Dos años de politica economica conservadora

Sostiene el portavoz del gobierno que el presidente Zapatero «conduce la economía con la derecha y lo social con la izquierda». Si persona tan autorizada así lo dice, será verdad. Pero detengámonos a meditar esa curiosa afirmación.

Ocurre que, en la realidad y no en la palabrería, lo económico y lo social no son dos conjuntos disjuntos, dos cosas aisladas la una de la otra. El principal nexo de unión entre ambas políticas es el presupuesto, elemento clave para la toma de opciones y de decisiones de todo gobierno. Es además, o era, la última seña de identidad socialdemócrata. En la vertiente de los ingresos, es decir del sistema tributario de un país, esa identidad exige la equidad y progresividad o, para que se entienda mejor, que cada cual pague de acuerdo con sus capacidades. En la de los gastos, una suficiente atención a las políticas sociales. Si la primera condición no se cumple, esas denominadas políticas sociales tienen de eso sólo el nombre porque simplemente están suponiendo trasvases de recursos entra capas medias y más bajas de la población sin afectar a quienes más recursos tienen y obtienen.

La política económica de estos dos años ha supuesto, y no es ninguna sorpresa, una continuación de la practicada por los gobiernos del PP. Las medidas tributarias aprobadas recientemente son un paso más en esa pérdida de identidad señalada. Reducción en el marginal máximo en el IRPF y del máximo en sociedades, tarifas más planas (quizá camino del tipo único) y, lo más importante, una separación entre el gravamen sobre la renta y el gravamen sobre las rentas del capital y las plusvalías que quedan con un tipo único y que «de facto» pasan a ser un impuesto diferente. Esta importante reforma, que contradice lo afirmado en el programa electoral del PSOE, ha pasado con mínimas críticas seguramente porque favorece claramente a las capas más poderosas. El mito del capitalismo popular («Todo el mundo está en la Bolsa») no resiste la más mínima crítica ni en EEUU, no digamos en nuestro país. Quizá haya algunos millones de españoles con intereses en bolsa, sobre todo vía fondos, pero la inmensa mayoría de ellos tienen cantidades ridículas. Así que está claro que será esa minoría que concentra esa inversión en Bolsa la abrumadoramente beneficiada. Seguramente, ese uno por ciento que, según estimaciones pues no hay cifras oficiales, puede concentrar el veinte por ciento de la renta nacional.

El ingreso público se alimenta cada vez más de un impuesto sobre la renta que es cada vez más un impuesto sobre las nóminas y sobre sus perceptores que siempre tributan mucho más que los empresarios, autónomos, profesionales, etc. El grado de evasión y de elusión continúa siendo altisimo entre quienes no cobran por nómina. En el impuesto sobre el patrimonio, cifras oficiales recién publicadas referidas al ejercicio de 2003, muestran que sólo sesenta y cinco españoles declararon a Hacienda un patrimonio de mas de 30 millones de euros. Sólo unos veinticinco mil declararon patrimonio superior a millón y medio. Indudablemente, éste es un país de pobres.

En la vertiente del gasto público, mientras el gobierno alardea de superavit en las cuentas (haciendo de eso un fin, olvidando que el presupuesto es un medio para lograr fines), las últimas estadísticas oficiales de la UE muestran que el gasto público social por habitante en nuestro país es el más bajo de la UE de quince miembros.

Todo esto no es casual sino que responde a una filosofía imperante desde la década de los ochenta y que ha ido impregnando la actuación de los gobiernos occidentales, sean del signo ideológico (si es que queda algo de eso) que sean. También en nuestro país. La afirmación del entonces candidato Zapatero de que bajar los impuestos es también progresista responde a, y prueba, lo anterior. Se trata de una filosofía que rechaza frontalmente cualquier subida de impuestos directos, que, al contrario, busca rebajarlos para aquellos considerados como creadores de riqueza de modo que así se asegure un crecimiento que se propaga a todos, «una marea que eleve todos los barcos», todo ello adornado con algunas medidas sociales, unas gratis y otras con escaso coste, que puedan ser presentadas como identidad socialdemócrata. Eso es lo que estamos viendo aquí y ahora o, mejor dicho, es lo que está pasando y no estamos viendo porque la manipulada ciudadanía se concentra en otros temas. Pero hay que afirmar que no se puede ser ambidiestro en estas cosas, es decir si se conduce la economía con la derecha, lo social, al menos lo que tiene un coste economico en términos presupuestarios, también es de derecha.

