La Audiencia de Madrid resuelve que un juzgado reabra la investigación sobre la exdirectora de Gestión Tributaria y el exdirector de Inspección por facilitar las declaraciones complementarias de más de 500 nombres de la lista de clientes del HSBC sospechosos de fraude fiscal. Cuatro años y medio después, la Audiencia de Madrid da la razón […]
La Audiencia de Madrid resuelve que un juzgado reabra la investigación sobre la exdirectora de Gestión Tributaria y el exdirector de Inspección por facilitar las declaraciones complementarias de más de 500 nombres de la lista de clientes del HSBC sospechosos de fraude fiscal.
Cuatro años y medio después, la Audiencia de Madrid da la razón al Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) e imputa a dos responsables de Hacienda por el caso Falciani. María Dolores Bustamante, exdirectora de Gestión Tributaria, y Carlos Cervantes, exdirector de Inspección pudieron cometer un delito de prevaricación al permitir realizar una declaración complementaria a decenas de personas que aparecían en la lista de evasores facilitada por el Gobierno francés, en lo que se considera una «amnistía fiscal» encubierta. La Audiencia no descarta nuevas imputaciones, aunque exonera de momento a Juan Manuel López Carbajo, director general en aquel entonces. El escrito de la Audiencia resuelve que el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid reabra un caso que archivó e investigue el papel de Bustamante y Cervanyes.
Carlos Cruzado, consejero del Cuerpo Especial de Hacienda para la Gestión Pública (GESTHA), explicó en 2010 a Diagonal que la deferencia de la Agencia Tributaria para con estos clientes del Hong kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) podía suponer un «trato de favor especial respecto al resto de contribuyentes». La agencia entregó un requerimiento a 558 personas, de las cuales aproximadamente 300 decidieron presentar una complementaria. De este modo, el Gobierno recaudó 288 millones de euros.
El procedimiento indicado hubiera supuesto que Hacienda abriera procedimientos de inspección y remitiera a la Fiscalía los expedientes de las personas que pudieran haber cometido un delito fiscal. En lugar de ello se les dio la oportunidad de regularizar su situación, con la imposición de tan sólo un recargo del 20% y los intereses de demora. Entre los nombres que se acogieron a esta seudo amnistía están los de varios miembros de la familia Botín –el fallecido Emilio, su hermano Jaime y los hijos de ambos–, que habrían regularizado 200 millones de euros.
No era la primera vez que la Agencia Tributaria utilizaba ese polémico procedimiento. En 2008 se investigó a 198 españoles con cuentas opacas en el paraíso fiscal de Liechtenstein mediante datos obtenidos de una forma muy similar al caso suizo. En el caso de Liechtenstein apenas un 20% de los implicados terminaron regularizando su situación y no se impusieron sanciones de gravedad al resto.