El bloque de viviendas ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Salt (Girona) tiene este miércoles nueva fecha de desalojo. El juzgado de instrucción número 3 de Girona ha fijado este 27 de noviembre para vaciar el edificio, después de que el pasado 16 de noviembre se aplazase por la sentencia […]
El bloque de viviendas ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Salt (Girona) tiene este miércoles nueva fecha de desalojo. El juzgado de instrucción número 3 de Girona ha fijado este 27 de noviembre para vaciar el edificio, después de que el pasado 16 de noviembre se aplazase por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que conminaba al Gobierno a encontrar una alternativa habitacional para las personas que habitan en el bloque.
El edificio fue ocupado el 22 de marzo de este año por un centenar de activistas de la PAH. Tras paralizarse el desahucio se abrió un espacio de negociación entre las familias alojadas -un total de catorce-, y la Generalitat, con el objetivo de garantizar el realojo y que ninguna de ellas se quedara en la calle.
Según ha informado el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, la administración catalana ha asignado viviendas protegidas a cinco de las familias, del total de seis que, según explica, lo habían solicitado. En el caso de la sexta familia, se está pendiente de que presente toda la documentación necesaria para poder acceder a un piso protegido. Las familias realojadas pagarán una mensualidad de 50 euros durante un período de dos años, prorrogables hasta cuatro, según informa la Administración catalana.
Este lunes, la PAH de Salt se reunió con representantes de la Agencia Catalana de Vivienda para pedir una prórroga del desalojo. Marta Afuera, portavoz de la PAH de Girona, ha denunciado a La Marea que lo que les ha ofrecido la Generalitat a estas cinco familias es un contrato de cesión de uso temporal de los pisos que, entre otras cláusulas, establece que la Agencia de Vivienda de Cataluña se reserva el derecho a cancelarlo si concurren circunstancias necesarias como, apunta Afuera, «que se vendiesen los pisos, como ya está sucediendo con propiedades de la Generalitat».
Sin recursos para afrontar los gastos
Al resto de familias del bloque no se les ha ofrecido hasta la fecha una alternativa de vivienda al no haber completado los trámites necesarios. Afuera explica que el ayuntamiento de Salt les ha puesto trabas para concederles el empadronamiento, condición necesaria para acceder a una vivienda. Además, asegura, las familias que sean alojadas tampoco podrán hacer frente a los gastos de agua, luz y gas de los nuevos pisos. «Estuvimos haciendo cálculos y una vez pagados los costes de alquiler y servicios básicos les quedarían 3 euros por persona y día, porque son familias de hasta cuatro miembros que viven con 426 al mes».
«Si bien cada uno es libre de tomar la decisión que considere oportuna, las familias quieren aguantar y resistir al desahucio. La convivencia en comunidad ha hecho posible que vivan de una forma digna, con unos mínimos garantizados, y han conseguido un apoyo mutuo que ha hecho que psicológicamente se hayan estabilizado», apunta Afuera.
Como ya sucedió en el anterior intento de desahucio, la PAH de Girona ha programado una serie de actos con el fin de resistir y permanecer en el bloque. Para ello invitan a todos aquellos que quieran brindarles su apoyo a acudir al bloque de Salt y a otro contiguo que volverán a abrir para pasar la noche. Su objetivo es que se prorrogue el desalojo hasta que el Parlament de Catalunya decida qué hacer con la situación. El próximo 5 de diciembre, la cámara catalana votará una propuesta de ERC, ICV-EUiA y la CUP que pide que se pare el desalojo y se reubique a las familias, en régimen de alquiler social, en pisos propiedad de la SAREB (conocida como banco malo).
Este martes, representantes de la PAH esperaban reunirse en Madrid con la SAREB para conseguir una cesión de viviendas que les permita realojar a las familias.