El Gobierno avala un cierre escalonado de las centrales, con un final en el 2035, mientras los ecologistas piden que se anticipe el desmantelamiento, y que haya «luz y taquígrafos»
Vandellòs II
El Gobierno ha asumido que las centrales nucleares no podrán cerrar a los 40 años de su vida útil (lo que hubiera supuesto clausurar la última planta en el 2028). El apagón nuclear se retrasará. El Ejecutivo avala un plan para echar el cierre entre los años 2025 y 2035, según ha confirmado Teresa Ribera, ministra para la Transición Energética.
Este es el marco temporal presentado a las compañías eléctricas, con las que se mantiene abierta una negociación.
La previsión inicial era cerrar las nucleares al cumplir 40 años de vida útil, como recoge el programa electoral del PSOE.
Pero ahora esto no se ve posible.
Nucleares centrales (Clara Penín)
De los siete reactores que hay en servicio, cuatro prolongarían su vida hasta los 44 años (e irían cerrando hasta el 2030) mientras que los otros tres tendrían una prórroga mayor. La central de Cofrentes sobreviviría hasta los 48 años y se cerraría en el 2033, según algunas propuestas oficiosas.
La planificación del ministerio comporta un importante cambio de orientación respecto a los deseos expresados por la ministra Teresa Ribera al tomar posesión de su cargo.
Cierre complicado
Diversas fuentes consideran inviable económicamente el cierre a más corto plazo, dados los ingentes recursos económicos necesarios para clausurarlas, y retirar, gestionar y confinar los residuos radiactivos.
De hecho no está claro cómo se afrontarían estos costes. Las empresas eléctricas pagan un fondo a Enresa, compañía pública encargada del desmantelamiento.
EN MANOS DE ENRESA
El coste económico es una de las claves para retrasar el desmantelamiento
Pero las reservas disponibles son muy inferiores a los costes de estos desmantelamientos.
El plan de Residuos de Enresa data del 2006 y por lo tanto debería ser actualizado.
Esto significa que en la práctica es necesario alargar algo la vida de las centrales para que puedan generarse ingresos suficientes para acometer esta tarea.
En el tejado de Enresa
También se arguye que la empresa pública Enresa no está en condiciones de efectuar esta tarea «de golpe», sino que debe hacerlo escalonadamente y de manera programada.
El retraso en el apagón nuclear se justifica también en la conveniencia de ofrecer y garantizar alternativas económicas para los territorios del entorno de estas plantas que podrían verse afectadas por la medida. Se invoca además que falta personal técnico (ingenieros, operarios…) para llevar a cabo una tarea tan «descomunal» como supondría cerrar las centrales de golpe.
Planificación estratégica
La planificación sobre el papel de la energía nuclear forma parte del plan de Energía y Climaque ultima el Gobierno, un documento en que se establece la estrategia para cumplir el acuerdo de París contra el cambio climático y donde detalla qué tendrá cada tecnología para lograr una descarbonización de la economía hacia mitad de siglo.
El documento (junto con el proyecto de ley de Cambio Climático) debe ser aprobado por el próximo Consejo de Ministros.
El plan. Se quiere que 4 centrales dejen de operar antes de finales del 2030 (las de Almaraz y de Ascó) y en el siguiente quinquenio lo hagan Cofrentes (2033), Vandellòs II (2034, en la foto) y Trillo (2035) (Xavi Jurio)
La ministra Ribera ha ofrecido a las empresas eléctrica un marco temporal de cierre (entre el 2025 y el 2035) y ahora serán ellas (básicamente, Iberdrola, Endesa, Naturgy) las que deberán ponerse de acuerdo para ajustarse a estas intenciones atendiendo a sus propios intereses y necesidades.
Las empresas deberán considerar los costes de desmantelamiento y de las posibles inversiones adicionales que comportaría (por exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear) un funcionamiento más allá de los 40 años. «No hay un acuerdo cerrado. No se ha firmado nada», dicen fuentes empresariales.
Algunos calendarios
Pero ya han circulado algunas propuestas indicativas del calendario de cierre. Según éstas, la primera central que deberá cerrar será la de Almaraz I, en el 2027, seguida de su gemela Almaraz II, en el 2028.
Se quiere que cuatro centrales dejen de operar antes de finales del 2030, por lo que Ascó II también echará el cierre antes de acabar el 2030.
