El Ayuntamiento de Valencia lleva 17 años intentando derribar 1.651 viviendas de la barriada del Cabanyal, un espacio declarado bien de interés cultural, para prolongar una avenida hasta la playa de la Malvarrosa
Este jueves se estrena Abril al Cabanyal. Crónica viva de una resistencia, un documental sobre la lucha de la plataforma Salvem El Cabanyal frente al proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, que prevé el derribo de más de 1.500 viviendas de este espacio urbano protegido para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la playa de la Malvarrosa.
El documental, dirigido por Sergi Tarín, se centra en los convulsos meses entre enero y mayo de 2010. Los antecedentes se sitúan en diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura aprobó una orden que prohibía el plan municipal que permitía el derribo de edificios al considerarlo un expolio del patrimonio. La alcaldesa, Rita Barberá (PP), intentó sortear la orden gracias a un decreto ley de la Generalitat que pretendía dejar sin efectos la declaración de Bien de Interés Cultural, que protegía el barrio desde 1993. «El Cabanyal es un bien de interés cultural, pero Barberá considera este expolio su gran firma», explica Sergi Tarín.
Tras ser aprobado el decreto ley, que permitía abrir el camino a las excavadoras, se sucedieron en la barriada del Cabanyal, entre los días 6 y 8 de abril, momentos de gran tensión debido al derribo de una decena de casas. «Estos días fueron el clímax, con momentos muy duros y tensos», recuerda Tarín, que señala que lo que hizo el Ayuntamiento fue «retorcer las instituciones y aprovechar su mayoría para aprobar esta ley».
Fueron también los días en los que se vivieron fuertes cargas policiales -las cuales se pueden ver en el documental- contra los ciudadanos que se oponían a los derribos. «Todo acabó en un cruce de denuncias entre la policía y los vecinos», explica Tarín. El documental incluye las imágenes del juicio de faltas de diciembre de 2012, en el que algunos vecinos fueron juzgados por desobediencia y lesiones a policías. «Los testimonios de los agentes durante la vista demuestran cómo se manipularon los atestados para criminalizar la tarea cívica de Salvem. Los agentes se desdecían de lo sucedido aquellos días», detalla Tarín, que sañaló además que los atestados policiales eran una «chapuza». «Sin embargo, es difícil demostrar la mano del PP en la causa. Pero viendo la secuencia de los hechos, es bastante verosímil que hubiera un intento de criminalizar la lucha de Salvem El Cabanyal», apostilla.
La maniobra política del PP fue paralizada poco después por el Tribunal Constitucional y, con el paso del tiempo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dado la razón a los vecinos argumentando quela competencia para evitar expolios patrimoniales reside en el Estado y la orden ministerial está plenamente vigente.
«Llegados a este punto, el Ayuntamiento debería suspender las obras hasta modificar el plan para que sea más respetuoso». Sin embargo, añade Tarín, «lo han cambiado de una manera tramposa». «Mantienen la avenida y continúa habiendo derribos de edificios que están protegios por ser bienes de interés cultural», lamenta. «Lo único que puede hacer el Ayuntamiento es apelar a su imprudencia política, intentar que el Ministerio de Cultura derogue la orden ministerial y redacte una nueva que diga que su nuevo plan no supone un expolio, algo que sería verdaderamente escandalaso».
Con el documental, Tarín pretende homenajear a los vecinos que «resisten con la amenaza del derribo de sus casas». «Muchos de ellos son gente mayor -subraya- que ha vivido durante 17 años con el aliento de las excavadoras en el pescuezo y con mentiras en los periódicos diciendo que la avenida iba hacia delante».
El realizador quiere además dar a conocer la «lucha» de Salvem El Cabanyal, la asociación que, según Tarín, ha conseguido «para los pies» a la alcaldesa que, a su juicio, «ha destrozado partes emblemáticas de la ciudad como la huerta del Campanar». «Lo que quiero es poner de sobreaviso a la ciudad de que el plan de la alcaldesa sigue vivo y continúa siendo tan amenazante y expoliador como su proyecto inicial», sentencia Tarín.