Como cada mes de octubre se inicia la temporada de caza en España y los datos que ofrecen las Comunidades Autónomas sobre el ejercicio de esta actividad son muy preocupantes desde la perspectiva ecologista.
La artificialización e intensificación de la caza va en aumento y así lo demuestra el creciente número de sueltas de especies cinegéticas que se producen en los cotos de caza inmediatamente antes del inicio de la temporada. Se estima que en muchas zonas, particularmente en aquellas que se consideran las mejores para la caza de la emblemática perdiz roja en Castilla-La Mancha y Andalucía, entorno al 60% de los ejemplares que se cacen de esta especie serán procedentes de granjas. Asimismo, están creciendo el número de sueltas de conejos y otras especies que, como en el caso de la perdiz, están sujetos a la constante amenaza de epidemias e hibridaciones que dan al traste con las poblaciones autóctonas. Las sueltas de animales que no conocen el medio natural da lugar a que los cotos se excedan en el control de predadores y usen y abusen de métodos no selectivos de caza que dañan de forma masiva a las especies amenazadas, es el caso de los cebos envenenados, los lazos o las cajas-trampa.
En la caza mayor, además de las sueltas, el principal problema es la proliferación de vallados y cercones en los que resulta fácil el disparo ante animales indefensos a los que se les ha reducido las posibilidades de escapar. Los vallados cinegéticos se han incrementado en el último año en varios miles de kilómetros y hoy en día son el elemento más destacado del paisaje en extensas zonas de Sierra Morena, Montes de Toledo, Extremadura y las Sierras de Albacete y Cuenca. Estas infraestructuras han supuesto la destrucción de grandes extensiones de vegetación natural, que es descuajada para facilitar su instalación, el corte de los pasos naturales de la fauna silvestre y la ocupación y el cierre de zonas de dominio público, como cauces, caminos y vías pecuarias.
Si ya de por sí es poco justificable que miles de personas deambulen por los campos para dar muerte a millones de animales indefensos recién soltados de las granjas o encerrados entre esos grandes jaulones que son los cercados cinegéticos, lo es menos que esta actividad se haya convertido en un negocio sin más, en el que lo único que importa es el beneficio económico o el reconocimiento social mal entendido.
Para agravar aun más la situación son cada vez más los conflictos entre los responsables de los cotos de caza y los ciudadanos que tratan de disfrutar del entorno natural haciendo uso de espacios y vías públicas. Cortes de caminos, vías pecuarias y cauces, instalaciones de células fotográficas, falta de respeto de las zonas de seguridad donde está prohibida la caza o el acoso puro y duro de los guardas de cotos se están convirtiendo en situaciones cada vez más frecuentes que no sólo ponen en riesgo la seguridad de los no cazadores sino que, además, coartan actividades como un simple paseo, el ocio en la naturaleza o el turismo rural.
Ante esta situación, las Administraciones actúan de forma muy tibia, consintiendo, cuando no promoviendo, un modelo de actividad cinegética intensivo y abusivo. Lejos de establecer modelos de gestión cinegética respetuosa con el no cazador y de perseguir a quienes cometen irregularidades, se limitan a esperar las denuncias de los ciudadanos y agrupaciones ecologistas, las cuales suelen ser atendidas de forma poco diligente. A pesar de las gravedad de los hechos que se denuncian raro es el caso en que algún coto ha sido suspendido, ni siquiera cautelarmente.
Dos hechos contribuyen más que ningún otro a que las Administraciones y Tribunales sean tan condescendientes con el mundo de la caza. De un lado, las Administraciones y cuerpos de vigilancia y de justicia están trufados de personas excesivamente involucradas en la práctica de la caza o que aceptan los favores y regalos de los cotos. De otro, en nuestro país existe una élite de altas personalidades del Estado, políticos y empresarios que son fervientes practicantes de la caza intensiva y que no dudan en presionar a las Administraciones cuando éstas tratan de hacer algo por controlar sus desmanes.
Ecologistas en Acción considera que ante la situación actual es necesario realizar un replanteamiento global de la actividad cinegética para que al menos: se aplique con rigor y severidad la legislación penal y administrativa que regula la actividad cinegética, se establezca un programa de lucha contra la corrupción ligada a la caza, aumenten los incentivos a las buenas prácticas en materia de gestión cinegética y se implante una carta de derechos de los no cazadores.
Estas y otras propuestas serán elevadas por Ecologistas en Acción al Ministerio de Medio Ambiente y a las Comunidades Autónomas, a la vez que reclama del sector cinegético que establezca mecanismos de autocontrol de las malas prácticas que tanto perjudican a la conservación de la naturaleza y a la propia imagen del sector.