Cuando el pasado octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 a Catalunya, lo hizo hasta que hubiera un nuevo gobierno «legal» de la Generalitat. Pues va a ser que no. Cuando finalmente ya ha tomado posesión un nuevo presidente del gobierno catalán, que puede gustar o no, pero que ha sido elegido conforme a […]
Cuando el pasado octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 a Catalunya, lo hizo hasta que hubiera un nuevo gobierno «legal» de la Generalitat. Pues va a ser que no. Cuando finalmente ya ha tomado posesión un nuevo presidente del gobierno catalán, que puede gustar o no, pero que ha sido elegido conforme a la legalidad estatutaria, y este designa a sus consellers, se veta su publicación en el BOE porque el PP, Ciudadanos y PSOE califican la lista de «provocación» al incluir a personas encarceladas preventivamente (sin tener condena alguna) o exiliadas (ellos dicen «huídas», pero para el caso es lo mismo). Así que «sigue sin haber gobierno de la Generalitat y continúa el 155». La realidad es que el gobierno sí ha sido nombrado porque quien legalmente puede hacerlo, pero quien tiene la maquinita del BOE para publicarlo se niega a realizar este trámite burocrático. Todo atrancado, pues. ¿Y ahora qué? Hemos pasado de la judicialización de la política a la «boeización» de la política: un paso más en la degradación de las instituciones y en la profundización del esperpento.
En la prensa convencional es muy frecuente la alusión a «la fábrica de independentistas». Puede haber varias, no lo dudo, como que también existen separatistas y separadores, pero la principal fábrica de independentistas siempre ha estado en Madrid y se halla ahora en plena producción a impulso de Rajoy, Rivera y Sánchez, que están compitiendo agónica y obscenamente por quién se queda con el premio gordo de los votos de los más nacionalistas españolistas (que son muchos votos en el conjunto del Estado). Así, Rivera hace días afirmó que en ningún caso debía levantarse la intervención estatal de la autonomía catalana sino que debía extenderse y profundizarse. Al poco, y dado que los jueces belgas y alemanes no ven delito de rebelión en la actuación de los líderes independentistas catalanes, sale Sánchez proponiendo como solución cambiar en el código penal la definición de rebelión para que sí lo sea (¡vaya pedazo de jurista que tiene el partido «socialista» de secretario general!). Y Rajoy, asustado porque los otros dos le están desbordando por la derecha, acusándole de excesiva «blandura», ha optado por seguir el consejo de alguno de los finos y creativos intelectuales que le rodean y se ha sacado de la manga lo de paralizar la publicación del nuevo gobierno catalán para que no haya gobierno catalán. Y como no hay nuevo gobierno catalán, continúa habiendo 155. Genial. ¡Y qué fácil!
Sin duda, se podría entrar a discutir sobre la mayor o menor idoneidad de los designados, en si su nombramiento supone remarcar el carácter independentista del nuevo gobierno (algunos parecen haber olvidado que estos siguen teniendo la mayoría en el Parlament) con lo que ello significa de continuación de la confrontación con el Estado (¿alguien esperaba otra cosa?), pero nadie podrá dudar de las dotes del presidente de gobierno del Reino de España como prestidigitador: Ahora se ha sacado de la manga la carta del BOE. Con ello, puede que en Europa lo inviten a alguna competición de trileros. Y los del IBEX35 quizá tendrán que esperar un poco más para sustituirlo por Rivera: otro monstruo intelectual que hará bueno a Rajoy.
Pero, antes de nada, habría que preguntarse si es legal o no impedir que se publique en el BOE (y también en el Boletín de la Generalitat, porque está intervenido) algo que se ha realizado conforme a la legalidad vigente, sobre la única base de considerarlo «una provocación». Parece que es sobre este juicio de intenciones que se cimienta la decisión del ejecutivo español. Débiles cimientos, sin duda, para una decisión de la máxima gravedad política.
Isidoro Moreno. Catedrático Emérito de Antropología Social. Miembro de Asamblea de Andalucía.
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