En la COP26, el enviado especial de EE.UU. para el clima, John Kerry, declaró con optimismo la necesidad de «reducir el riesgo (derisking) de la inversión y crear la capacidad de llegar a acuerdos financiables. Esto es posible en el caso del agua, de la electricidad y del transporte». La reducción del riesgo es una petición financiera para el sector público, ya sea a través de la ayuda oficial al desarrollo, los recursos multilaterales o los recursos fiscales nacionales, que acepta asumir algunos riesgos de los financiadores privados para convencerlos de que inviertan, esfuerzos públicos que se describen como «movilización de la financiación privada» o «financiación combinada». En respuesta, el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y jefe de la Alianza Financiera de Glasgow para el Neto Cero (GFANZ), Mark Carney, anunció las intenciones de la GFANZ de trabajar en asociación con los gobiernos y las instituciones multilaterales de desarrollo para movilizar sus 130 billones de dólares para fines ecológicos.
En la COP27 de este año en Egipto, Carney se mostró menos triunfalista. Por el contrario, explicó a la defensiva por qué los financiadores del GFANZ habían abandonado la asociación con la Carrera a Cero de la ONU, destinada a vigilar sus compromisos verdes y a reducir el omnipresente lavado verde. Al no estar flanqueado por grandes financieros como Larry Fink, de BlackRock (que al parecer no acudió para no indignar aún más al partido republicano de Estados Unidos), y en medio de varios informes que denuncian el fracaso sistemático de la campaña de movilización del GFANZ y el Norte Global, Carney apareció muy solo.