Para el siguiente quinquenio quedarían Cofrentes (2033), Vandellòs II (2034) y Trillo (2035). Con este calendario, Cofrentes permanecería 48 años en activo.
La razón esgrimida es que esta planta funciona con un sistema de agua en ebullición (BWR), a diferencia de las demás, que son de agua a presión (PWR), una tecnología que obliga a efectuar dos recargas de combustibles anuales, en lugar de uno, como hace el resto.
En este caso, el tiempo adicional en que la planta está parada no se contabilizaría para establecer su vida útil. Por eso, duraría hasta cumplir los 48 años.
Intereses contrapuestos
La realidad es que los intereses de las empresas propietarias son diferentes.
Endesa, propietaria principal de las centrales catalanas, apuesta por continuar la operación de las centrales «a largo plazo», para acercarse a los 50 años de funcionamiento.
Las conversaciones
«No hay acuerdo», dicen las empresas eléctricas, sumidas en la negociación
Esta compañía, que ha planificado su amortización a 50 años vista, se resiste a dar por buenas las intenciones del Gobierno, con el argumento de que hay que dar prioridad a la garantía de suministro eléctrico, el precio de la luz y los recortes de emisiones de gases invernadero.
Su consejero delegado, José Bogas, pidió la semana pasada que el plan del Gobierno se revise de manera permanente en función de cómo evolucione el sector, porque «no puede estar escrito en piedra».
Bogas alertó de que prescindir de la energía nuclear podría condenar a España a sufrir déficits de capacidad de producción eléctrica en el 2030, lo que en la práctica supondría que el sistema eléctrico se enfrentaría a un riesgo de apagones.
En cambio Iberdrola, principal accionista de Almaraz I, Almaraz II y Trillo, se aviene más a la planificación del Gobierno. Prevé amortizar sus centrales en 40 años, por lo que no tendría tantos inconvenientes en un cierre más adelantado. Un escollo adicional en este debate es que algunas centrales tienen una propiedad accionarial compartida, lo que complica los acuerdos, que deben tomarse por unanimidad.
En Catalunya
Jaume Morrón, gerente de la Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat), pronostica que las tres nucleares catalanas podrían ser las últimas en cerrar. Sus argumentos son que Endesa tiene una amortización prevista para sus nucleares a 50 años vista, y que en Catalunya «no se han hecho los deberes» para desarrollar las inversiones en materia de energías renovables que permitan suplir la energía nuclear.
Llei de Canvi Climàtic
Al ritmo actual, Catalunya está lejos de cumplir sus objetivos sobre renovables para el 2030, alerta EolicCat
Uno de los objetivos de la ley de Canvi Climàtic es que las fuentes renovables aporten el 50% de la demanda eléctrica en Catalunya en el año 2030. Sin embargo, al ritmo actual, sólo se cubriría el 40%, según se desprende de la planificación del Institut Català d’Energia, alega este experto.
La opinión de ecologistas y la Fundación Renovables
La decisión del Gobierno de pactar un cierre escalonado de las centrales nucleares, que sitúa el fin de la energía nuclear entre el 2025 y el 2035 ha cogido a contrapié a las empresas relacionadas con las energías renovables y a los grupos ecologistas.
Fundación Renovables
«El debate es sobre cómo acelerar, no retrasar, el inevitable cierre de nucleares», cree Fernando Ferrando
Estos sectores confiaban en que la clausura de las nucleares se produciría en España al cumplir los 40 años de vida útil, de manera que la última central se cerraría en el 2028.
La Fundación Renovables y Greenpeace han expresado su disconformidad a estos planes, según expresaron en una jornada celebrada en Madrid en el encuentro Un Horizonte sin Nucleares.
Los participantes en el encuentro pidieron que el calendario de cierre de las nucleares no se tome a puerta cerrada entre las eléctricas y el Gobierno.
Piden transparencia
«El debate necesario es sobre cómo acelerar, no retrasar, el inevitable cierre de las nucleares, que debe ser seguro, eficaz y eficiente», declaró Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.
«La propuesta de la ministra coincide con los intereses expresados por los presidentes de las eléctricas. Se requiere que nuestras voces sean escuchadas en igualdad de condiciones. El Gobierno no está para rescatar a las eléctricas, sino para defender los intereses ciudadanos», declara Mario Rodríguez.
