En esta segunda entrega, profundizamos en los movimientos ciudadanos y las voces expertas que llevan décadas intentando revertir esta privatización y repasamos qué han conseguido en diferentes países y municipios.
“En el país que más necesidad tiene de adaptación hídrica ante el cambio climático y el que más inversión va a necesitar de Europa, tenemos el mayor impedimento para conseguirlo, que es la desinversión ligada a la privatización”.
Así de contundente se expresa a Climática Luís Babiano, presidente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), después de participar como experto invitado en la sesión del pasado martes 28 de enero de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, dedicada a construir el llamado Pacto Azul Europeo, que pretende articular la política hídrica de la Unión.
Mientras el debate de la gestión del agua no es nuevo, la urgencia climática incrementa su relevancia, puesto que plantea el reto de adaptar nuestras ciudades a las nuevas condiciones ambientales, y el agua es un vector clave en dichas políticas urbanísticas. En la primera parte de esta serie sobre la gestión del agua en España y Europa, exploramos cómo la gestión pública es predominante en más de la mitad de los países de la Unión Europea, mientras que en España dos operadoras controlan una parte importante de la red de suministro.
En esta segunda entrega, profundizamos en los movimientos ciudadanos y las voces expertas que llevan décadas intentando revertir esta privatización y repasamos qué han conseguido en diferentes países y municipios. Asimismo, descubrimos por qué argumentan que el control directo del agua es más necesario en el contexto de crisis climática para acabar centrándonos en los principales retos de la gestión del agua con vocación pública en España.
Luis Babiano durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. AEOPAS/X.
La respuesta remunicipalizadora española y europea
En el marco de la reacción social a las políticas de austeridad de después del colapso financiero de 2008, surgieron en España y en el resto del continente importantes movimientos reclamando la remunicipalización de los suministros. Así, en 2012 se creó la Red Agua Pública, que reúne una decena de plataformas en España que apoyan la gestión pública del agua, entre ellas AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana o la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.
En paralelo, a nivel europeo se conformó el Movimiento Europeo por el Agua. Este movimiento impulsó la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), Right2Water, que en 2013 consiguió más de 1,8 millones de firmas en toda Europa para exigir la Unión que garantice el derecho al agua y saneamiento, excluya estos servicios de la liberalización del mercado y refuerce los esfuerzos de la UE para lograr su acceso universal. Y, en parte, lo lograron. Esta iniciativa hizo historia al convertirse en la primera Iniciativa Ciudadana Europea en prosperar, consiguiendo eventualmente que la Comisión Europea incluyese parte de sus demandas en la revisión de la Directiva sobre el agua potableaprobada en 2020 y traspuesta en España en 2023.
Así, estas movilizaciones ciudadanas y de entidades locales tuvieron sus frutos: ideas basadas en la gestión participativa comunitaria, transparente, sostenible y justa parecía que habían alcanzado casi el estatus de sentido común, y amplias secciones de las bancadas de consistorios en España, Europa y más allá los apoyaban. En aquellos años, las fuerzas políticas se comprometían a mantener la gestión pública y transparente en “Pactos sociales por el agua” como el firmado en Madrid –por todos los partidos excepto PP y Cs– antes de las elecciones de 2015, así como por más de 300 organizaciones sociales, ecologistas, académicas y sindicales y operadores públicos, en comunidades como Murcia, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña o Madrid.
Gráfico: Casos de remunicipalizaciones de los servicios de agua en Europa entre 2000 y 2023
En la práctica, también se consiguieron cambios: el proyecto de investigación Public Futures, coordinado por el Transnational Institute (TNI) y la Universidad de Glasgow, recopila dichos casos de desprivatizaciones en una base de datos colaborativa, la más exhaustiva a nivel global. Capitales como París(Francia, 2010) o Budapest (Hungría, 2012) son algunos de los casos más notorios, pero también más recientemente Burdeos (Francia, 2020), Setúbal (Portugal, 2021), Zagreb (Croacia) y Lyon (Francia)en 2023, en casi 400 desprivatizaciones repartidas a lo largo del continente.
