Hay una relación estrecha entre el aumento del consumo de minerales y la agenda político-económica europea, que en el caso del Estado español tiene como consecuencia la expansión de proyectos mineros que se ha producido en los últimos años.
El suministro y el control de los recursos minerales aparece hoy como una cuestión central para el sostenimiento de la economía europea. En la actualidad, las políticas de la Unión Europea enmarcadas en el discurso de la transición energética y digital han multiplicado el interés y la necesidad de acceso a cada vez más minerales, tal y como reconocen el Pacto Verde y las recientes estrategias y planes sobre industrialización y materias primas.
Durante esta semana se producen dos hitos importantes para definir cómo se posiciona Europa en esta carrera global por los recursos. Las comisiones de medio ambiente y comercio del Parlamento Europeo están votando su posición sobre el Reglamento de Materias Primas Fundamentales. Esta norma se presenta como un componente esencial de la agenda verde europea, aunque está diseñada para alimentar también a sectores como el de defensa o la carrera aeroespacial; manteniendo el afán de crecimiento económico ilimitado y el modelo de producción y consumo, que están detrás de las múltiples crisis socioambientales.
Existe por tanto una relación estrecha entre el aumento del consumo de minerales y la agenda político-económica europea, que tiene como consecuencia el incremento del número de proyectos mineros que se pretenden explotar a costa de los derechos de las poblaciones y la protección del medio ambiente. Y esta realidad se plasma en el aumento de las solicitudes de licencias de explotaciones mineras en el Estado español que se ha producido en los últimos años.
Los megaproyectos, esto es, las iniciativas de cierta escala y tamaño lideradas por empresas transnacionales para apropiarse de territorios y bienes naturales en favor de la acumulación de capital y el desarrollo de las cadenas globales de valor, son hoy en día un fenómeno sistémico. Su afectación no se circunscribe a los territorios periféricos y semiperiféricos del planeta, sino que también se constata en los centros del sistema. La explotación sistemática de los ecosistemas y poblaciones asociada a los megaproyectos se ha recrudecido aún más en el contexto actual. El modelo socioeconómico se encuentra inmerso en una profunda crisis económica agravada por la pandemia y la guerra, así como por una crisis socioecológica cada día más evidente.
Los megaproyectos pueden caracterizarse como aquellas iniciativas empresariales de significativo tamaño y volumen de inversión que reconfiguran y producen espacio a través de la apropiación corporativa de territorios y bienes naturales, con el objetivo de insertarlos en dinámicas de acumulación de capital a todas las escalas, desde lo local a lo global. Su impulso recae tanto en el capital público como en el privado, siendo las empresas transnacionales las principales protagonistas de la cadena internacional de entidades que participan y son responsables de cada megaproyecto, desde su financiación hasta el desarrollo efectivo de su actividad, habitualmente en una lógica de alianza público-privada. El sector minero-energético es uno de los que acumula más iniciativas de este tipo.
En el caso español, el auge de los megaproyectos mineros se produce a partir del repunte de los precios de los metales en la década pasada, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, lo que llevó a que muchas compañías y fondos de inversión se introdujeran en la minería especulativa. Y lo hicieron dejando de lado sus posibles efectos socioecológicos, centrándose únicamente en la maximización del beneficio a corto plazo. Básicamente, se trata de un negocio en el que no importa tanto la extracción de minerales como la especulación con los derechos sobre los mismos. Los beneficios potenciales se convierten en elementos con los que negociar inversiones a futuro y fomentar la rueda de la especulación financiera, antes de que tenga lugar la extracción de minerales.
Tras el estallido de la burbuja inmobiliario-financiera y el crash global, se ha producido un significativo auge de los proyectos mineros en el Estado español. Solo en el año 2018 llegaron a presentarse más de 2.000 solicitudes para iniciar operaciones de minería. Como bien ha documentado Ecologistas en Acción, hay tres factores fundamentales para que se haya producido este boom minero. En primer lugar, una reorganización financiera que ha posibilitado que pequeñas empresas se dediquen a las inversiones en los negocios mineros gracias a su elevado componente especulativo. En segundo término, los planes y estrategias europeos basados en la transición verde y digital, apoyados en un aumento de la extracción de minerales y materias primas críticas. Y en tercer lugar, una legislación española anticuada y desactualizada con la que es imposible responder a los requerimientos socioambientales que demanda este tipo de proyectos.
