En los últimos días se han producido una serie de noticias en relación con el proceso de paz vasco, que sin ser novedosas, ponen sobre el tapete algunos temas pendientes que nos obligan a la reflexión. El pasado 11 de octubre se produjeron las primeras excarcelaciones de los condenados por el caso Bateragune, recibidas de […]
En los últimos días se han producido una serie de noticias en relación con el proceso de paz vasco, que sin ser novedosas, ponen sobre el tapete algunos temas pendientes que nos obligan a la reflexión.
El pasado 11 de octubre se produjeron las primeras excarcelaciones de los condenados por el caso Bateragune, recibidas de forma optimista por algunos sectores, como muestra del principio de una nueva época de normalización de la vida política vasca, a la que empezarían a incorporarse los dirigentes abertzales hasta ahora en prisión. Con la excarcelación de Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellería y la cada vez mas cercana salida de Arnaldo Otegi, la izquierda abertzale y la sociedad vasca en general tienen auténticas ansias por ver el final del túnel.
No obstante el optimismo, debe observarse gran cautela. Recordemos que las excarcelaciones se han producido únicamente tras la extinción de la totalidad de la pena, sin beneficios ni atenuación del régimen penitenciario de ninguna clase y sin tan siquiera resolver las peticiones de descuento de varios días de cumplimiento de condena -estamos hablando de un total de menos de diez días en condenas de seis años de prisión- en el momento de su excarcelación. Esto nos hace pensar que la situación de Arnaldo Otegi y de Rafa Díez Usabiaga -a quienes les queda por cumplir seis meses y dos años de prisión respectivamente- no vaya a ser diferente a la de sus compañeros de formación recientemente excarcelados, no obstante el clamor y el consenso de la sociedad vasca sobre su necesaria libertad.
A este apoyo social, que ante todo anhela la normalización de la vida política y social, se suma la exteriorización de claros gestos políticos con un marcado carácter simbólico, tales como la presencia de destacados cargos de Podemos en la manifestación del pasado sábado en Donosti pidiendo la excarcelación de Otegi y Díez Usabiaga, o incluso la petición pública para su libertad del magistrado Baltasar Garzón, instructor en el caso en el que se produjeron sus condenas. A esto se suma la posición desafiante de Arantza Quiroga apostando por una línea mucho más proactiva y acorde con el sentir social vasco en relación con el proceso de paz y la normalización política a través no solo del reconocimiento político, sino de un verdadero acercamiento a la izquierda abertzale. Este cambio de rumbo ha caído como una bomba, generando una profunda crisis en el partido del gobierno que se ha saldado con la dimisión de la presidenta del PP vasco, en lo que parece una victoria de la línea más dura marcada por Génova.
Por otra parte, en unas semanas empezará en la Audiencia Nacional el macro-juicio contra Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas en el que se sentarán en el banquillo 35 acusados de integración terrorista por su pertenencia al entramado político-institucional de ETA. El juicio quedó aplazado desde el pasado enero cuando varios de sus abogados fueron detenidos la víspera de su inicio, acusados de pertenecer al colectivo Herrira, de apoyo y coordinación de los presos. La fiscalía mantiene firmemente la acusación, aunque han pasado más de siete años desde que se produjeran las detenciones y el marco político-social haya cambiado, sin darse cuenta de la grave perturbación que produce en el proceso de paz el juicio y la posible condena por hechos que hoy un importante sector de la sociedad vasca entiende que no son más que manifestaciones de la actividad política y que en ningún caso pueden conllevar penas de cárcel.
En este mismo sentido, se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional a cinco dirigentes del colectivo internacionalista Askapena a quienes la Fiscalía reclama seis años de prisión por su relación con ETA. También queda pendiente de ejecución la sentencia del caso de las herriko tabernas por formar parte del entramado logístico de ETA y en las que hubo también penas de cárcel.
Es por tanto evidente el desajuste entre la velocidad a la que se mueve el sentir de la sociedad vasca, que busca salidas hacia la normalidad, y las inercias políticas, institucionales y judiciales que siguen ancladas en posturas del pasado y no logran adaptarse a la nueva realidad. Hay temas pendientes, que al margen del tratamiento que se les dé bajo la perspectiva del proceso de paz, entran directamente en el ámbito de los derechos humanos y deben ser resueltos, desde esta misma perspectiva, de manera prioritaria y urgente. Con esto nos referimos a algunos aspectos en el tratamiento de los presos, no ya de cara a su reinserción, que se encuentra en lugar mas lejano, sino de dar respuestas coherentes y no discriminatorias a sus peticiones penitenciarias individuales para que por ejemplo se les computen las penas cumplidas en Francia, en la obtención de beneficios y mejora en su clasificación penitencia, acceso a medidas humanitarias o para ser trasladados a lugares de cumplimento cerca de sus familias.
Ante las peticiones individuales de presos ya no caben respuestas que no tengan este carácter, que atiendan a políticas colectivas que consideren a todos los presos en bloque sin tenerlos en cuenta como personas. Por ello, pierde toda legitimidad el mantenimiento de un régimen colectivo de cumplimiento de penas, que además es extraordinariamente discriminatorio en relación con otros delitos. Proviene de leyes aprobadas bajo políticas criminales elaboradas en un contexto de conflicto abierto, que al margen de su eficacia, respondían a un populismo punitivo, hoy carente de cualquier sentido y justificación.
También carece de cualquier justificación que el PP y el gobierno, precisamente en este momento, sigan asestando estocadas a la igualdad en el tratamiento de los presos, elaborando leyes ad hoc para excluir de los efectos beneficiosos de la normativa europea a todo el colectivo de presos de ETA para que no puedan deducir de sus penas las cumplidas en Francia, rompiendo con ello principios tendentes a la unificación del derecho de la Unión Europea. Sobre esto recientemente ha llamado la atención la comisaria europea de justicia, blandiendo incluso la amenaza de sanciones comunitarias a España. Y lo que es peor, pone en entredicho la «limpieza jurídica» de las políticas antiterroristas de nuestro gobierno frente a Europa. ETA es un tema que ya se da por amortizado fuera de España, con excepción de Francia, que se encuentra con el problema de ser el principal lugar de refugio de los huidos y donde se localiza la mayoría de su estructura militar -zulos y armas- aún sin desmantelar. El país galo está en una posición incómoda ya que este es un tema que afecta seriamente a su seguridad y le urge resolver, y la realidad es que ni ETA ni el Gobierno de España están dispuestos en dar pasos adelante para la resolución del conflicto.
Otro tema tremendamente sangrante desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos son las políticas colectivas de dispersión. Carecen de cualquier cobertura legal y violan claramente el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar, tal y como lo interpreta la jurisprudencia del tribunal europeo en casos similares. Mantenerlas ya no tiene ningún sentido. La violencia ha terminado y, por lo tanto, las razones de seguridad en las que podrían ampararse han desaparecido y se produce un desproporcionado perjuicio para la relación de los presos con sus familias. Sin embargo, el gobierno se niega en rotundo a aceptarlo, victimizando con ello a los presos de ETA, lo que en definitiva redunda de manera muy negativa en el proceso de paz. Optimismo sí, pero con mucha cautela y sobre todo por lo que puedan deparar las próximas elecciones generales.
Fuente: http://www.eldiario.es/contrapoder/ETA-paz_positiva-politica_antiterrorista_6_443115694.html