En el año 2050, el 40% de la población vivirá en entornos de estrés hídrico. En España, en 2021, se prevé un 20% menos de recursos hídricos que a principios de los años 90
Más de un millar balsas ilegales de regadío acaparan el agua de Doñana. WWF DOÑANA
Pocos elementos hay en el mundo cuyo tratamiento requiera un enfoque tan poliédrico como el agua: Desde la evocación de la infancia jugando en el río hasta la imagen de grandes centrales hidroeléctricas a los pies de embalses bajo los que se esconden pueblos muertos e inundados. El agua es capaz de lo mejor y de lo peor, es vida pero también puede ser muerte, es como nosotros mismos, y actúa como un espejo de nuestra forma de vivir, devolviéndonos una imagen que a veces nos incomoda.
Quizá sea por eso por lo que el agua no acaba nunca de ser protagonista en los debates sobre cambio climático y cerca estuvo de quedarse sin ser un punto específico dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Afortunadamente se evitó a última hora con la inclusión del ODS 6 dedicado al «Agua limpia y saneamiento». Por eso, o porque su transversalidad hace que se convierta en invisible frente a abordajes sectoriales más sencillos. Sea como sea, el agua es un buen indicador para conocer los efectos de nuestra relación con el planeta, porque acaba reflejando en ella todo lo que opera sobre la biosfera.
Uno de los primeros impactos que el cambio climático está teniendo sobre el planeta es la menor disponibilidad de agua. A nivel global, según el estudio Perspectivas ambientales de la OCDE hacia 2050. Consecuencias de la inacción, en el año 2050 el 40% de la población vivirá en entornos de estrés hídrico. Centrándonos en España, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), elaboró en 2010 un informe a petición del ministerio de Medio Ambiente sobre el impacto del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos. A lo largo de un pormenorizado estudio, se constata una reducción generalizada de precipitaciones y un aumento de las temperaturas, lo que ocasiona un incremento de la evapotranspiración y menor recarga de los acuíferos. Todo esto se está constatando ya, cuando se comprueba que los ríos están recibiendo menor volumen de agua. Como ejemplo, las cuencas del Guadiana, el Ebro y las cuencas internas de Cataluña disponían, hace siete años, cuando se elaboró el informe, de un 20% menos de agua que diez años atrás. A esta menor disponibilidad hay que añadir el aumento de la demanda hídrica de la vegetación y los cultivos debido a la mayor evapotranspiración que provoca el aumento de las temperaturas. De hecho, las mayores pérdidas de agua en la vegetación natural y en los cultivos por esta mayor evapotranspiración pueden llegar a afectar más que la propia reducción de las precipitaciones, al menos en ambientes áridos. Con todos estos elementos, los escenarios contemplan para el año 2021 un 20% menos de recursos hídricos respecto a principios de los años 90. El cambio climático, sin duda, reduce la disponibilidad de agua y hace de España un país más vulnerable.
Otro de nuestros desmanes, reflejado en ríos y acuíferos, es la contaminación. En el conjunto del planeta pervive una idea de los ríos presidida por su función de arrastre, que los convierte en el vertedero de todo aquello que no queremos ver ni oler. Se sabe que uno de cada cuatro acuíferos en España está contaminado por nitratos procedentes del uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. En el contexto de cambio climático que nos encontramos, con menos agua, esta situación de contaminación se agrava notablemente y compromete la salud de los ríos y acuíferos, y por tanto, de buena parte del suministro de agua de boca. Para los que tenemos la suerte de vivir en esa parte del mundo que dispone de energía y tecnología, el dilema se abordará con más inversión y mayor coste, lo cual ya es un problema tanto económico como de emisiones de CO2. Pero, ¿cómo van a afrontar este drama quienes no dependen de estos recursos, que son, además, los que están más expuestos a los efectos del cambio climático?
La otra cara de la moneda de la menor disponibilidad de agua y su mayor contaminación es la demanda. En España, aproximadamente el 80% del agua se destina a regadío; el 20% restante queda para abastecimientos urbanos y demanda industrial. En cuanto al consumo urbano, se ha demostrado en diferentes municipios que cuando existe presión social y un trabajo continuado de información y educación, se consigue reducir la demanda. Ahora bien, en el momento en que estas campañas cesan o reducen su intensidad, buena parte de las mejoras obtenidas se pierden y se regresa a un mayor consumo. En cuanto a los regadíos, según el informe Consecuencias del cambio climático sobre la disponibilidad de agua en España tras la firma del acuerdo de París de Ecologistas en Acción, elaborado por Julia Martínez, la suma de nuevos regadíos contemplados en el conjunto de los Planes hidrológicos españoles 2015-2021 supondría el incremento de un 16.9% de hectáreas de regadío. Nada menos que 700.000. ¿Es esto posible y viable a la luz de la menor disponibilidad de agua y del incremento de contaminación asociada, entre otras cosas, al exceso de nitratos en los fertilizantes agrícolas? Y aunque no se pueda entrar aquí a fondo en el debate, ¿para qué modelo agrícola, con qué consecuencias sociales, con qué competitividad en el mundo global? Demasiados interrogantes para abordar en este espacio, pero que deben formar parte inexorablemente de la reflexión.
