El Parlamento español que dice ostentar la soberanía por representación, debería votar inmediatamente una resolución que obligase al Gobierno a rescindir todos los acuerdos para la compra de armamentos que se hayan firmado con los Estados Unidos, además de prohibir, indefinidamente, cualquier compra de armas a ese país. Esa es la mínima medida de represalia […]
El Parlamento español que dice ostentar la soberanía por representación, debería votar inmediatamente una resolución que obligase al Gobierno a rescindir todos los acuerdos para la compra de armamentos que se hayan firmado con los Estados Unidos, además de prohibir, indefinidamente, cualquier compra de armas a ese país. Esa es la mínima medida de represalia que reclama la decisión de Washington de denegar las licencias para la construcción de 12 aviones, de transporte y de vigilancia marítima, que han sido vendidos por CASA- EADS a Venezuela. De ninguna manera es suficiente que el Gobierno, por boca de su vicepresidenta, afirme que la venta va a realizarse de todos modos, una vez encontrada la tecnología de sustitución.
Es una verdadera indignidad el argumento de que el armamento vendido tiene características defensivas como si se aceptasen los razonamientos de Washington en el sentido de que «a pesar de haber sido elegido democráticamente, el Gobierno del Presidente Hugo Chávez sistemáticamente ha socavado las instituciones democráticas, presionado y acosado los medios de comunicación y la oposición política, y progresivamente incrementa su modelo de autocracia y oposición a la democracia», «en una región necesitada de estabilidad política, las acciones y frecuentes declaraciones del Gobierno de Venezuela, contribuyen a una inestabilidad regional. Esta propuesta de venta de plataformas aéreas tiene el potencial de complicar la situación», concluyó.
Los esfuerzos evasivos del ministro Bono para convertir el problema en un asunto de la política comercial de las empresas estadounidenses suministradoras ha resultado un auténtico fracaso. El propio gobierno norteamericano a través de su embajada en Madrid ha desmentido al Gobierno español al subrayar que es una decisión del gobierno norteamericano y no de las empresas.
Es indignante ver a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reírse con apariencia muy feliz, como si nada hubiese ocurrido, en las imágenes del encuentro con el impertinente Eduardo «Peter Pan» Aguirre, embajador del Imperio en el reino borbónico.
La Secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Trinidad Jiménez -que en su momento justificó el golpe contra Chávez-, extremó los argumentos conciliadores al recordar en un comunicado que «el Gobierno de España no está vendiendo armas a Venezuela, sino material militar, aviones de transporte y patrulleras de vigilancia de las costas, en definitiva, material que no tiene carácter ofensivo».
Asumiendo implícitamente el principal argumento político de Washington: la peligrosidad de Chávez , la dirigente socialista señaló que «desde el PSOE respetamos la decisión que ha tomado el Gobierno de EEUU, aunque no compartimos que la venta de este tipo de material pueda poner en riesgo la estabilidad de la región».
El absoluto vasallaje político e intelectual quedó de manifiesto en la sumisa aceptación de la decisión norteamericana: «En ese respeto a la toma de decisiones de un Gobierno soberano – añadió Jiménez- la decisión del Ejecutivo norteamericano no puede interpretarse como un mal momento en las relaciones entre los Gobiernos de EEUU y el de España, porque ambos países mantienen una excelente relación y una estrecha cooperación y colaboración política, militar y de inteligencia».
A juicio de Trinidad Jiménez, «el hecho de que exista divergencia de opiniones, como ocurre en este caso, no impide ni dificulta mantener una buena relación, como en reiteradas ocasiones han manifestado ambos gobiernos».
Prensa Latina.- España rechazó las razones aducidas por el gobierno de Estados Unidos para vetar la venta de aviones a Venezuela, declaró hoy la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
En la tradicional rueda de prensa después del Consejo de Ministros de los viernes, la principal portavoz del gobierno socialista afirmó que el Ejecutivo no comparte la decisión de Washington de denegar la tecnología estadounidense para los aviones de transporte que se entregarán al país bolivariano.
La Administración Bush ha decidido denegar, dijo, las licencias necesarias para la construcción de los aviones que España ha vendido a Venezuela y lo ha hecho por una serie de motivos, que desde luego el gobierno español no comparte.
Agregó que es evidente que hay unos contratos suscritos con Venezuela que se deben cumplir cuando las empresas pertinentes elijan la tecnología de sustitución.
La vicepresidenta recordó que los contratos se suscribieron para la construcción y venta de naves y aeronaves de transporte y vigilancia marítima. Es decir, aclaró, no tienen carácter ofensivo y generarán trabajo para cerca de mil personas en España durante los próximos años.