El antimilitarista Jorge Güemes acaba de presentar ante el más alto tribunal valenciano un recurso. El objetivo difundir el rechazo a los gastos militares. El 1 de diciembre, el objetor fiscal Jorge Güemes presentaba ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un recurso en el que defiende y justifica el desvío de […]
El antimilitarista Jorge Güemes acaba de presentar ante el más alto tribunal valenciano un recurso. El objetivo difundir el rechazo a los gastos militares.
El 1 de diciembre, el objetor fiscal Jorge Güemes presentaba ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un recurso en el que defiende y justifica el desvío de parte de sus impuestos hacia fines sociales no militaristas. Un caso similar al del también valenciano Hugo Alcalde que recientemente ha recurrido a un tribunal para defender el derecho a realizar la objeción fiscal. Ambos llevan varios años practicando esta forma de rechazo al gasto militar y recientemente Hacienda les ha embargado las cantidades desviadas, que entre los dos superan los 2.000 euros.
Desde hace casi 30 años redes pacifistas y antimilitaristas del Estado español impulsan la objeción fiscal al gasto militar. Una de estas redes, Alternativa Antimilitarista-MOC, está proporcionando asesoramiento legal y apoyo político a estos objetores.
Expresión de la libertad
Con su escrito ante el más alto tribunal valenciano, Güemes recurre la decisión del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de febrero de confirmar la postura del fisco y permitir el embargo de su cuenta por el importe de la cantidad objetada más los intereses de demora. El recurso presentado continúa la vía administrativa iniciada por este objetor tras negarse a acatar los requerimientos de la Agencia Tributaria para que pagara las cantidades detraídas de sus declaraciones.
El recurso argumenta que la acción del objetor es la expresión de derechos fundamentales como el de libertad ideológica, que no sólo ampara formas de pensar basadas en convicciones profundas, sino también la acción coherente con ellas y pone límites al poder del Estado.
La objeción de conciencia al sostenimiento de los ejércitos mediante los impuestos directos sería así una expresión de esta libertad ideológica. La Constitución y las leyes internacionales protegerían este derecho, exista o no una legislación que lo regule. Además, y más importante aún, sostiene el recurso, la desobediencia civil, que es la objeción fiscal pacifista, es también una garantía del derecho político colectivo a un orden internacional justo y unas relaciones internacionales pacíficas.
En el mismo recurso se explicita también que el objetor no está buscando meramente amparo en contra de una decisión administrativa injusta, sino que se trata de seguir un imperativo ético de ayudar a difundir la objeción fiscal, usando su caso como altavoz de estos planteamientos.
Alcalde, pendiente del TEAR
La iniciativa de Hugo Alcalde es similar pero se encuentra en el estadio anterior. Este objetor está a la espera de que el TEAR resuelva sus recursos contra la reclamación de Hacienda del importe de la objeción fiscal de cuatro declaraciones de la renta. Tanto a Güemes como a Alcalde, Hacienda les ha embargado las cantidades desviadas pero estos dos objetores decidieron iniciar el pulso judicial para conseguir que les fuera devuelto ese dinero y usar el eco que pudiera generar su lucha en los tribunales para difundir las campañas de objeción fiscal.
El precedente judicial más cercano es de marzo de 2006, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estimó parcialmente el recurso presentado por el objetor Joan Surroca y decidió anular la sanción que quería aplicar contra él la Agencia Tributaria, si bien obligaba a éste a abonar las cantidades reclamadas por el fisco. Desde entonces, Hacienda ha dejado de considerar punible la objeción fiscal y se limita a reclamar el dinero desviado. Lo novedoso en los casos de Güemes y Alcalde no está tanto en la acción confiscatoria de Hacienda, sino en la actitud activa de estos dos objetores fiscales.
Todos los años, de los alrededor de 1.000 objetores que contabiliza Alternativa Antimilitarista-MOC, sólo un pequeño porcentaje recibe la declaración paralela de la Agencia Tributaria, avisándoles de su «error» y reclamándoles el pago de la cantidad desviada. Según las redes antimilitaristas que organizan estas campañas, no hay cambios significativos en la actitud del fisco hacia los desobedientes.
Campaña pública
Sin embargo, y a diferencia de la inmensa mayoría de los objetores que se ven confrontados con Hacienda y que deciden pagar para evitar complicaciones y recargos, Hugo Alcalde y Jorge Güemes han decidido no solamente recurrir a los tribunales, sino también rodear sus casos de una campaña pública antimilitarista, con la esperanza de extender la crítica al gasto militar, animar a otras personas a practicar la objeción fiscal, y abrir camino para que otros objetores le pierdan el miedo a ‘plantarse’ ante Hacienda.
Desobediencia civil en Zaragoza
El día Internacional de las personas Presas de Conciencia por la Paz se entregaron en la Universidad de Zaragoza unas cien declaraciones de objeción de conciencia a la colaboración con el ejército de esta entidad.
Con esta acción, se señaló la contradicción entre los estatutos de la institución, que establecen que sus investigaciones deben estar encaminadas a la paz y el desarme, y su adscripción al Centro Universitario de la Defensa, que impulsa proyectos de investigación militar.
Por ello, solicitan que la Universidad regule el derecho a la objeción de conciencia a colaborar con el ejército.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Dos-objetores-a-los-gastos.html