Ayer 25 de agosto se celebró en Francia el aniversario de la liberación de París, con gran protagonismo de la honrosa bandera de la II República española. Nuestra bandera tricolor, la autentica bandera de la democracia española, ondea desde hace varios años en los actos oficiales de la Liberación, junto a la bandera amiga de la República Francesa. Un solemne acto al que tuve el honor de asistir el año pasado, en su 75 Aniversario, presidido por la Alcaldesa de París, Doña Anne Hidalgo, hija y nieta de republicanos españoles.
Mientras tanto, en este Madrid del Reino de España, arrecian los brotes virulentos del coronavirus junto a los defensores a ultranza del rey Juan Carlos I, promovido por sus corifeos de la ultraderecha (Vox, la Sra. Marquesa, etc.). Un tumulto al que se están adhiriendo nuevas oleadas de estómagos agradecidos, entre los que destaca Felipe González y su cohorte de intelectuales orgánicos, por llamarlos de alguna manera.
Entre la barahúnda mediática podría citar, por su relevancia literaria, al Sr. Vargas Llosa -del que antaño llegué a leer, con no poca admiración, su novela “La ciudad y los perros”, en mis años de guardiamarina en la Escuela Naval de Marín-, hoy irreconocible.
Mario Vargas Llosa, premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986 y premio Nobel de Literatura 2010, es hoy, lamentablemente, defensor a ultranza del régimen borbónico; un régimen más propio de una satrapía medieval que de una democracia europea del siglo XXI. Su reciente artículo Cayetana, en el diario EL País -un encendido panegírico de la Sra. Marquesa-, lo delata.
La extraña simbiosis de tan heterogéneos personajes, incluidos los de la famosa lista, tiene un único fin: la supervivencia de la monarquía como garante de la supremacía de los poderes oligárquicos. Unos poderes de hecho cuya doctrina se fundamenta en el neoliberalismo; el gran depredador contemporáneo de derechos políticos y sociales. Pues el neoliberalismo, doctrina del gran capital, no es libertad ni democracia. En todo caso lo es para aquella minoría de privilegiados que son inmensamente ricos -libertad de expoliar-, pero no para el pueblo llano -la inmensa mayoría- que son los expoliados.
La buscada estabilidad del régimen no tiene otro fin que perpetuar la permanencia de los poderes oligárquicos -grandes terratenientes y financieros- que, junto a la Iglesia Católica, sustentaron la dictadura.
La monarquía de Juan Carlos I constituye una barrera militarizada que impide hacer efectivos los derechos sociales proclamados solemnemente en la Constitución, pero no protegidos, como sí lo está la persona del rey. Un burdo fraude que finalmente ha quedado al descubierto ante amplias capas populares.
La necesidad de blindar la persona del rey, mediante su inviolabilidad absoluta, partió del autoritario concepto de dictadura constitucional, nunca explicitado por los redactores de la Constitución. Lo que a su vez implicó derecho de pernada y la consiguiente orgía de latrocinios, que están dejando la Marca España a la altura de las modélicas monarquías del Golfo, hoy refugio de Don Juan Carlos I “el inviolable”.
Dicha necesidad vital de las clases dominantes, blindar al rey, se fundamenta en su potencialidad de imponer, llegado el caso, una dictadura constitucional acorde con sus intereses, manteniéndose en lo posible los formalismos de una monarquía parlamentaria. Así sucedió durante la opereta del 23-F, que alteró seriamente el rumbo del proceso democrático en curso, derribando -por medios no democráticos- a un presidente electo como lo era Adolfo Suarez, que había perdido la confianza del rey.
Por ello, el pequeño grupo de diputados, redactores de la Constitución, se vieron en la necesidad de dar garantías de inviolabilidad absoluta al potencial ejecutor de esa dictadura constitucional: el rey, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
La razón de todo ese griterío, con estridentes vivas al rey en sede parlamentaria, es bien sencilla. Se han percatado de que es imposible separar al presunto delincuente Don Juan Carlos I, “el inviolable”, de su hijo Felipe VI, también inviolable. Pues este es rey por ser sucesor de su padre. Y eso les vincula política y jurídicamente.
La raíz franquista del régimen borbónico está inscrita en la constitución con el nombre de Juan Carlos I en letras mayúsculas, último jefe de la dictadura. Su legitimidad se sustenta en dos referéndum convocados por una dictadura genocida, cuyos efectos legales siguen aún vigentes y constituyen el autentico fundamento jurídico de la Transición.
Resumiendo.
Felipe VI es rey por la gracia de su padre, que a su vez fue rey por la gracia de Franco, que a su vez fue Caudillo de España por la Gracia de Dios.
Grave error el que ha cometido Felipe Borbón expatriando a su padre, suprimiéndole su asignación económica y renunciando a futuras herencias. El único efecto real de esas pretendidas medidas higiénicas es el de agravar su previsible situación procesal.
Lo cierto es que su legitimidad arranca de ser hijo de DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, inscrito con letras mayúsculas en la Constitución.
Si cae Juan Carlos I acabará cayendo la Constitución que blindó al rey e hizo posible la impunidad de sus presuntos latrocinios. Y con ella caerá Felipe VI y su dinastía, instaurada por la voluntad tiránica de Francisco Franco. De ahí la rabiosa agitación de la extrema derecha y la ultraderecha franquistas ante los hallazgos de las fiscalías, así como del previsible procesamiento de Juan Carlos I “el inviolable”.
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada, retirado.