El sí de EH Bildu ha vuelto a salvar al Gobierno en una votación decisiva. Se trata de la Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de coalición, que ha contado con 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y PNV), 15 en contra (PP, Cs y Vox) y dos abstenciones (ERC) al dictamen en la Comisión Constitucional. Este dictamen es el último paso antes de que el proyecto se envíe al pleno del Congreso y, después, pase al Senado, donde el texto se aprobará definitivamente.
Los abertzales han logrado ampliar, a través de una enmienda, que se produzca una investigación que abarque hastafinales de 1983 y no hasta 1978, cuando entró en vigor la Constitución. Sin embargo, tal y como han recalcado fuentes gubernamentales, esto se abordará en una comisión técnica con historiadores y especialistas para establecer las posibles vulneraciones de Derechos Humanos que se hubieran producido durante ese periodo de tiempo.
Esto, en la práctica, significa que la vigencia de la ley de Memoria Democrática llegará hasta 1978 y que ningún tribunal investigará violaciones de derechos tras esta fecha amparándose en la ley. Las citadas fuentes también han destacado que lo que quiere la norma es reivindicar la Ley de Amnistía como un factor clave en la Transición.
El futuro de la Ley de Amnistía fue, desde el principio, uno de los puntos de choque del Ejecutivo de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios. Finalmente PSOE y Unidas Podemos incluyeron una enmienda a la ley, con la idea de que los represaliados durante la dictadura puedan intentar esquivar el enorme escollo que supone en los tribunales la norma de 1977 amparándose en el derecho internacional.
El texto aprobado este lunes contempla la eliminación de entidades que exalten la dictadura y a sus protagonistas, declara ilegal al régimen franquista y a sus tribunales, así como la nulidad de todas sus condenas, lo que supone un enorme avance respecto a la norma de 2007, que se quedaba exclusivamente en la «ilegitimidad» de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público o los Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos.