España cerró 2015 con un porcentaje de deficit que barre todos los compromisos con la Unión Europea y deja una peligrosa herencia al próximo Gobierno
Tremendo bombazo. Coincidiendo con los 100 días sin nuevo Gobierno, la cifra de déficit del Estado dada a conocer hoy supera todas las previsiones oficiales para 2015 y envía un inquietante mensaje al Gobierno que salga de las negociaciones parlamentarias -o de unas previsibles elecciones en junio-: si hubiera que cumplir con los objetivos pactados con la Unión Europea para 2016, el Estado tendría que ingresar o recortar unos 20.000 millones de euros adicionales, algo que deja pequeño al ajuste de 15.000 millones que sentenció a Zapatero en 2010 y que se acerca peligrosamente a los 40.000 millones del rescate a la banca de 2012. Dos momentos estrella de la crisis de la eurozona que sumieron a la economía española en una fuerte depresión cuyos efectos todavía estamos viviendo.
La cuestión, tras tres años de austeridad (2010-2013), un año de prórroga y un año (2015) donde de Guindos y Montoro se han permitido un mayor gasto público, es si la máquina disciplinaria de los pactos de Estabilidad y del Memorándum de Entendimiento (es decir, el llamado rescate) firmado por el Gobierno de Rajoy en 2012 sigue bien engrasada o no. El carácter múltiple de la crisis política y económica que afecta a la Unión Europea hace complicada -o directamente temeraria- una simple traslación literal entre lo que dicen las cifras (56.200 millones de déficit público en 2015, un 5,162% del PIB) y los acuerdos del Eurogrupo (la cifra supera en un punto el porcentaje de deficit comprometido para 2015 y en más de dos puntos el objetivo del 3% previsto para este mismo año).
De momento, tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera han defendido, dentro de su hipotético acuerdo de Gobierno, el marco de una negociación con la Unión Europea que aminore el ritmo en la aplicación de los recortes. Es decir, un paso atrás con respecto a lo que viene permitiendo la UE al Gobierno de Rajoy desde 2014: una discreta vista gorda que ha permitido, con un entorno macroeconómico favorable (bajos precios de la energía y las primeras medidas de estímulo del Banco Central Europeo) el retorno al crecimiento económico.
En su rueda de prensa para dar a conocer las cifras, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cargado la responsabilidad del desvío sobre las Comunidades Autónomas y ha puesto el peso especialmente en Catalunya, Extremadura, Aragón y Murcia. En total, las regiones han presentado un desfase entre ingresos y gastos del 1,3% del PIB.
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El precedente inmediato, dentro del capítulo de declaraciones con marca austeritaria, han sido las distintas llamadas de atención de la Comisión Europea por boca de su comisario económico, Pierre Moscovici. La última, en febrero, ya era clara: «Sea cual sea el nuevo Gobierno debe hacer ajustes en 2016». Cuando se desconocía la magnitud de la desviación entre ingresos y gastos de las cuentas del Estado, la advertencia iba con cifra: el Estado español debería hacer ajustes en 2016 de en torno a 9.000 millones de euros. De no hacerlo, en teoría se activarían las sanciones previstas por no cumplir con el Pacto de Estabilidad. O se prolongaría la vista gorda presupuestaria de la que ha gozado Rajoy, siempre con duras contrapartidas en materia de legislación laboral o de pensiones.
Del lado económico, las cifras muestran la poca solidez de la recuperación económica iniciada tras la crisis. Pese al intento de Montoro de descargar responsabilidad del Gobierno central, tan sólo las cuentas de la Seguridad Social presentan un desvío del 1,6% algo no solo relacionado con las políticas de subvención y bonificación de las contrataciones para poder estimular el empleo, sino con la propia bajada salarial generalizada vivida desde 2012. El crecimiento económico, simplemente, no se está traduciendo en más ingresos para el Estado por la vía de las cotizaciones sociales que compensen las bajadas del IRPF acordadas por el Gobierno en el año electoral. Una estructura económica anoréxica de la que dan fe otros datos conocidos hoy: Sareb, el ‘banco malo’ cuya creación iba incluida en el acuerdo de rescate de la banca de 2012, salió de pérdidas en 2015, pero sólo gracias a los llamados créditos fiscales, una política de amnistía fiscal ‘de facto’ para la banca que se hace a cuenta de la previsión futura de beneficios. Todo muy sólido.