Sobre El Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca han confluido dos poderosas fuerzas. Una proviene del estado, de la necesidad de transformar el relato -que dio la vuelta el mundo- de las cargas brutales de la policía y la Guardia Civil el 1 de octubre. Desde entonces se ha puesto en marcha […]
Sobre El Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca han confluido dos poderosas fuerzas. Una proviene del estado, de la necesidad de transformar el relato -que dio la vuelta el mundo- de las cargas brutales de la policía y la Guardia Civil el 1 de octubre. Desde entonces se ha puesto en marcha un operativo destinado a reconstruir la historia: se trata de presentar como víctimas oprimidas estas fuerzas policiales y como agresores aquellos que parecían pacíficos e inofensivos. El recurso es la denuncia por incitación al odio. Una medida concebida para defender las minorías, hoy se ha convertido en el instrumento preferido por el estado para criminalizar las muestras de rechazo contra la represión: un mecánico, un payaso, bomberos, vecinos y vecinas que protestaban contra la presencia policial, concejales y alcaldes que se han posicionado por los derechos y las libertades … En este marco, se ha construido el relato sobre El Palau: que incluso los hijos e hijas de la Guardia Civil son objeto de trato humillante por parte del profesorado.
La segunda fuerza viene desde más lejos. Los partidos que han sido pilar de las instituciones desde la Transición deben explicar al resto del estado como es posible que un sector tan significativo del pueblo de Catalunya y con tanta determinación, quiera romper. Y la respuesta que construyen es que no se trata de una convicción libre -derivada de la quiebra del régimen del 78- sino el resultado de la manipulación de masas: la enseñanza que adoctrina y hace de los niños potenciales independentistas. Como harían los medios de comunicación públicos con el conjunto de la población. Así pues, habría que purgar y reformar estos dos «instrumentos de adoctrinamiento del independentismo», para que los catalanes vivan en armonía con la Monarquía borbónica. La acusación gratuita de que la enseñanza catalana adoctrina se repite sistemáticamente en las intervenciones de PP, C’s y PSOE y en los medios políticos que influyen.
Estos dos movimientos estratégicos para la derecha española y para el propio estado, han confluido después del 1 de octubre y han caído sobre el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca provocando una tormenta perfecta de unas consecuencias tan imprevisibles como devastadoras, y no sólo para las personas directamente implicadas. Por eso si es importante la discusión sobre los hechos que se imputan al profesorado (que el profesorado y buena parte del alumnado en las aulas aseguran que no se produjeron), lo es más aún la instrumentalización política que se ha hecho del caso. Sólo con estos elementos podemos explicar el enorme vuelo que le han dado y como lo han convertido en una cuestión de Estado.
Una cuestión de Estado tratada como tal. Con la intervención de la fiscalía que pone en contexto las declaraciones en estos marcos de victimización de la policía española y la Guardia Civil y que aviva el fuego, identificando ante la prensa al profesorado y también a los alumnos, mecanismo que dispara la vergonzosa portada de El Mundo con nombres y apellidos y fotos de los docentes, y el altavoz de Albert Rivera lleva a las pintadas en las paredes del instituto. Pero, y no menos grave, la denuncia de Fiscalía identificando los alumnos abre inmediatamente la puerta para que el resto de la clase se sienta que también puede dar su opinión. La consecuencia, un aumento de la tensión.
Y al ser un tema recurrente en boca de dirigentes del PP y C’s tanto en el Parlament catalán como en las Cortes españolas, el Gobierno envía dos secretarios de Estado, el de Seguridad y Educación a Barcelona. Los envía sólo a reunirse con las familias denunciantes y darles todo el apoyo. Ni pisan el instituto, ni el Departament d’Ensenyament, ni siquiera el Ayuntamiento. Probablemente sea el primer caso en que el Gobierno en pleno se pone a disposición de una acusación contra sus funcionarios, pues el profesorado lo somos. Si hay dos versiones de los hechos, ¿no sería obvio, querer escuchar lo que dice el instituto y el profesorado? Pero no, no necesitan escuchar nada porque su versión, la que les interesa, sólo es una. Y ponen a su servicio los recursos del estado.
