisitos hipotéticos de entrada”, subrayan.
Más inmigrantes
Más de un 60% de los encuestados, cifran en el estudio, “apoya los niveles actuales de inmigración e incluso los aumentarían”.
Los investigadores interpretan que este dato “revela una disposición favorable hacia la inmigración, que no se ve considerablemente influenciada por su presencia. Aunque la población española tiende a sobrestimar la proporción de personas inmigrantes en su municipio de residencia en hasta un 9%, un 68% de la población nativa desea que el número de personas inmigrantes en su municipio se mantenga o incluso aumente”.
Políticas de inmigración
El último aspecto destacado en el informe sugiere que, “para garantizar una integración eficaz en las sociedades de acogida y su impacto positivo en la economía, la integración de la inmigración en el mercado laboral es clave. Esta integración puede llevarse a cabo a través de, al menos, dos tipos de políticas: de predistribución (centradas en la formación y la reducción de la igualdad de oportunidades) y redistributivas (que implican transferencias monetarias directas)”.
“Aproximadamente un 61 % de la sociedad está totalmente a favor de que el Gobierno priorice acciones que reduzcan la desigualdad de oportunidades, como el ofrecer formación a las personas inmigrantes, establecer medidas para combatir la segregación escolar por origen, fortalecer los procesos de equivalencia, homologación y convalidación de estudios y ofrecer itinerarios de empleos personalizados”, apuntan.
Por el contrario, “sólo una de cada tres personas (29%) apoya políticas destinadas a integrar económicamente a los inmigrantes mediante transferencias monetarias, como becas para participar en actividades formativas, ampliación de ayudas sociales disponibles y otorgar incentivos fiscales a las empresas para que contraten inmigrantes.