Dos sentencias de los Juzgados de lo Penal nº 4 y 12 de Sevilla, han condenado a penas de cárcel a 5 sindicalistas de CC.OO. de Sevilla. Paco Figueroa, Secretario de Acción Sindical ha sido condenado a un año de prisión, Mercedes Borrego Delegada de CC.OO. en el Ayuntamiento de Tomares, a un total de […]
Dos sentencias de los Juzgados de lo Penal nº 4 y 12 de Sevilla, han condenado a penas de cárcel a 5 sindicalistas de CC.OO. de Sevilla. Paco Figueroa, Secretario de Acción Sindical ha sido condenado a un año de prisión, Mercedes Borrego Delegada de CC.OO. en el Ayuntamiento de Tomares, a un total de 13 meses, José María Muñoz Asencio, Secretario de Organización de CC.OO. de la Diputación de Sevilla a 1 año y 7 meses y a Cristina Belloso, del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Tomares y a Isabel Vidal Secretaria General de CC.OO. de la Diputación a 7 meses cada una.
Los hechos origen de estas sentencias fueron sostener en silencio una pancarta sin interrumpir en ningún momento, la sesión plenaria del Ayuntamiento y el intento de impedir la sustitución de trabajadores en huelga en defensa del legítimo ejercicio del derecho de Huelga.
El Ayuntamiento de Tomares contra las trabajadoras y trabajadores afiliados a CC.OO
Desde la llegada de Antonia Hierro al Gobierno Municipal de Tomares en 1999, los trabajadores y las trabajadoras que conforman las Sección Sindical de CC.OO., han sido sometidos a una terrible persecución por parte de la Alcaldesa que ha dado lugar al despido de muchos de ellos y de ellas, efectuándose en total 13 acciones de despido.
Los intentos de diálogo se han encontrado con la permanente negativa a dialogar o negociar de la alcaldesa. Hay que resaltar que de las cuatro veces que han sido convocados al Sistema Extrajudicial de resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), no han acudido a tres y la cuarta fue su abogado con un escrito en el que se pretendía que el SERCLA determinara que la huelga era ilegal, algo para lo que no tiene competencias.
Se da la circunstancia de que todos, salvo uno, de los 13 procesos de despido se están ganando judicialmente, tanto en lo Social como en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, calificándolos como despidos improcedentes o nulos con indicación de ser trato discriminatorio por afiliación sindical.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla que declaraba nulo el despido de Oscar Valero, Técnico de Cultura, por considerar que existe actitud antisindical por parte del Ayuntamiento. La sentencia dice exactamente que «el cese obedece a una actitud antisindical del Ayuntamiento, contraria a la política de CC.OO. y que se traduce en el cese por una u otra vía de la mayoría de los afiliados al sindicato». El Ayuntamiento de Tomares era condenado a la readmisión inmediata del trabajador y a abonarle los salarios dejados de percibir desde el momento del despido.
Pendientes al día de hoy están los despidos de otras dos trabajadoras sociales del Ayuntamiento que se encuentran pendientes de juicio y, así mismo, se encuentra pendiente de señalamiento el último despido efectuado por el Gobierno Municipal de Tomares, en fecha 28 de diciembre pasado, el del Psicólogo que llevaba 20 años prestando servicios a la comunidad de Tomares. Todos estos trabajadores y trabajadoras son afiliados y afiliadas a CC.OO.
Recogida masiva de firmas en contra de la criminalización de la acción sindical
La Ejecutiva de CC.OO. de Sevilla, tiene organizada una campaña de acciones encaminadas a denunciar la actitud continuada de la alcaldesa de Tomares de criminalizar la acción sindical, cuya consecuencia última ha sido la publicación de estas condenas.
En un escrito que, auspiciado por CC.OO. de Sevilla, ha empezado a circular por las empresas de la provincia recogiendo firmas de sus trabajadores y trabajadoras, se denuncia «el uso que de los tribunales penales se viene haciendo, desde el Gobierno del Ayuntamiento de Tomares presidido por la Alcaldesa socialista Antonia Hierro, para criminalizar la Acción Sindical desarrollada en defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores de dicho Ayuntamiento.
Afirmamos que los legítimos derechos de Libertad de Expresión (sostener en silencio una pancarta sin interrumpir, en ningún momento, la sesión plenaria del Ayuntamiento) o el legítimo ejercicio efectivo del derecho de Huelga (impidiendo la sustitución de trabajadores en huelga) no pueden ser motivos que lleven a representantes del Movimiento Sindical al banquillo de los acusados. Las demandas penales que el gobierno del Ayuntamiento de Tomares han interpuesto frente a 5 sindicalistas de CC.OO. tratan, en la práctica, de recortar la Libertad Sindical que hoy afecta a los trabajadores y trabajadoras de un Ayuntamiento y a CC.OO.
¿Mañana a quien?»