Recomiendo:
0

Más sobre el caso Millet-Montull

El admirable coraje ciudadano y la claudicación de la Generalitat convergente-unionista

Fuentes: Rebelión

El caso se remonta a 2003. Fèlix Millet y Jordi Montull obtuvieron en aquel entonces -hace casi diez años de ello- inmuebles sin perfecto estado de revista que eran propiedad del «Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas». Pretendían facilitar la construcción de un hotel de lujo-lujísimo al lado del Palau de la Música barcelonés, […]

El caso se remonta a 2003. Fèlix Millet y Jordi Montull obtuvieron en aquel entonces -hace casi diez años de ello- inmuebles sin perfecto estado de revista que eran propiedad del «Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas». Pretendían facilitar la construcción de un hotel de lujo-lujísimo al lado del Palau de la Música barcelonés, pegado a la entrada principal. A cambio se comprometían a restaurar una de las escuelas de los Hermanos cristianos, cercana de los inmuebles. Limosna. En medio de todo ello intervino la empresa Olivia Hotels. Con la operación, poco después, entre 2006 2007, Millet y Montull lograron hacerse según parece con unos 900.000 euros. Eran los tiempos del ladrillo y de los nuevos pelotazos.

Durante el proceso, y éste es un punto no menos crucial, dado que la calificación urbanística de los inmuebles no permitía la construcción hotelera (estaban destinados a servicios públicos para un barrio muy necesitado), Millet, Montull y el arquitecto Carles Díaz movieron sus privilegiados hilos. Sabido es: las redes políticas están para eso. Se reunieron, pues, con la ex cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento -entonces gobernado por el PSC-PSOE e ICV-EUiA- para lograr el objetivo: cambiar calificaciones. Lo lograron con el apoyo de todos los partidos del consistorio (CiU y PP entusiasmados) menos en el caso de ERC.

En sus planes de actuación, se incluía la necesidad de que Millet tuviera controlados personalmente a todos los partidos políticos durante el proceso. Se puso en ello. No es imposible que algunas financiaciones extras llegaran a estas organizaciones.

Los vecinos de Ciutat Vella, el barrio donde se ubica el Palau barcelonés, que ejercen la acusación en el caso del hotel, consideran que Millet y Montull cometieron un delito continuado de apropiación indebida y solicitan siete años para cada uno [1]. En esta causa, hay otra complementaria por mala gestión del Palau [2], también está imputada la antigua cúpula de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento barcelonés. En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona, el que instruye la causa, la Asociación de Vecinos en Defensa de la Barcelona Vella «solicitan también seis meses de prisión por un delito de tráfico de influencias por funcionario público y siete años de inhabilitación para ex concejal de Urbanismo» -¡y ex cuarto teniente de Alcalde!- Ramon García Bragado, y piden penas de tres años de cárcel para Ramón Massaguer, ex gerente de Urbanismo, y Enric Lambies, ex director jurídico de Urbanismo e Infraestructuras, por falsedad en documento público, y además inhabilitación para un cargo público durante siete años por presunta prevaricación para el primero, al igual que nueve meses para el arquitecto del proyecto Carles Díaz (esta vez por tráfico de influencias).

Según la acusación vecinal, Lambies, Massaguer y Garcia-Bragado conocían muy bien que las resoluciones que se estaban adoptando en el consistorio de «Barcelona la millor botiga del món» ocultaban una operación de lucro privado que «no tenía nada que ver con el interés general». Nada que ver: los negocios son los negocios y las financiaciones irregulares de partidos institucionales son historia complementaria.

En el escrito de la representación legal de los vecinos, se reclama que Millet y Montull, conjuntamente, devuelvan 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil «a la Fundación privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana». El importe correspondería a las cantidades que ambos ex responsables del Palau se apropiaron de forma indebida. En el escrito se apunta, además, que «esta cantidad deberá ser distribuida con la Generalitat de Cataluña a la vista del resultado de la práctica de las diligencias solicitadas previamente» [3]

Efectivamente, un porcentaje de estos 900.000 euros podría corresponder al gobierno de Cataluña. Sin embargo, ¡ay sin embargo!, el ejecutivo de Mas el soberbio ¡ha renunciado a ejercer la acusación particular para reclamarla!.

Según informa Efe [4], la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, ha ofrecido a la Generalitat la posibilidad de ejercer acciones en la causa para recuperar un porcentaje -en torno al 37%, unos 333.000 euros-, de los 900.000 euros, los que el promotor del fallido hotel avanzó a los acusados. Los servicios jurídicos de la Generalitat han declinado ese ofrecimiento al considerar que la cantidad pagada por Manuel Valderrama no corresponde al gobierno autonómico, sino en todo caso al Palau de la Música, «sin perjuicio de que la Fiscalía formule las reclamaciones económicas que considere oportunas en nombre del gobierno catalán». El fututo está abierto y se cierra fácilmente.

Sin embargo, la juez considera que esa cantidad podría pertenecer a la Generalitat y a la Fundación Palau de la Música, a ambos aunque en diferentes proporciones, «en base al convenio que firmaron en marzo de 2006 el Departamento de Economía y la institución dirigida por Millet y Montull para permitir la permuta de fincas que abría la puerta a la construcción del hotel de lujo» [5]. De acuerdo a ese convenio, las acusaciones podrían ahora reclamar a Millet y Montull que devuelvan a la Generalitat los 330.000 euros citados anteriormente y «que reintegren al Palau de la Música los 567.000 euros restantes».

El razonamiento de la juez tiene más ventanas y más implicaciones y abre la puerta a imputar a los ex responsables del Palau un nuevo delito de malversación de caudales públicos que se castiga «con entre tres y seis años de prisión» (que se sumarían a los de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental, han señalado las mismas fuentes).

Los servicios jurídicos de la Generalitat no están por la labor. Se está hablando de amigos íntimos de la Casa que hicieron grandes favores. Entienden, o dicen entender, que la supuesta comisión pagada por el promotor no pertenece al gobierno catalán. Son así de generosos. ¡Las finanzas públicas van sobradas!

Mientras tanto, eso sí, dos estudiantes barceloneses siguen en prisión punitiva y los señores Millet y Montull siguen tranquilos y confiados en sus casas. Los suyos siguen apoyándoles y mirando hacia otros sectores sociales que no son de su cuerda privilegiada.

Notas:

[1] http://www.lavanguardia.com/politica/20120416/54284827837/vecinos-ciutat-vella-7-anos-carcel-millet-y-montull.html y El País, 17 de abril de 2012, p. 18.

[2] Causa que es distinta de la del saqueo del Palau protagonizado también por sus ex responsables,

[3] Los 900.000 euros corresponden a la comisión que, supuestamente por supuesto, Millet y Montull recibieron del constructor hotelero Manuel Valderrama para favorecer la construcción del hotel.

[4] http://www.lavanguardia.com/economia/20120416/54284516835/generalitat-rechaza-reclamar-millet-y-montull-900-000-euros.html

[5] Dicho convenio establecía que el constructor debería indemnizar a la Generalitat por la pérdida patrimonial derivada de la recalificación en un 37% del valor del suelo donde se iba a levantar el hotel (y en un 67% a la Fundación Palau de la Música).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.