Documentación interna del Ministerio de Fomento a la que han tenido acceso infoLibre y Praza.gal desvela ahora maniobras infructuosas en mayo y junio de 2016 para que la UE no revelase o rebajase un informe crítico con la investigación oficial de España que atribuyó al maquinista el accidente de tren de 2013 en la curva de Angrois, en Santiago, en el que murieron 80 personas. La divulgación de ese informe de la UE, que supuso un paso relevante para que la investigación judicial del accidente alcanzase más allá del maquinista, se realizó finalmente tras las elecciones generales del 26 de junio de aquel 2016 a pesar de que estaba finalizado desde cinco meses antes.
La Comisión Europea ya había desvelado en aquel momento que alegaciones del Gobierno de España estuvieron detrás del aplazamiento del informe a después de los comicios, pero ahora se puede conocer algo más de los movimientos internos para parar o minimizar su publicación.
Un año después del descarrilamiento del tren Alvia en la curva de Angrois, en junio de 2014 la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento llegó a la conclusión de que “la causa del accidente fue un exceso de velocidad por no respetar el personal de conducción lo establecido”. Elevaba así a oficial la versión que desde el mismo momento del siniestro divulgaron cargos del PP en el gobierno y del PSOE en la oposición. Por el contrario, ocho años después en el banquillo de los acusados va a sentarse no solo el maquinista del tren por despistarse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois, sinotambién un cargo de Adifen puestos de confianza tanto con populares como socialistas por no habilitar las medidas de seguridad que evitasen o paliasen el previsible error humano.
El foco de la investigación judicial sobre la actuación de Adif y no solo del maquinista se acrecentó cuando en 2016, a instancias de la Plataforma de Víctimas del accidente y del BNG, la Comisión Europea hizo público un informe de la Agencia Ferroviaria de la UE (European Union Agency for Railways, ERA, en inglés) crítico con la manera en que la CIAF se había centrado en el conductor y no había analizado otras “causas fundamentales” del siniestro. Ese informe había sido encargado por la Comisión Europea a la ERA en el marco de un procedimiento de infracción abierto contra España por, entre otras cuestiones, la falta de independencia de la CIAF como órgano encargado de investigar técnicamente los accidentes. El procedimiento de infracción se cerró cuando España reformó la CIAF para aumentar su independencia del ministerio, pero el informe elaborado por la ERA no solo certificaba esa falta de independencia previa sino también los defectos de su investigación sobre el accidente de Angrois y recomendaba hacer un nuevo análisis de aquel siniestro aún hoy no realizado.
El informe de la ERA lo firmó el jefe de su unidad de Seguridad, Christopher Carr, el 26 de enero de 2016, pero la Comisión Europea rechazó hacerlo público, como reclamaban víctimas y BNG, mientras ella misma no resolviese sobre el procedimiento de infracción que lo había motivado. El 26 de mayo el Ministerio de Fomento tuvo conocimiento del cierre del expediente de infracción y, al tiempo, de una “próxima decisión” de la Comisión sobre la divulgación del informe de la ERA. El entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, que era presidente de Renfe cuando ocurrió el accidente, consultó de manera urgente a la Abogacía del Estado si la Comisión Europea podía hacer público el informe, si la ERA podía divulgarlo cuando la causa penal de Angrois aún estaba siendo instruida en los tribunales españoles, si la Comisión podía pedir a la ERA que analizase la investigación de la CIAF española sobre Angrois e incluso si la ERA, al hacerlo, estaba incurriendo en una “extralimitación de las competencias”.
La respuesta de la Abogacía del Estado fue que la ERA sí estaba habilitada para hacer el informe a petición de la Comisión Europea pero que no podía divulgarlo, con el argumento de que versaba sobre un procedimiento judicial en marcha, una de las excepciones que permiten al ejecutivo comunitario denegar una petición como la de las víctimas y el BNG.
La Abogacía del Estado también matizaba que la Comisión no tenía por qué consultar con España si podía o no divulgar el informe porque el documento era de su propiedad. En todo caso, esos días de finales de mayo y comienzos de junio varios altos cargos del Gobierno de España dirigieron diversas cartas a responsables de la Comisión y de la ERA con sus argumentos para intentar que no divulgasen el informe.