Los datos, recopilados mediante crowdsourcing y verificados por el TNI, contemplan el período de tiempo del 2000 hasta la actualidad y provienen de encuestas, cuestionarios y fuentes públicas, pero puede ser que haya casos que no estén recogidos.
Gráfico: Distribución de los casos de remunicipalización por país y sector (2000-2023)
Y aun así, según esta base de datos, España fue el segundo país del continente donde se dieron más casos de remunicipalizaciones del ciclo del agua, después de Francia, especialmente concentradas en la década de 2010 a 2020. Entre ellos, Sevilla (2007, antes gestionada por una entidad mixta participada por ACS), Valladolid y Terrasa (los dos suministros anteriormente bajo el control de Agbar y remunicipalizados en 2017), o más recientemente Girona (2022).
Experiencias esperanzadoras en un “marco regulatorio hostil”
Para Babiano, “pese a que ha habido dificultades, estas experiencias existosas son como una luz de esperanza y de salida hacia un nuevo camino. Tanto, que ha habido cambios de gobierno, como en Valladolid [consistorio que en 2015 pasó a manos del PSOE, con el apoyo de la
izquierda alternativa, y en 2023 volvió al PP], y no se cuestiona el modelo”. Esto, según el presidente de AEOPAS, se debe a que “en gran medida se ha conseguido que el modelo sea un debate técnico y de ciudad, y no tanto ideológico o de fuerzas políticas”.
Asimismo, desde la Red Agua Pública y AEOPAS destacan las experiencias positivas de los Observatorios del Agua, especialmente porque “desde la institución se reconoce el derecho a la fiscalización y participación” en palabras de Dante Maschio, portavoz de Aigua és Vida. Estas organizaciones públicas con participación ciudadana, existentes en Terrassa, Xabia y próximamente también en Manresa y probablemente Girona (donde se está negociando su creación) permiten co-crear elementos como planes estratégicos de inversiones, planes de preparación y adaptación a sequías e inundaciones o una tarificación progresiva según el consumo –como se ha hecho en Terrassa, pese a haber recibido críticas en un informe realizado por una entidad vinculada a AGBAR–.
Aun así, Maschio también reconoce retos y límites a estos observatorios, vinculados a los cambios en los equilibrios de fuerzas políticos, que a veces son “un impedimento al adelanto de los proyectos sociales que se proponen desde el OAT”, especialmente porque “todavía cuesta romper con la cultura de la verticalidad y a ceder poder a los movimientos y personas que, al fin y al cabo, son titulares del derecho al agua y tienen derecho a opinar, participar y decidir”.
Gráfico: Remunicipalizaciones del servicio de abastecimiento de agua en Europa entre 2000 y 2023
No obstante, según los datos de Public Futures, el número de remunicipalizaciones decayó a partir de 2016 a nivel europeo y estatal, y el debate sigue estando fuertemente influenciado por posiciones ideológicas e intereses sectoriales. En el caso español, de acuerdo a Babiano, más allá de la falta de mayorías factibles en los consistorios, esta continuidad del modelo privado se debe a la prevalencia “de un marco regulatorio hostil como consecuencia de un determinado momento histórico, que favorece la privatización, pero que no tienen nada que ver con la eficacia o la eficiencia”.
Babiano hace referencia a las reformas del PP de la Ley del Sector Público y la Ley de Bases del Régimen Local, conocida como “Ley Montoro”, cuyo objetivo principal era aliviar la deuda municipal. Una de las vías para lograrlo fue la privatización de los servicios de agua y la obtención del “cánon concesional” -una figura ilegal en países como Francia, que “incentivó la especulación”, apunta Babiano.