Hasta 2021 se habían registrado 548 licencias de proyectos mineros metálicos por todo el territorio español. Detrás de estas licencias se encuentran grandes corporaciones transnacionales que proceden fundamentalmente de Australia y Canadá, como Emerita Resources y Qbis Resources, presentes en Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. De las 26 grandes empresas con licencias mineras en España, tan solo hay dos que su país matriz sea el Estado español (Mining Hill y Sacyr). Hasta hace poco tiempo era Valoriza Minería, filial de la constructora Sacyr, la empresa española que tenía un papel protagonista en el sector minero del país. Pero las rentabilidades esperadas en la apuesta minera parece que no se cumplieron y, desde finales de 2021, Sacyr ha ido vendiendo su participación en importantes yacimientos: primero en Extremadura y Andalucía, luego en Galicia.
Actualmente, las solicitudes de proyectos mineros se suceden a lo largo de la geografía española, incluso en prospecciones marinas en las islas Canarias. Aunque el 95% de las licencias mineras de minerales metálicos utilizados en tecnología y digitalización se sitúan en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura, por este orden. El 40% de todas estas licencias son de investigación y exploración. Los minerales que abarcan estas licencias son: aluminio, cobalto, cobre, grafito, estaño, litio, manganeso, níquel, oro, plata, tierras raras, uranio, vanadio, wolframio.
La gran parte de yacimientos de estas materias primas se ubican en la mitad occidental de la Península Ibérica. Los yacimientos de cobre y plata se concentran en Andalucía, especialmente en Huelva y Sevilla. Ambas hacen parte de la Faja Pirítica Ibérica, una zona geográfica que se extiende desde Portugal hasta Sevilla con importantes depósitos de sulfuros resultado de la actividad volcánica hace millones de años y que ha generado estos yacimientos. La producción de oro se concentra en Asturias y la de estaño y wolframio está localizada sobre todo en Galicia. Por su parte, Castilla y León suscita interés minero por la posibilidad de explotar wolframio y uranio. La rentabilidad de la minería metálica se refleja en el valor de producción de estos elementos; mientras que por número de explotaciones no llegan al 1%, concentran más de un tercio de los ingresos generados en minería.
En este contexto, a modo de ejemplo, pueden destacarse cuatro de estos proyectos —dos en Galicia, otro en Extremadura, un cuarto en Castilla y León— que son operados por diferentes empresas, están situados en diferentes territorios y albergan reservas de diferentes minerales. En Touro se pretende seguir explotando el cobre, muy demandado en vehículos eléctricos e infraestructura eólica; en San Finx se quiere seguir extrayendo estaño y wolframio, utilizado para dispositivos digitales, aparatos de control, instalaciones de energías renovables; en San Juan de Valdeflórez se quiere extraer litio para la producción de baterías de dispositivos tecnológicos y energías renovables; en Retortillo se ha intentado llevar adelante un proyecto de extracción de uranio para sostener la energía nuclear.
Todos ellos, como hemos publicado en este informe de Amigos de la Tierra y OMAL, ilustran los patrones corporativos y los impactos sistemáticos asociados a los megaproyectos mineros, pero también muestran una de las vías para ampliar las resistencias y fortalecer las luchas sociales frente al poder corporativo. A pesar de su diferente localización, la diversidad de materiales extraídos y que detrás de ellos hay empresas diferentes, el análisis de estos casos ilustra la existencia de los parámetros estudiados en los megaproyectos, demostrando que los impactos adversos y el modus operandi de los actores económicos implicados no constituyen casos particulares de negligencia o mala praxis particular, sino que se trata de una cuestión estructural.
Frente al enfoque habitual: crecimiento-empleo-progreso-desarrollo, estos casos demuestran la opacidad de las estrategias empresariales utilizadas para impulsar los proyectos mineros y el permanente intento de ocultar los múltiples impactos socioecológicos generados por los mismos. Al mismo tiempo, los éxitos de las luchas de los colectivos, las organizaciones y las plataformas que se oponen a los megaproyectos mineros en sus territorios sirven de ejemplo para mostrar que existen multitud de resistencias sociales que hoy se enfrentan al poder corporativo. Se expresan a través de una batería de iniciativas de resistencia articuladas desde lo local hasta llegar a conformar redes amplias y diversas que en muchos casos han logrado obstaculizar el avance de la megaminería. A la vez, apuestan por formular propuestas y alternativas para repensar el futuro con criterios de justicia social y ambiental.
Adriana Espinosa @adriana_espigon, Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, Erika González @OMAL_info y Pedro Ramiro @pramiro, Amigos de la Tierra y Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/una-de-las-nuestras/boom-mineria-espana-patrones-impactos-resistencias