La escasa prioridad a la salud reproductiva durante la pandemia ha dejado a millones de mujeres sin acceso a métodos anticonceptivos o a las interrupciones seguras del embarazo
Una mujer india pasa por una farmacia cerrada durante el cierre para frenar la propagación del COVID-19 en Guwahati, Assam, India, el 11 de julio de 2020. EFE/EPA/STR
Sadhna Gupta (nombre ficticio) descubrió que estaba embarazada justo después de que las autoridades indias decretaran un duro confinamiento con el objetivo de frenar el avance de la pandemia de coronavirus.
La joven de 21 años, oriunda de la ciudad de Bhubaneswar, situada en el este del país, no quería seguir adelante con el embarazo. Sin transporte público disponible, con las clínicas cerradas y la ciudad paralizada, la joven compró una píldora abortiva sin consultar a un médico. Si bien lo que hizo no es inusual, la ley india exige que las píldoras sean recetadas por un profesional médico autorizado.
Gupta no estaba preparada para lo que pasó a continuación. Sangró durante horas y tuvo un intenso dolor. Muy asustada, llamó a Hidden Pockets, una plataforma de ayuda y asesoramiento en salud reproductiva.
«Fue una situación bastante angustiosa», explica la fundadora de la entidad, Jasmine Lovely George, que habló con Gupta durante el proceso. «Si sangras durante horas y nadie te ha explicado nada, sientes mucho miedo. Sientes mucho dolor y no sabes lo que te está pasando».
En los últimos tres meses, se han cuadruplicado las llamadas a este teléfono de ayuda de mujeres que no pueden acceder a anticonceptivos, comprar un test de embarazo o abortar.
Un sistema sanitario contra las cuerdas
La pandemia ha puesto contra las cuerdas al sistema sanitario de India y los derechos reproductivos de las mujeres se han visto particularmente afectados. Las restricciones a los viajes, el hecho de que el sistema haya destinado la mayoría de sus recursos a frenar el avance del coronavirus, el cierre de clínicas privadas y las interrupciones en las cadenas de suministro médico han impedido que las mujeres reciban atención a tiempo.
La Fundación de Servicios de Salud Reproductiva de India (FRHS) estima que las interrupciones de los servicios durante el confinamiento podrían dejar a 25,6 millones de parejas sin acceso a métodos anticonceptivos, lo que daría lugar a otros 2,3 millones de embarazos no deseados y a 834.042 abortos inseguros. Los abortos peligrosos son la tercera causa de muerte materna en India.
Cuando el Gobierno indio decretó el confinamiento el 25 de marzo, con un aviso a la población de tan solo cuatro horas, la salud reproductiva no figuraba entre los servicios esenciales que seguían operando con normalidad. Solo después de que un grupo de médicos y activistas apelara al Ministerio de Salud, el Ejecutivo la añadió a la lista el 14 de abril.
Sin embargo, desde el confinamiento, la mayoría de los hospitales públicos se han convertido en centros que asisten a los enfermos de COVID-19, y sus limitados recursos y personal se destinan a frenar la pandemia. Muchas clínicas privadas tuvieron que cerrar debido a la escasez de transporte y la falta de equipo de protección.
Los casi 900.000 trabajadores del sector salud que hasta la llegada del virus se ocupaban de la salud reproductiva y de la distribución de anticonceptivos ahora se dedican a tareas que tienen que ver con el coronavirus.
Parivar Seva Sanstha, una organización de salud reproductiva, se vio obligada a cerrar 31 clínicas que prestaban servicios de planificación familiar y aborto. Aunque poco a poco las clínicas vuelven a funcionar, el doctor Alok Banerjee, asesor técnico de la organización, señala que «no hay transporte público». «La mayoría de nuestras clientas viajan desde zonas rurales y no pueden desplazarse hasta la clínica». Algunas mujeres que han intentado desplazarse hasta estos centros médicos se han sentido intimidadas por la policía.
«La policía solo permite desplazarse para ver a un médico a aquellas personas que parecen estar gravemente enfermas», indica Ajitha Suhalka, una comadrona que trabaja en un centro de salud comunitario en la zona rural de Rajastán. «Si una mujer tiene un aspecto normal y saludable, le resulta difícil explicar en un puesto de control policial que quiere abortar». En algunas ocasiones, los compañeros de Suhalka han recogido a mujeres en sus propias motos y las han llevado a la clínica.
Desde que se inició la fase de desescalada en el país, las clínicas rurales han registrado un aumento de visitas de mujeres que han tenido complicaciones por tomar píldoras abortivas sin supervisión médica, o por visitar a médicos no cualificados.
«Las mujeres están tomando píldoras abortivas sin entender la dosis ni el procedimiento», dice Banerjee. «Luego llegan a la clínica con abortos incompletos, con un feto muerto en su interior». Alrededor del 60% de los casos en las clínicas de Parivar Seva Sanstha están ahora relacionados con complicaciones tras el aborto.
Las cadenas de suministro médico también se han visto afectadas por la prohibición de los viajes interestatales y el cierre de fábricas que producen medicamentos para la planificación familiar.
«Las mujeres siempre se llevan la peor parte»
La interrupción de un embarazo mediante el uso de píldoras está permitida en las primeras siete semanas, después de lo cual se recomienda un procedimiento quirúrgico. Según la ley india, el aborto es legal hasta las 20 semanas, excepto en los casos relacionados con una violación, una relación incestuosa o un menor, en los que puede ampliarse hasta las 24 semanas. Después de eso se necesita un permiso especial de los tribunales. Muchas mujeres indias desconocen que el aborto dentro de las 20 semanas es legal.
«Hay mujeres con embarazos no deseados que se quedaron atrapadas en sus casas durante el confinamiento, que pensaron que irían al médico cuando las medidas se relajaran», explica la doctora Nupur Gupta, director de obstetricia y ginecología del Instituto de Investigación Fortis Memorial, en Gurugram, una de las ciudades satélites de Delhi. «Ahora, o bien tienen que hacerse un aborto quirúrgico, o si han superado esa etapa irán a un curandero, o continuarán con un embarazo no deseado».
Se prevé que las medidas adicionales que deben tomar las clínicas para protegerse frente el coronavirus harán aumentar el coste de los servicios de aborto y podrían tener un impacto sobre la decisión de las mujeres de solicitar atención médica.
«Todos estos costes adicionales tendrán que ser sufragados por la paciente en un momento en que muchas personas están perdiendo sus medios de vida», señala la doctora Suchitra Dalvie, coordinadora de Asia Safe Abortion Partnership, una organización sin fines de lucro que promueve los derechos reproductivos. «Las personas que estén desesperadas probarán métodos inseguros».
George dice que en India hay «un desdén por la salud sexual y reproductiva». «La actitud es, ¿hay una crisis y quieres hablar de condones?». Y concluye: “¿Quién se lleva la peor parte? Las mujeres, siempre”.
Traducido por Emma Reverter.