En otra sesión en la que quedaron en evidencia las escandalosas condiciones en que se desarrolla el proceso por el sumario 18/98, el administrador judicial de «Egin», Antonio López, admitió que la actuación del juez Baltasar Garzón que prorrogó el embargo de bienes y el bloqueo de cuentas de las empresas que hacían posible la […]
En otra sesión en la que quedaron en evidencia las escandalosas condiciones en que se desarrolla el proceso por el sumario 18/98, el administrador judicial de «Egin», Antonio López, admitió que la actuación del juez Baltasar Garzón que prorrogó el embargo de bienes y el bloqueo de cuentas de las empresas que hacían posible la edición del diario provocó el deterioro irremediable de los bienes del grupo Orain. Además, la documentación económica de esas empresas correspondientes a los años 1998, 1999 y 2000 ha desaparecido. Sobre esos documentos se basa en gran medida la acusación fiscal.
Cerraron «Egin» y lo dejaron pudrir [1]
Los balances de situación, memorias, anexos y demás información no sólo económica y contable, sino también laboral, de las empresas que editaban «Egin» correspondientes a los ejercicios de 1998, 1999 y 2000 no han sido incorporados al sumario, y la Sala ni siquiera sabe dónde pueden estar.
Se trata de una muestra más de las escandalosas condiciones en que se ha instruido este sumario y se está celebrando este juicio, que tiene además una gran importancia, ya que la Fiscalía basa sus peticiones de prisión más altas, que tienen que ver con delitos económicos, precisamente en esa documentación que ahora no está.
Se trata de, al menos, 189 documentos, a los que el letrado de la defensa Iñigo Iruin hizo referencia durante su interrogatorio al administrador judicial de «Egin», Antonio López.
Este aseguró que había hecho entrega de esa documentación, pero el secretario judicial, tras un receso, hizo constar que no se encontraba incorporada al proceso y en la Sala nadie pudo decir dónde se encuentra. Ante esta situación, que el letrado calificó como «de una gravedad difícilmente calificable», la defensa solicitó la suspensión de la vista oral hasta que se localizaran los documentos.
A este respecto, Iruin recordó que el administrador judicial consideró, en 1999, que esa documentación era «fundamental para presentar una imagen cabal del patrimonio de las sociedades».
A pesar de ello, el fiscal sostuvo que no se daba ninguno de los supuestos del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ordenar la suspensión del juicio, a lo que el abogado José María Elosua respondió que, ante esta situación, lo «legalmente procedente» era solicitar, no la suspensión, sino la anulación de todo lo actuado hasta el momento. Es decir, desde el inicio del juicio.
Agregó que la defensa no pediría esto dado lo avanzado del proceso, que debería iniciarse otra vez, y para no ocasionar aún un mayor perjuicio a las personas imputadas. En cualquier caso, al igual que el resto de la defensa, se sumó a la petición de Iruin y destacó que falta «un componente importante de la prueba documental».
Tras el enésimo receso de la jornada, la presidenta Angela Murillo hizo suya la postura del fiscal y consideró que no había motivos para la suspensión. Sobre los documentos, ordenó que se solicitaran al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional para que estén presentes antes de la fase pericial. Lo que no dijo fue qué hará si siguen sin aparecer.
Dejaron que se deteriorara
Cuando en julio de 2003, cinco años después del cierre de «Egin», se levantó la clausura de las instalaciones del periódico, las personas que accedieron a ellas se encontraron con una imagen desoladora. Años de abandono habían ocasionado que inmuebles, maquinaria y herramientas, en su día modernas y punteras, apenas fueran reconocibles. La humedad y el moho ocupaban entonces lo que antes había sido el corazón de aquel proyecto periodístico.
Quien desde setiembre de 1998 hasta estos días ha sido su administrador judicial, Antonio López, admitió en la sesión matutina que en todo este tiempo no ha adoptado ninguna medida para impedir el deterioro de esos bienes, a pesar de que, según sus propias palabras, desde octubre de 1998 «era muy consciente de la pérdida de valor del material objeto de administración judicial».