Algunos elementos cuestionan la acusación contra el profesorado. Lo normal es que una familia que recibe una queja de sus hijos, lo primero que haga sea ir a exigir explicaciones en el instituto o en inspección antes de llevarlo directamente a la prensa. ¿Es normal que a las pocas horas numerosas televisiones se plantaran a las puertas del centro a la espera de airear la noticia? Meses después todavía no se ha presentado ninguna queja de ninguna familia ni en el centro ni en el Departamento de Educación. Es difícil entender que las familias implicadas no se presentan a ninguno de los intentos de mediación que hacen el Consejo Escolar, el Departament o el Ayuntamiento, cuando sus hijos continúan estudiando en el centro. El conflicto se mantiene abierto y se alimenta política y mediáticamente a lo largo de todos estos meses.
El Palau es la puerta de entrada de un operativo de largo alcance contra la enseñanza en Catalunya, que más tarde se extenderá al resto del estado. Para ponerlo en contexto, el Delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, habla de reabrir 135 expedientes que se cerraron y podrían afectar hasta 500 docentes. Esto tomaría la dimensión de una purga, idea que nos transporta inevitablemente a nuestros docentes de la república. De momento el caso de El Palau es una advertencia a todo el profesorado: ¡alerta lo que decís en clase! Y ya no sólo estamos hablando de temas relacionados con la relación de Catalunya y el Estado, estamos hablando de cerrar la puerta a las cuestiones de la actualidad que generan inquietudes a nuestras alumnos, que siempre han tenido un espacio para expresarlas … porque toda reflexión crítica puede ser considera elemento de adoctrinamiento.
Ahora el objetivo es la escuela en Catalunya, pero el gobierno espa- ñol prepara una «ley mordaza» también para la enseñanza en todo el estado. Partido Popular y Ciudadanos protagonizan una carrera para culpabilizar a la enseñanza pública en Catalunya y a los docentes, para sacar rédito electoral en el resto del estado. Por eso son tan importantes los comunicados de apoyo con los docentes de El Palau que se han empezado a recibir de Sevilla, Ávila o Valladolid, porque la cosa va más allá del debate sobre la independencia o no de Catalunya.
Y esta dimensión de la operación da vértigo. Pero no está escrito que se salgan. De nuestra parte está la gente, una gran mayoría: de profesorado que está al lado de los compañeros y compañeras, porque sa ben que les podría haber tocado a ellos, que llevan prácticamente todo el curso sufriendo esta situación muy difícil de gestionar en el día a día del centro. Durante meses, políticos y algunos medios han hecho escarnio público, y el ambiente se volvía infernal. Pero hemos dicho basta. A nuestro lado también están las familias porque conocen la labor que ha hecho el profesorado, porque no quieren que sus hijos e hijas tengan que vivir un clima enrarecido por tantas acusaciones perturbadoras, porque no permitirán que impongan una fractura entre los alumnos que nunca ha existido. A nuestro lado están muchos y muchas antiguas alumnas que quieren defender un instituto que ha sido un referente en sus vidas, porque puede ser también referente de sus hijos o hijas. Y gran parte de la comunidad educativa catalana que ve que lo ocurrido en El Palau podía haber pasado en cualquier otro lugar.
Organizar esta mayoría que sabemos que existe es la tarea, sin dejarnos a nadie que quiera estar. Han sido fundamentales las asambleas regulares del profesorado, de las familias, su coordinación con antiguos alumnos y con fuerzas políticas, sindicatos y movimientos de Sant Andreu de la Barca, que nos encontramos en la Plataforma de apoyo a los 9 del Palau. La primera movilización fue iniciativa de los antiguos alumnos y reunió mil personas a la puerta del Ayuntamiento. La segunda acción con mucha repercusión fue la presentación del comunicado de las familias que leyeron una veintena de madres y padres. El profesorado también hacía un llamamiento a la solidaridad. Han llegado comunicados de apoyo a las familias y al profesorado de toda Catalunya, de muchos lugares del resto del estado español y también internacionales. Se han presentado mociones en todos los ayuntamientos de Catalunya y en el Parlament. Ahora se prepara una movilización en solidaridad con el Palau y la enseñanza pública en Sant Andreu bajo el lema «Educamos en libertad» para el 3 de junio y una gran manifestación en Barcelona para el 10 de junio, impulsada por toda la comunidad educativa.
Josep Lluís del Alcázar, miembro de Lucha Internacionalista
Fuente: http://luchainternacionalista.org/spip.php?article3344