El cambio de dinámica en el mercado de la vivienda, que insiste en que es más «barato» comprar que alquilar, viene completamente inducido por la voluntad de los fondos buitre de vender una buena parte de sus activos.
Vientos de cambio en el mercado inmobiliario español? Este mes han salido publicadas varias noticias en la prensa española aduciendo al hecho de que comprar una vivienda podría, de nuevo, ser una inversión interesante. El argumento planteado al unísono es que ahora saldría más barato comprar que alquilar. Según el diario económico Cinco Días el gasto en una hipoteca sería menor que el gasto actual de una familia en pagar el alquiler. Llama la atención la vuelta del mantra de que «alquilar es tirar el dinero» y que «comprar sale mejor que alquilar», ya conocidos durante la fase de la burbuja inmobiliaria que vivió el país en los años 2000. Las consecuencias de aquella burbuja aún están siendo pagadas por la mayoría de la población, en particular por todas aquellas que han perdido su vivienda.
De hecho, estas noticias son incluso indecentes si tenemos en cuenta que año tras año, la crisis habitacional no deja de agravarse en el Estado español. Según un informe el Consejo General del Poder Judicial publicado en agosto, en lo que llevamos de año cada día han tenido lugar más de 100 desahucios por impagos en el alquiler y 42 por impagos en la hipoteca. Esta crisis también está operando un cambio en el tipo de tenencia de vivienda en el Estado español. Así, aunque aún esté por debajo de la media europea en lo que respecta al tamaño del mercado de alquiler, este ha pasado del 10,4 al 14,3% del total en una década.
Los movimientos sociales que han ido naciendo como respuesta a las repetidas violaciones al derecho a la vivienda en el Estado dan ahora la señal de alarma ante los anuncios del refuerzo de una nueva fase especulativa. ¿Cómo se explica que se den anuncios sobre esta tendencia en un contexto en el que cada vez más gente se ve obligada a alquilar una vivienda por no poder permitirse una hipoteca?
La tendencia al alza del mercado hipotecario, como algunos activistas e investigadores han indicado de forma muy acertada, tiene en realidad poco o nada que ver con la capacidad económica y de endeudamiento de las personas (de hecho, el INE indica que la población tiende a pedir menos préstamos). Se trata de un cambio de tendencia completamente inducido por el ciclo de valorización y de extracción de ganancias de un sector por parte de la especulación financiera. El cambio de dinámica en el mercado de la vivienda, donde presuntamente sería más barato comprar que alquilar viene completamente inducido por la voluntad de los fondos buitre de vender una buena parte de sus activos por considerar que han extraído el beneficio máximo de las viviendas puestas en alquiler.
Tradicionalmente, este tipo de fondo de inversión sacaba sus mayores beneficios en la especulación sobre bonos de deuda soberana. Adquiriéndolos a bajo precio en el mercado secundario, los fondos buitre se niegan rotundamente a renegociar la deuda (mecanismo recurrente entre países deudores y acreedores para reestructurar y viabilizar el pago de la deuda) y llegan a llevar a los países deudores ante los tribunales con el objetivo de exigir un recobro de la totalidad. Esta totalidad acaba, en muchos casos, superando ampliamente el precio inicial de la deuda. El caso históricamente más sonado es el de Argentina, donde en 2012 se condenó al Estado a pagar a los fondos NML-Elliot y Dart un montante equivalente al 1600% de la deuda inicial (emitida antes de la crisis de 2001). Con la cantidad de préstamos dudosos existentes en el mercado de deudas privadas en el Estado español ha hecho que estos fondos encontrasen atractivo el invertir en este mercado, llegando a ocupar un peso determinante.
¿Y qué papel juegan en esto las instituciones europeas? Lejos del mantra neoliberal que defiende la reducción de la intervención pública en el mercado a lo más residual, las últimas cuatro décadas y media nos demuestran que el capitalismo está en crisis y que sobrevive gracias, precisamente, a la intervención del Estado. En particular en la última década no se ha parado de aplicar medidas de estímulos a los mercados financieros con tal de que pudiesen seguir funcionando. Desde el rescate bancario, hasta las políticas que ha adoptado el BCE en los últimos años, el capital financiero, paladín del neoliberalismo, ha solicitado de manera constante al Estado. Por ello, cuando vemos las modificaciones que estos capitales preforman en los mercados de la vivienda en Europa y más allá (es decir, en cómo vive la gente), debemos también indicar quienes son los responsables políticos directos de esta situación.