El cambio climático está también detrás de la mayor frecuencia con que estamos sufriendo fenómenos meteorológicos extremos que dan lugar a desastres mal llamados «naturales», como hemos comprobado recientemente con los huracanes que han asolado el Caribe, el estado de Florida, o las inundaciones en el sureste asiático, entre otras. En el marco del Seminario «Cambio climático y agua» organizado por Ecodes en febrero de 2016, la que fuera directora de la Oficina de la década del agua de Naciones Unidas, Josefina Maeztu, recordaba que «el 90% de los desastres naturales de los últimos 15 años han sido avenidas, sequías y tormentas, desastres que han afectado a 4.200 millones de personas desde 1992″. Tras ello, como han certificado ya diversos estudios científicos, emerge de nuevo el cambio climático; eso que todo lo cambia, parafraseando a Naomi Klein.
Y, por si todo esto fuera poco, el agua tampoco escapa a una de las lacras de nuestros días: la corrupción. El 30% de los recursos destinados en el mundo a mejorar la gestión del agua se escapan por las cloacas de la corrupción. España no es ajena a este drama, como hemos podido ver en el caso del Canal de Isabel II o en otras polémicas como las que ya en el año 2004 describía la Fundación Nueva Cultura del Agua en el informe Aguas Limpias, Manos limpias.
El agua es un buen espejo de nuestra sociedad que nos devuelve una imagen bastante fidedigna de nuestros desmanes. El desprecio a las cuestiones ambientales en general, y el cambio climático como sintomatología de todo ello, da como resultado una menor disponibilidad de agua, una mayor contaminación y el incremento de fenómenos meteorológicos extremos y desastres «naturales». Mientras tanto, las políticas de gestión de la demanda siguen siendo notoriamente tímidas, y la corrupción hace de las suyas en un sector que mueve importantes cantidades de recursos.
La buena noticia es que conocemos el problema y sabemos cómo hacerle frente. Además, si queremos cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible no quedará más opción que repensar toda la política del agua en función de este escenario de cambio climático y de las metas que los ODS plantean. Para cumplir los 17 objetivos, pocos elementos hay tan estratégicos y transversales como la política hidráulica. Según relata Naciones Unidas en su informe Agua para un mundo sostenible, «Las inversiones en agua y servicios de saneamiento se traducen en beneficios económicos sustanciales; en las regiones en desarrollo, el rendimiento de la inversión se ha estimado entre 5 y 28 dólares estadounidenses por dólar». Porque no se trata sólo de conseguir agua limpia y saneamiento, mejorar la vida submarina o la vida de los ecosistemas terrestres. La lucha contra el hambre y la pobreza necesita de agua para la vida; la salud y el bienestar es impensable sin acceso garantizado al agua potable y al saneamiento; la educación en buena parte del planeta depende de no tener que recorrer unos cuantos kilómetros todos los días para ir a buscar agua al río –tarea que recae la mayor parte de las veces en mujeres y niñas–; el desarrollo económico, la reducción de las desigualdades, la creación de ciudades con mayor calidad de vida, o la paz mundial, no podrán conseguirse si no se materializa y garantiza el derecho al agua como un derecho humano, que es el primer derecho que da lugar al resto de derechos, porque sin ella no hay vida.
Estamos, por tanto, ante un desafío global, que en nuestro país presenta características propias pero que debemos analizar desde una óptica integradora y con la mirada puesta en el largo plazo. Conscientes de eso, hemos de hacer lo posible por preservar la calidad de nuestros ríos y acuíferos reduciendo al máximo la contaminación, repensar nuestros modelos de usos del agua poniendo en marcha políticas ambiciosas de gestión de la demanda, y garantizar una gestión transparente del agua que no deje resquicio alguno para las malas prácticas o la corrupción. Y todo esto ha de hacerse, para tener éxito, mediante procesos deliberativos donde se implique al conjunto de la población en la definición de la política hidraúlica. Es imprescindible trascender el estrecho concepto de «interesado» que suele primar en el derecho administrativo, porque, ¿quién no está interesado en que se gestione bien aquello que nos da -o nos quita- la vida? La Directiva Marco del Agua avanza en este sentido, pero hay que ir más allá si queremos implicar al conjunto de la población para de esta manera, correponsabilizarla en una política que de otra forma no podría tener éxito.
Y como ejemplos, para acabar con esperanza, aquí pueden verse algunas iniciativas que caminan en este sentido, como la Hoja de Ruta del Cambio climático en Navarra, o la Ley catalana contra el cambio climático, que nos dicen que algo puede estar empezando a cambiar.
Cristina Monge es Directora de conversaciones de ECODES. Profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza. @tinamonge