Si Zapatero conduce la economía con la derecha, no puede conducir lo social con la izquierda. A menos que piezas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el cambio de identidad en los transexuales sin necesidad de operarse o el que no sea la religión obligatoria en la enseñanza (mientras continúan las subvenciones multimillonarias a la iglesia católica y el rechazo de los colegios concertados a hijos de inmigrantes) se consideren como joyas izquierdistas, que todo puede ser.

Que estamos en presencia de una política económica profundamente conservadora, no hay la menor duda. Si alguien la tenía, basta echar un vistazo a qué tipo de reforma fiscal se ha aprobado y con qué compañeros de viaje. O qué tipo de política de vivienda existe, política que ha llevado a un enorme porcentaje de jóvenes a no poder comprar ni alquilar un piso coexistiendo esa desesperación con una orgía urbanística, especulativa y de corrupción en la que participan ayuntamientos de todo signo político y con unos beneficios insultantes de constructoras (con sus interminables cadenas de subcontratación y explotación de la mano de obra, sobre todo inmigrante) y de inmobiliarias, ambas convertidas en multinacionales porque no saben qué hacer con tanto dinero. Esta es, como es bien sabido, una de las dos patas del modelo de estos últimos años, siendo la segunda el desahorro galopante y el auge del consumo privado, eso sí de una parte de la población porque más del cincuenta por ciento de las familias declara pasar serios apuros para llegar a fin de mes. Al fin y al cabo, las cifras de crecimiento del PIB conviven con un paro tenazmente pegado todavía al diez por ciento, con una temporalidad en el empleo de un tercio (la más alta, con diferencia, de la OCDE, una de las causas de la bajisima productividad y de la cifra máxima en Europa de accidentes laborales), con una persistente inflación que castiga a las capas más pobres y con el gasto social más bajo y con la presión fiscal más baja en la UE 15.

Todo esto no es por casualidad sino que responde a determinadas opciones políticas que, a su vez, responden a determinados grupos de poder. Si alguien debería tratar de remediar esta situación de una sociedad cada vez más injusta, son los partidos y organizaciones que se autotitulan de izquierda. Sin embargo, durante estos últimos veinticinco años, lo social ha ido perdiendo peso en la acción del PSOE como partido y, sobre todo, como gobierno. Si en un primer momento se trató de aquello de que no es posible una política económica diferente a la que hacemos, hoy esa agenda social se ha sustituido por el tema territorial, la federalizacion de España, los nuevos estatutos. Esa política territorial, que se pretende identificar como de izquierda, se transforma así en un objetivo en sí mismo, olvidándose (como en el caso del presupuesto) que no es fin sino un medio. Estado federal ¿para qué? ¿O es que, como se pretende hacernos creer, ese objetivo es «per se» de izquierda, progresista?

El ruido estatutario, entre paréntesis tema de enorme gravedad y de increible irresponsabilidad por parte del gobierno y de sus partidos, impide ver esa deriva social, fruto de modelo de crecimiento perverso y no sostenible ni económica ni ecológicamente. Mientras los beneficios de las grandes empresas y los sueldos y gavelas de sus directivos y consejeros alcanzan niveles récord, la mayoría de la población no disfruta o disfruta de las sobras de este curioso milagro económico que arrasa partes crecientes de la superficie del país. Lo que pasa es que eso no lo vemos o no lo leemos porque no interesa a quienes determinan lo que se ve o se lee mayoritariamente. Y ya se sabe que lo que no se ve o no se lee en los grandes medios, no existe.