En un contexto en el que se repiten las alertas sobre una futura crisis financiera, las previsiones para los mercados en los próximos años no son necesariamente halagüeñas. Frente a un sistema financiero frágil, el BCE ha impulsado una política para evitar que la banca europea se coloque en el centro del huracán cuando empiecen los problemas. Por esta razón propuso en 2017 la implementación de unas «guías de actuación» cuyo objetivo es el de «depurar» los balances de los bancos de toda una serie de activos tóxicos que siguen en sus cuentas, llamados activos «no productivos» (Non Performing Loans -NPL- en inglés), cuya tasa de impago supera los 90 días.
La vía que privilegia el BCE para sanear a la banca es la de hacer uso del mercado secundario mediante la titulización de estos activos tóxicos. Recordemos que fue la hipertrofia de este mismo mercado secundario el que llevó a que se exacerbaran las dinámicas especulativas antes de la crisis del 2008. La titulización, que supuso uno de los motores que aceleraron el crack financiero hace 10 años, vuelve a ser un instrumento privilegiado en una lógica del sálvese quien pueda en el sector bancario. Para sanear a la banca en 2019, el BCE anima a los bancos a que sigan en mismo camino que llevó a la mayor crisis conocida.
Evidentemente, estos activos tóxicos no desaparecen en la nada, sino que pasarían a otras manos. Aquí vuelven a entrar en juego los fondos buitre, que precisamente han ganado peso en estos últimos años en el mercado secundario, protagonizando una gran parte de estas operaciones de «depuración» de la banca. Esta práctica no es nueva, sino que corresponde con la lógica del negocio entre la banca y los fondos especulativos de los últimos años. Entonces, ¿por qué el BCE apuesta por una política de venta en el mercado secundario cuando esta ya se estaba produciendo antes? La respuesta se encuentra en que la tasa de activos tóxicos en los balances de los bancos europeos sigue siendo mayor a las de EE UU y Japón. Si el objetivo es preservar al máximo el sistema financiero europeo ante una previsible crisis es necesario limitar al máximo la exposición de estos bancos.
Sin embargo, se trata de una política contradictoria. Primero, porque busca dar seguridad a la banca fragilizando el conjunto del mercado financiero (al alentar la especulación con activos poco seguros, lo cual incrementa el riesgo de estallido de la crisis). Segundo, porque el BCE intenta guiar mediante incentivos el funcionamiento de un capital financiero caracterizado por tener poca o ninguna capacidad de autocontrol y que se resiste a acotar sectores que prometen alta rentabilidad. Así, a pesar de la política del BCE de reducción de los activos tóxicos, algunos bancos de inversión ya están buscando fórmulas para, conjuntamente con los fondos buitre, conceder préstamos basura para facilitar que la gente compre viviendas.
Las consecuencias de esta política se repercuten, una vez más en que atente al derecho de la población a acceder a una vivienda digna. Es más, según las dinámicas espaciales observadas en el mercado inmobiliario, la venta se estaría produciendo en zonas periféricas y cuya vivienda es de peor calidad. Nos encontramos ante un círculo vicioso entre la burbuja de alquiler y la puesta en venta de viviendas en la periferia que operan una expulsión y desplazamiento de la población más precarizada que no puede permitirse seguir viviendo en los centros urbanos y se ve abocada a irse a la periferia y endeudarse.
Estos procesos, que no son una novedad en el ordenamiento neoliberal de las ciudades, atentan directamente no sólo al derecho a la vivienda sino más ampliamente al «derecho a la ciudad» de la gente. Cuando hablamos de este derecho no se trata de algo abstracto, sino que tiene que ver con las propias condiciones de reproducción social de la gente, que se ve sometida y depende de un funcionamiento y unas lógicas que son incompatibles con el desarrollo de una vida en condiciones dignas.