Argumentó, ante este hecho, que las medidas cautelares impuestas por el juez instructor de este sumario, Baltasar Garzón, que incluía el embargo de los bienes y el bloqueo de las cuentas, le impidió hacer uso de los fondos que la propia empresa tenía para acometer medidas de mantenimiento.
«¿Está diciendo que el instructor estableció tales medidas cautelares que hacían imposible el mantenimiento de los bienes e instalaciones?», preguntó Iñigo Iruin al funcionario. «Esa fue la valoración que hizo el administrador judicial», replicó López, agregando que todos sus pasos los daba de común acuerdo con el juez.
Explicó que Garzón le dio instrucciones de que no se tocaran los saldos que las empresas intervenidas tenían en su haber, aún a sabiendas de que los bienes muebles e inmuebles sufrirían irremediables consecuencias negativas.
De hecho, en octubre de 1998, apenas un mes después de ser nombrado administrador judicial, mantuvo una reunión con representantes de la plantilla de «Egin» en la que los trabajadores le informaron con detalle de la situación.
«¿Era consciente de lo que podía haber allí, que podía haber maquinaria de tecnología punta que se estaría deteriorando?» preguntó otra vez Iruin. «Sí», respondió López. «A usted, como administrador judicial, le interesaría que todo eso estuviera en las mejores condiciones, ¿no?» insistió el letrado. «Por supuesto», acertó a responder el administrador, repitiendo las limitaciones impuestas por Garzón.
«¿No era un poco tarde?»
En 2003, cuando quedó en evidencia ante todo el mundo el estado de las instalaciones, y a pesar de que se mantenían las mismas medidas cautelares, sí propuso que se hiciera un programa de mantenimiento y de recuperación del valor patrimonial. Lo hizo, precisamente, cuando la defensa puso de manifiesto ante la Sala el estado de los bienes. Antes no se le ocurrió ni nadie se lo propuso.
«¿No era un poco tarde, cinco años después del cierre, para presentar un plan de mantenimiento?» volvió a inquirir el abogado al testigo, que no supo qué contestar. Sí afirmó, frente a la oleada de preguntas que le venía, que «me he atenido estrictamente a las funciones que la autoridad judicial ha otorgado a la admnistración judicial».
En cualquier caso, López reconoció que en estos ocho años nunca ha solicitado el desbloqueo de las cuentas para hacer pagos urgentes, ni acometer medidas de mantenimiento ni para hacer ningún otro pago.
Tampoco ha acudido en persona a los inmuebles que acogían las redacciones, la rotativa y las instalaciones en las que se elaboraba «Egin», a pesar de que él era el único administrador judicial. De hecho, reconoció que no consta documentalmente, que no se puede com- probar, que lo que había en setiembre de 1998, cuando comenzó su labor de administrador, exista hoy en día, ya que ni siquiera ha hecho un inventario físico de lo que en «Egin» había.
El interrogatorio de López, que concretamente es el administrador judicial de las empresas Orain SA, Hernani Inprimategia, Ardatza y Erigane, tuvo momentos de tensión, como cuando se conoció que un documento fotográfico y videográfico elaborado por la defensa en noviembre de 2003 sobre el estado del polígono Eziago de Hernani, entregado a la Sala y que ésta remitió al administrador judicial, no había sido incorporado al procedimiento.
Más documentos «perdidos»
Ante esta constatación, Iruin solicitó al tribunal que instara al testigo a que hiciera entrega de ese documento. La presidenta, Angela Murillo, replicó que tenían que deliberar al respecto y que le respondería por la tarde. Fue entonces cuando el letrado saltó y recordó que «se trata de documentos procesales, entregados por la defensa, acreditativos del deterioro de las instalaciones y que han desaparecido». Agregó que se encontraban ausentes desde diciembre de 2003.
La juez se mantuvo en sus trece, insistiendo en que respondería por la tarde, ante lo que Iruin solicitó hacer preguntas al testigo sobre ese documento gráfico. Frente a esta petición, la Sala ordenó un receso y, a la vuelta del mismo, reconociendo que el abogado tenía razón, suspendió la vista hasta la tarde para que López fuera a su despacho a por las pruebas.
