Marco Tejeiro envía un escrito al juez a través de la Fiscalía en el que desvela que las facturas eran falsas y que todo se hizo por orden directa de los jefes del grupo, el duque de Palma y su entonces socio. La confesión del contable Tejeiro, cuñado de Diego Torres, allana el camino de […]
Marco Tejeiro envía un escrito al juez a través de la Fiscalía en el que desvela que las facturas eran falsas y que todo se hizo por orden directa de los jefes del grupo, el duque de Palma y su entonces socio. La confesión del contable Tejeiro, cuñado de Diego Torres, allana el camino de la Fiscalía para pedir una condena de cárcel contra el marido de Cristina de Borbón.
Marco Tejeiro, durante años contable de la trama Nóos, ha tirado de la manta. En un escrito entregado al fiscal del caso, Pedro Horrach, y que este acaba de trasladar al juez José Castro, Tejeiro hace una extensa confesión que agrava la situación de Iñaki Urdangarin y su antiguo socio, Diego Torres. Según Tejeiro, el entramado constituido por Instituto Nóos y sus empresas satélite, entre ellas Aizoon SL, solo buscaba lucrar a sus jefes, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, lo que en efecto consiguieron mediante los convenios que en Valencia y Baleares reportaron a la supuesta ONG seis millones de euros previa falsificación de facturas.
La confesión del contable Tejeiro, cuñado de Diego Torres, allana el camino de la Fiscalía para pedir una condena de cárcel contra el marido de Cristina de Borbón -a la que el escrito de Tejeiro no menciona en ningún momento- y contra su antiguo socio. Ambos se sentarán en el banquillo por malversación, prevaricación, fraude fiscal, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Anticorrupción no descarta incorporar a esa lista el delito de blanqueo.
El contable Marco Tejeiro asegura que, pese a su condición oficial de asociación sin ánimo de lucro, Instituto Nóos funcionaba como una mercantil destinada a enriquecer a los jefes del entramado, Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Relata también cómo todas las compañías mercantiles pertenecientes al marido de la infanta y a Torres funcionaban como un solo ente y cómo hicieron falsas contrataciones de personal para obtener beneficios fiscales.
Agrega que las facturas libradas contra Instituto Nóos por esas sociedades, entre ellas Aizoon SL, eran falsas; que el coste real de los eventos que en Baleares y Valencia reportaron a la supuesta ONG seis millones de euros fue muy inferior al cobrado, que jamás hubo presupuesto detallado para esas jornadas y que algunos de los ponentes que cobraron por esos eventos no hicieron nada en realidad.
Tejeiro sostiene asimismo que recibió órdenes de Diego Torres para desviar dinero fuera de España a través de una sociedad que conduce al paraíso fiscal de Belice. Pero dice ignorar si también Urdangarin utilizóla estructura societaria internacional montada para sacar dinero del país y, de paso, obtener deducciones fiscales mediante pagos a expertos internacionales.
Destapa también algo que los documentos ya indicaban pero que ahora aparece por completo corroborado en su escrito: que, pese a la ruptura formal de Urdangarin con Instituto Nóos en marzo de 2006, siguió colaborando con Torres hasta al menos enero de 2008, fecha en que Marco Tejeiro fue despedido, y así lo relata en su escrito.
Tejeiro también confirma lo que el juez, el fiscal y la acusación popular que ejerce Manos Limpias ya sostenían: que los trabajos para la preparación de las cumbres turístico-deportivas de Valencia (las Valencia Summit) y Baleares (las Illes Balears Forum) comenzaron antes de que los convenios estuviesen firmados. Y se hizo así por las buenas expectativas que Urdangarin y Torres albergaban tras sus contactos con los responsables políticos de esas dos comunidades, ambas gobernadas por el PP.
El escrito, aseguran fuentes del caso, no menciona a ninguna otra persona de las imputadas en el caso. Solo a Urdangarin y a Torres, a los que -sostienen las mismas fuentes- Marco Tejeiro define como jefes y líderes del grupo. Con su escrito, Marco Tejeiro se asegura una rebaja en la petición de penas que pudieran plantear la Fiscalía o las acusaciones populares.