Al tiempo, el 6 de junio, en Bruselas, la CIAF y la ERA, encabezadas por el secretario de la primera, Edmundo Parras, responsable directo de la investigación de Angrois, y por el autor del informe europeo, Christopher Carr, mantuvieron una reunión de dos horas. Según el “acta” de la misma que Parras y otra técnica de Fomento levantaron y comunicaron al ministerio, la CIAF, que ya había alegado previamente por escrito al informe de la ERA, defendió nuevamente en persona su trabajo e intentó que la agencia europea rebajase su nivel de críticas. En su posterior memoria anual sobre sus actividades en 2016 la CIAF dejó constancia de que había alegado por escrito a la ERA en abril, pero ocultó esa posterior reunión presencial del 6 de junio .
Parras, se dice en el acta de ese encuentro del 6 de junio, comunicó a la ERA que había hecho la investigación de Angrois “lo mejor que ha sabido, que reconoce que es mejorable, pero que ha abarcado todos los ámbitos”. El acta añade que “pide a CC [Christopher Carr] que el “advise” [el informe de la ERA] no hable de “debilidades”, sino de “puntos de mejora”, y “que no opine sobre lo que la Comisión no le ha preguntado, en particular, sobre que la investigación no vale y que hay que reabrirla”. “Estos serían los mínimos cambios si el informe se va a hacer público”, añade el acta, que finaliza indicando que Carr “se pensará si retoca el informe” y que la decisión de hacerlo público o no la tomaría la ERA “el 20 de junio a más tardar”.
Diez días más tarde, los días 15 y 17 de junio, a otros diez días de las elecciones generales del 26 de junio, la Comisión Europea comunica a BNG y Plataforma de Víctimas que deben esperar aún unos días más porque se toma un tiempo “para considerar una última alegación legal de España”. A finales de junio documentos internos de Fomento dan ya por tomada la decisión de la Comisión de divulgar el informe, por lo que varios cargos consideran innecesaria una nueva reunión que aún intentan fijar para finales de julio Parras de la CIAF y Carr de la ERA.
Finalmente, el 7 de julio el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, y la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, reciben en mano el informe de la ERA y lo hacen público. En él no se cambia nada de lo que había pedido la CIAF en la reunión presencial en Bruselas y sigue hablándose de las “debilidades” de la investigación española, de la falta de independencia de la CIAF y de la necesidad de abrir una nueva investigación que analice también las causas fundamentales del accidente.
A las tres horas de que Miranda y Domínguez divulgasen el informe de la agencia europea, los servicios de comunicación del Ministerio de Fomento remitieron a los medios un comunicado de respuesta a la ERA supuestamente elaborado por la CIAF pero sin ninguna firma ni encabezamiento oficial. En él se insistía en la independencia de la CIAF y se criticaba que la ERA tardase dos años en emitir su informe sobre la investigación española finalizada en junio de 2014. Días después la ERA replicaba ratificándose en su postura crítica con España. Por su parte, el ministerio viene argumentando desde entonces, tanto con el PP como con el PSOE al frente, que la CIAF ya es independiente y ya no puede darle órdenes para que haga una nueva investigación sobre Angrois, a lo que la propia CIAF sigue negándose a pesar de peticiones expresas de la UE.
Ante ese bloqueo, la Plataforma de Víctimas de Angrois ha abierto una nueva causa judicial paralela a la penal sobre el accidente, en este caso contencioso-administrativa, para intentar obligar al Estado a que cumpla la normativa europea y haga la investigación independiente del siniestro que la UE aún considera pendiente.
Por otra parte, las maniobras para ocultar o minimizar las críticas de la UE a la investigación de la CIAF que había puesto el foco en el maquinista estarían dirigidas en todo caso a la opinión pública y no a la causa judicial. Antes incluso de hacerse público el documento europeo, la Audiencia Provincial de A Coruña ya había establecido que el informe de la CIAF sobre el accidente de Angrois “no puede ser tenido como una evaluación de agentes independientes”, y no le había dado más relevancia dentro de la instrucción judicial del caso que la de otros informes aportados por diversas partes personadas en la causa. Lo que sí hizo posteriormente el juzgado instructor fue pedir otras aclaraciones a la ERA que han contribuido a considerar, a la espera de lo que resuelva el juicio previsto para los próximos meses, que Adif no palió como debía el riesgo que existía en la curva de Angrois.