El Congreso español aprobó este jueves definitivamente la ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios, que plantea el desahucio en un plazo «no superior a 15 días y sin ulteriores trámites», en el caso de que los inquilinos no cumplan con el plazo pactado para […]
El Congreso español aprobó este jueves definitivamente la ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios, que plantea el desahucio en un plazo «no superior a 15 días y sin ulteriores trámites», en el caso de que los inquilinos no cumplan con el plazo pactado para el desalojo voluntario tras la sentencia judicial pertinente.
No obstante, no se establece ningún plazo máximo para el desalojo voluntario, que puede prolongarse incluso a un año, desde un plazo mínimo de 15 días. Además, si con anterioridad de la fecha fijada para el lanzamiento se entrega la cantidad debida al demandante, se dictará auto declarando ejecutada la sentencia, a no ser que el demandante decida lo contrario.
Así, modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) extendiendo los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la firma. Además de los casos en los que el arrendador necesite la vivienda para los padres e hijos, también se contempla a los ex cónyuges como «familiares directos».
Si antes de tres meses no se produjera esta ocupación, el arrendador estará obligado a reponer al arrendatario el uso de la vivienda, e indemnizarle por los gastos del desalojo. Al tiempo, en garantía de la seguridad jurídica, se prevé que tal circunstancia deberá hacerse constar expresamente en el contrato de arrendamiento inicial.
El diputado del partido ecosocialista Iniciativa por Cataluña Verdes (ICV), Joan Herrara, señaló que «hoy es un día triste» porque la ley supone un «atentado a la sensibilidad social», precisamente en el «peor de los momentos». A su juicio, las garantías para los arrendatarios se deben prestar a través de más fondos públicos y no mediante una reforma judicial. «Esta medida puede dejar en la calle a mucha gente y sin colchón social», advirtió.
«El objetivo era dar más agilidad al deshaucio»
El autor de la iniciativa y diputado del partido conservador Convergencia y Unión (CiU), Jordi Jané, dijo que era una necesidad de los propietarios agilizar los desahucios en casos de falta de pago, lo que contribuirá a impulsar los alquileres. «En nada es negativa esta nueva iniciativa», reclamó.