Si yo fuera presidenta lo tendría claro: en el cambio de modelo social, la igualdad de género es clave para el desarrollo sostenible. Cualquier otro intento que obvie esta premisa es seguir manteniéndose dentro del mismo sistema de desigualdad que tenemos, que es ineficiente, genera inequedades y esquilma los recursos existentes. Han pasado 22 años […]
Si yo fuera presidenta lo tendría claro: en el cambio de modelo social, la igualdad de género es clave para el desarrollo sostenible. Cualquier otro intento que obvie esta premisa es seguir manteniéndose dentro del mismo sistema de desigualdad que tenemos, que es ineficiente, genera inequedades y esquilma los recursos existentes.
Han pasado 22 años desde la elaboración del Informe Bruntdland y aún andamos a vueltas con la idea de desarrollo sostenible. Este documento fue el resultado de una comisión especializada de Naciones Unidas dirigida por Gro Harlem y tuvo su importancia porque impulsó una visión crítica del modelo de desarrollo adoptado por los países industrializados e imitado por las naciones en desarrollo, destacando la incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo de los países industrializados con el uso racional de los recursos naturales y la capacidad de soporte de los ecosistemas. Además, el informe sentaba las bases de lo que se entiende por desarrollo sostenible: aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones
Desde la visión crítica que inspira el informe, es necesario reordenar los tres niveles de responsabilidad necesaria: la responsabilidad económica (principios de cooperación y eficiencia) ha funcionado hasta ahora como practicamente el único criterio determinante de la toma de decisiones, sin embargo, es más que evidente que la responsabilidad medioambiental (principio de gestión de recursos naturales escasos) ha de tener un peso más significativo al igual que la responsabilidad social (garantizar las condiciones de futuro para la población actual y también para la que vendrá) ha de ganar terreno e influencia para integrar el principio de equidad en el modelo de desarrollo social, politico y económico. Hoy por hoy, aunque el informe sigue actuando como referencia básica de la sostenibilidad a nivel internacional, su aplicación es escasa.
Haría falta un cambio de mentalidad sobre las relaciones humanas en general y las económicas en particular para que la futura Ley de Economía Sostenible se convierta en la base estructural de un nuevo modelo de sociedad en España, en el que la responsabilidad social y medioambiental no esté supeditada a la responsabilidad económica, sino a la inversa. ¿Querrá el gobierno de España actuar como referente de que el cambio de modelo es posible? Si esto fuera así, habría que empezar abandonando la visión cortoplacista y los sesgos de género que impregnan la vida cotidiana y el diseño de las políticas públicas para poder tener mínimas garantías reales de que caminamos hacia el sostenimiento de la vida en equidad y no sólo del dinero.
Hasta ahora hay demasiados indicios que apuntan a que la política económica no se está reorientando para impulsar el proceso de cambio necesario; la equidad de género sigue siendo la gran ausente tanto de las propuestas de acción política como del análisis del efecto que éstas tendrán. ¡Y no será porque no se hayan dado pistas sobre algunos ejes para el cambio de modelo productivo!
En épocas de crisis como la que estamos viviendo es de esperar una reorientación del gasto público bajo los principios de eficiencia y rentabilidad social; sin embargo, parece seguir siendo la lógica dal ‘patriarcado blando’ la que continúa marcando la pauta. Aún escuecen los 8.000 millones del plan E por la falta de coherencia con el cambio de modelo productivo y ahora hay que tragarse la absurda pretensión del gobierno de mantener el cheque bebé, la devolución del los 400 euros del IRPF y la desgravación por «cónyuge a cargo» en el IRPF (declaración conjunta), algo que pone en cuestión el principio de equidad.
En vez de ese derroche monetario que representa la insostenibilidad del pretendido discurso sobre economía sostenible, se podría invertir en adaptar el sistema de educación, universalizar la educación infantil y mejorar el sistema de protección social, tres ejes que influirían muy positivamente sobre la productividad. Además, como dice Vicenç Navarro: «si España tuviera el mismo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que Suecia, habría tres millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos». Así pues, hace falta preguntar bien alto ¿a qué tipo de gobierno le puede interesar más mantener a las mujeres en su dedicación exclusiva al rol de género – que las mantiene fuera del mercado, en la precariedad y en situaciones de mayor vulnerabilidad por la dependencia económica – en vez de facilitar su incorporación plena a la actividad productiva? Las rectificaciones políticas siempre son posibles, así que ¿por qué no se tienen en cuenta la experiencia internacional sobre los efectos tan nefastos para la igualdad de género y la economía en el trabajo a tiempo parcial?
Otra reorientación del gasto que hay que mencionar es la del dinero público inyectado en los sectores intensivos de mano de obra que han entrado en crisis o el dinero público destinado a la compra de infraestructuras y software privativo; ¿no sería más coherente que se hubiera primado la inversión en el desarrollo de transporte público no contaminante, en la mejora de las infraestructuras ferroviarias y en el desarrollo de infraestructuras sociales? ¿por qué no se invierte en universalizar el acceso a los sistemas de información y comunicación o la investigación sobre tecnologías no intensivas en consumo energético? ¿Por qué no se invierte realmente en software libre, se facilita que fluya la innovación y se elimina la tendencia al parcheo de los sectores obsoletos?
Sería difícilmente creible una propuesta de economía sostenible sin una reforma fiscal coherente con los principios que vayan a inspirar el cambio de modelo; ya que la configuración del derecho influye directamente en las pautas de comportamiento; así pues, si es cierto que se le va a dar importancia al impacto medioambiental y al impacto de género, sería importante contemplar nuevas figuras tributarias al respecto. Por otra parte, sería difícil recuperar la confiaza en el sector financiero si en la reestructuración anunciada no se aborda la conveniencia de un impuesto global sobre las ganancias de la banca o sobre las transacciones financieras (al estilo de la Tasa Tobin). Y por último habría que abordar con osadía algunas rectificaciones necesarias con alto valor simbólico y capacidad recaudatoria, como la recuperación del impuesto sobre el patrimonio a partir de determinado nivel de renta y subir el tipo que se aplica a las SICAV que son las sociedades anónimas que aglutinan las grandes fortunas para invertir en activos financieros y que escapan prácticamente al pago de impuestos, ya que tributan sólo al 1% en el impuesto de sociedades.