Una ola que, pese a las resistencias, no para en Catalunya
Mientras tanto en Cataluña, donde la gestión privada del agua encarece un 26% el precio para la ciudadanía, la tendencia remunicipalizadora se ha incrementado. Aquí, la plataforma ciudadana Aigua és Vida lleva una década coordinando el Mapa del Agua en Cataluña, una herramienta que empezó a desarrollarse hacia 2015, cuando se realizó “una consulta a casi 950 municipios para recoger información sobre quien gestionaba el servicio de agua, la fecha de finalización de las concesiones y cuántos cortes de agua se realizaban”, y que ha sido clave para poder contactar con los municipios cuando se acercan al final de las concesiones, según explican sus miembros.
De acuerdo a esta base de datos, actualizada periódicamente gracias al trabajo conjunto de los diferentes colectivos de Aigua és Vida y su colaboración con la Asociación de Municipios por el Agua Pública (AMAP), del 2010 al 2017 se dan 16 remunicipalizaciones que garantizan la gestión directa a más de 57.000 personas, lo que representa una media de unos 7.000 habitantes por año. En cambio, del 2018 al 2024 se registraron 23 remunicipalizaciones que devolvieron la gestión directa a casi 63.000 habitantes, un total de más de 10.000 personas por año.
Pero a pesar de ello, la gestión pública no está exenta de amenazas. A finales de diciembre de 2024, Aigua és Vida alertaba de que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), actualmente bajo la dirección del PSC, ha aprobado el inicio de los trabajos para crear un contrato de concesión privado de los servicios de suministro de agua de 8 municipios por un periodo de 23 años, afectando a Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca y Tiana. La plataforma alega además que el AMB ha ocultado los resultados de la comisión de 2021 que concluyen que la gestión pública en estos municipios es un 7% más barata, lo que según ellos, podría ser considerado un acto de prevaricación. En el resto del Estado, Babiano también destaca el caso de GIASA en Huelva, que también podría estar bajo la amenaza de privatización.
Retos presentes y futuros: falta de control e inversión para garantizar la adaptación
La postura oficial del Gobierno de España es que “el sistema de gobernanza del agua de España es un ejemplo de éxito” que “no habría sido posible sin una intensa y fructífera relación con el sector empresarial”. Pero diferentes expertos, así como voces de organizaciones como Greenpeace, destacan por encima de todo dos problemas del actual modelo delante del nuevo contexto climático.
Por una parte, denuncian la falta de información independiente, subrayando la urgencia de crear un ente regulador público que controle el suministro y detecte fugas de agua, poniendo de ejemplo el ente creado recientemente en la vecina Portugal. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) se ha comprometido a crear un Observatorio de la Gestión del Agua en España que subsane parcialmente esta falta de transparencia y de regulación, así como anunció que a partir de este 2025 los municipios estarán obligados a contabilizar la totalidad de las fugas que detecten en sus redes de suministro. Medidas aplaudida tanto por entidades ambientalistas como por operadores públicas, que reconocen que les “gusta la música” pero creen que “cada vez se desafina más en la letra”, en palabras de Babiano, que lamenta que no sean prioritarias.
Y por encima de todo, alertan del riesgo que supone una falta de inversión que no nos permita prepararnos y adaptarnos al nuevo contexto climático. “Vamos a tener que invertir mucho, planificar pero también poder flexibilizar muchísimas de nuestras decisiones, ¿cómo encaja eso en el modelo privado?”, se pregunta Babiano. Según el gerente de AEOPAS, el “modelo de desinversión” característico de la gestión privada también puede elevar los costos más de lo previsto y reducir la eficiencia, puesto que “lejos de garantizar una libre concurrencia en licitaciones públicas, busca proporcionar dichos servicios dentro de su seno empresarial”.
En vista de falta de mayorías y del “poder de los grupos de influencia empresarial”, las Operadoras Públicas miran a Bruselas en busca de esperanza. “Nosotros apostamos mucho por Europa, porque estamos convencidos de que es la única manera de gestionar el agua en un país como el nuestro de una manera eficaz”, sentencia Babiano.
Fuente: https://climatica.coop/privatizacion-agua-espana-parte-2/