El estupor fue aún mayor por la tarde, cuando lo que presentó el testigo no fueron más que fotocopias del acta notarial y de las fotografías originales presentadas por la defensa.
Iruin preguntó entonces dónde estaban las pruebas originales, a lo que, tampoco en esta ocasión, obtuvo ninguna respuesta. «Lo hemos buscado, a ver si me entiende usted, y no está», fue lo que le respondió la juez Murillo.
El abogado hizo que constara en acta que la Sala no estaba en disposición de incorporar las pruebas que había aportado la defensa, y no descartó la posibilidad de exigir responsabilidades penales a la Secretaría Judicial, encargada de custodiar la documentación.
Siguió el interrogatorio e Iruin preguntó al secretario judicial, que había reconocido no haber acudido nunca a las instalaciones de «Egin», si había visto el video que le habían entregado. López volvió a sorprender a los presentes al decir que no lo había visionado. Argumentó que las fotografías fotocopias en blanco y negro eran suficientes. Cuando el video fue reproducido ayer tampoco lo quiso ver, y estuvo mirando a otra parte. Lo mismo hizo el juez Poveda.
Los que miraron, pudieron ver los techos caidos por la humedad, herramientas destrozadas, una rotativa inservible… y en la oxidada puerta muchos carteles: «Euskal komunikabideen aurka eraso gehiagorik ez. Adierazpen askatasuna».
Retienen e identifican a José Luis Elkoro
Agentes de la Policía española identificaron y mantuvieron retenido durante quince minutos a José Luis Elkoro, cuando se disponía a guardar en una de las furgonetas su cámara de fotos. Elkoro había sacado la cámara para retratar a los testigos y a los procesados, que departían ante la Audiencia Nacional. Los policías, que también se mostraron agresivos con otros procesados, le obligaron a borrar una de las fotografías.
[1] Cerraron «Egin» y lo dejaron pudrir
Editorial Gara
El macroproceso 18/98 transita ya por la fase de declaración de testigos. Los últimos escollos han venido de la decisión de la Sala de dar paso a la toma de declaración de las personas citadas por la defensa, sin que hayan concluido los testimonios solicitados por el fiscal. Concretamente, el tribunal ha adoptado la irregular decisión cuando a la Sala le faltan por escuchar los testimonios del policía español que tomó declaración al escritor Edorta Jiménez, durante su detención en 1984, y al preso político vasco encarcelado en el Estado francés Javier Arizkuren. Particularmente ineficiente ha sido la gestión por la Sala de la citación a Arizkuren, quien debe declarar por videoconferencia. La juez Angela Murillo ni siquiera contestó al requerimiento que le cursaron las autoridades francesas para que especificase si consideraba oportuno que se adoptaran medidas extraordinarias, como un traslado, para que la toma de declaración se produjera en el tiempo requerido. Esa no respuesta ha derivado en la demora de la declaración de este testigo del fiscal.
La decisión del tribunal de proceder, pese a todo, a escuchar a los testigos de descargo, además de suponer una transgresión procesal, como han hecho constar los abogados de la defensa, pone de manifiesto el perjuicio que se deriva de actuaciones que, aunque puedan tener en origen un componente de desidia o ineficacia, al no ser aisladas, sino más bien repetidas, dejan entrever intenciones perversas. Tras el baile de testigos, lo ocurrido ayer confirma, de hecho, que esa ineficacia que se constata a cada paso conecta claramente con la lógica de agresión impune a proyectos, ideas y personas que destila toda la instrucción judicial.
Sin mayor empacho, el tribunal escuchó cómo el administrador judicial encargado de velar por la situación de las instalaciones del diario «Egin» tras su cierre reconoce que no cumplió con dicho encargo, imposibilitado, dice, por las cautelares dictadas por Garzón. En ocho años de clausura, el administrador fue alertado por trabajadores del diario y hasta por la Policía del deterioro de las instalaciones. Ni actuó ni incluyó los datos en su informe, del que han desaparecido hasta los originales fotográficos. A la vista está que el «se creían que no nos íbamos a atrever» daba margen de impunidad suficiente no sólo para echar el candado al diario, sino para dejar pudrir su patrimonio sin esperar siquiera a que la causa fuera dirimida en un tribunal.