Entidades ecologistas se manifestaron para pedir el cierre de las centrales nucleares en Barcelona (Xavier Gómez)
«La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos», afirma Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Ferrando estima que hay soluciones para suplir la energía que dejaría de producirse gracias a las subastas para promover nuevas instalaciones.
Esta idea fue refrendada tanto por José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, como José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.
Los participantes en el encuentro concluyeron que el cierre programado de las centrales «no es solo una decisión empresarial» y que la consulta pública «es obligatoria»
También coincidieron en que los costes de la retirada y gestión de los residuos radiactivos (el gran handicap de esta industria) y de los riesgos de accidente los deben pagar las empresas no la sociedad.
Otras conclusiones
«El envejecimiento de las instalaciones debe ser considerado de manera específica, porque a partir de los 40 años de operación son necesarias revisiones especiales», señalan las conclusiones del encuentro. También juzgaron que es «imprescindible disminuir las emisiones de CO 2 en el sistema energético y eléctrico», lo que comporta, «de manera inmediata e imprescindible el cierre del carbón y nuevas inversiones en renovables».
«El cierre nuclear es una oportunidad para el empleo y la economía, y puede y debe favorecer el empleo y la economía local», señalan también las conclusiones. En ellas se señala que el desarrollo de planes de inversión local y el cierre nuclear «es una oportunidad única».
Expertos
El encuentro registró la presencia de destacados expertos en energía (como la catedrática Natalia Fabra o los técnicos Nieves Sánchez o Francisco Castejón), así como representantes de UNEF, Anpier, APPA, WWF, SEO/Birdlife o Ecologistas en Acción, entre otros.
Mientras tanto, el grupo Unidos Podemos ha presentado una interpelación urgente al Gobierno por no presentar la Ley de Cambio Climático.
Equo critica
«La ley vuelve a quedar en un cajón», se lamenta Juantxo López de Uralde
Su diputado Juantxo López Uralde (Equo) denuncia que esta ley se vuelve a «quedar en un cajón».
«Tenemos que reducir las emisiones un 45% en el 2030. Pero por culpa de la inacción y pasividad del PP y del PSOE hemos perdido en esta legislatura la oportunidad de sacar adelante una ley de cambio climático. No hay excusa posible: ni el gobierno de Rajoy, ni el de Sánchez han tenido voluntad política para hacer frente al mayor problema al que se enfrenta la humanidad», dice López de Uralde.
Once claves del Plan de Energía y Clima, y el proyecto de Ley de Cambio Climático
1) Para el 2030, las emisiones de gases invernadero deberán recortarse al menos un 20% con respecto a 1990.
2) Ahora, España emite un 17% por encima de los niveles de 1990. Por tanto, el objetivo para el 2030 exige reducirlas en 37 puntos.
3) Para el 2050, las emisiones deberán reducirse en al menos un 90% con respecto al nivel de 1990.
4) El Gobierno fija como objetivo lograr que las fuentes renovables aporten el 35% del consumo de energía final, una meta incluso superior a la acordada para el ámbito de la UE (un 32%).
5) El Gobierno promoverá, para el periodo 2020-2030, concursos para que se instale al menos 3.000 MW de potencia al año en plantas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
5) El 70% de la cobertura eléctrica deberá ser renovables en el 2030
6) Además, para facilitar su penetración, «se reconoce la primacía en la instalación de plantas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes de origen renovable» sobre otras tecnologías así como «la prioridad en el acceso y conexión a redes de transporte y distribución del sistema eléctrico».
7) La futura ley deberá «dar priorizar a la rehabilitación del parque de viviendas». El Ejecutivo quiere garantizar la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de al menos 100.000 viviendas al año de media entre el 2021 y el 2030 y abrir programas de ayuda y financiación al respecto.
8) Los ingresos de las subastas (que pagan las grandes empresas por los derechos de emisión de CO2) irán a las políticas definidas en esta ley. Pero no se habla de si se regionalizarán esas partidas; parte de estas
9) El Gobierno quiere impulsar ambiciosas propuestas para descarbonizar la economía. Por ejemplo, a partir del 2040, no se permitirá la matriculación de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono» (gasolina, diésel e híbridos).
10) Los permisos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) quedarán prohibidos «en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial», a partir de la aprobación de la futura ley.
11) El veto se iba a centrar inicialmente en las aguas territoriales (Baleares y Canarias), pero al final se extiende a la Península. «Las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá del 2040», señala el anteproyecto conocido