Los contribuyentes de Estados Unidos aportan alrededor de 7.000 millones de dólares al año en subsidios a la industria de los biocombustibles líquidos, fondos que podría ser mejor aprovechados en otras tecnologías protectoras del ambiente y de las fuentes de energía. A esa conclusión llega un informe de 93 páginas del independiente Instituto Internacional para […]
Los contribuyentes de Estados Unidos aportan alrededor de 7.000 millones de dólares al año en subsidios a la industria de los biocombustibles líquidos, fondos que podría ser mejor aprovechados en otras tecnologías protectoras del ambiente y de las fuentes de energía.
A esa conclusión llega un informe de 93 páginas del independiente Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés).
El trabajo señala además que la industria podría recibir aun más dinero, entre 8.000 y 11.000 millones de dólares anuales en el futuro cercano, de autoridades federales, estaduales y municipales si se mantienen las actuales políticas, a pesar de la evidencia de que la capacidad de los biocombustibles para reducir la dependencia del petróleo de Medio Oriente y la emisión de los gases invernadero en la atmósfera es limitada.
El informe, divulgado el miércoles y titulado «Biocombustibles, ¿a qué costo?», alerta que las potenciales consecuencias negativas de los subsidios gubernamentales a la industria no están siendo consideradas.
Además de que los subsidios podrían distorsionar aun más la ya altamente subvencionada economía agrícola, la producción a gran escala de insumos para biocombustibles, sobre todo maíz y soja, y las emisiones de las cada vez más numerosas refinerías de etanol y biodiésel suponen una nueva amenaza para el ambiente de la zona central de Estados Unidos.
Los subsidios también añaden preocupación sobre la creciente competencia entre la producción de alimentos y la de combustible. Al tornar la balanza a favor de esta última, los precios internacionales de los alimentos aumentarían, con devastadores resultados para las poblaciones pobres, sobre todo aquellas que dependen de la ayuda alimentaria externa y de las importaciones baratas.
«Las políticas agrícolas deberían una vez más estar separadas de las políticas energéticas», concluye el trabajo, que llama a una moratoria de nuevos subsidios y propone un plan para aplicarlos en forma gradual.
«Se deben usar enfoques más eficientes para lograr los insistentemente subrayados objetivos de seguridad energética y de reducir las emisiones de gases invernadero», añade.
El informe es el primero de seis estudios sobre subsidios a biocombustibles comisionados por la Iniciativa Global de Subsidios (GSI) del IISD y dirigidos por Doug Koplow, fundador y jefe de Earth Track Inc., una compañía estadounidense de investigación. Los próximos trabajos serán sobre Australia, Canadá, Gran Bretaña, Suiza y la Unión Europea.
El informe fue divulgado en el marco de un continuado estancamiento de las negociaciones comerciales internacionales de la Ronda de Doha entre los países ricos y las naciones del Sur en desarrollo, sobre todo en lo relativo a los subsidios agrícolas.
El estudio se concentra principalmente en la compilación de información sobre más de 200 subvenciones federales, estaduales y de gobiernos locales a la producción y consumo de biocombustibles en Estados Unidos.
«Muchos de esos subsidios están mal coordinados y enfocados. Todo indica que se acumulan sin que las autoridades tengan una clara idea de su impacto potencial en el ambiente y en la economía «, alertó el director de la GSI, Simon Upton.
El informe estima el valor total de los subsidios para los biocombustibles entre 5.500 millones y 7.300 millones de dólares anuales, monto equivalente a los fondos que el gobierno otorga a las producciones de azúcar y de algodón juntas.
Más de 90 por ciento de las subvenciones apoyan a la producción o al consumo de etanol en base a maíz.
Estos subsidios aumentarán en los próximos años porque la mayoría de ellos están atados a la producción de combustibles por parte de inversores privados, que crece en forma acelerada, indica el estudio.
Entre los biocombustibles, el etanol es por lejos el mayor y más antiguo receptor de subsidios. Ya en los años 70, cuando Washington tambaleaba por un salto en los precios del petróleo, se lanzaron varios programas destinados as reducir la dependencia del crudo externo y se apeló al etanol.
El mismo argumento, además del hecho de que los biocombustibles emiten menos gases invernadero que los fósiles, está detrás del actual auge de la industria.
Según Koplow, la capacidad de producción de etanol se incrementó 40 por ciento desde inicios del año pasado.
Con subvenciones gubernamentales de entre 5.100 millones y 6.800 millones de dólares, la industria del etanol produjo unos 16.000 millones de litros, según el informe. Esto representa casi una sexta parte de la cosecha total de granos del país, pero menos de tres por ciento del combustible para automóviles que se necesita.
Mientras, la producción de biodiésel, hecha en base a aceites vegetales o grasas animales, es muy temprana, pero crece rápido. Pasó de apenas cuatro millones de litros en 2000 a 75 millones el año pasado.
Basándose en los actuales programas, el informe pronostica que los subsidios anuales del gobierno en los próximos seis años podrían aumentar a 8.700 millones de dólares para el etanol y a 2.300 millones de dólares para el biodiésel, sin contar muchos planes públicos por cientos de millones de dólares que acaban de ponerse en práctica.